En agosto comienza el juicio contra el productor de frutillas acusado de explotación laboral en Arroyo Leyes

Llega a juicio el productor de frutillas de Arroyo Leyes acusado de haber reducido a la servidumbre a más de 20 trabajadores chaqueños.

La Justicia Federal de Santa Fe fijó el inicio del debate para el próximo miércoles 12 de agosto. El Tribunal Oral Federal ubicado en calle Primera Junta 2687 abrirá sus puertas para iniciar el juicio contra Franco Augusto Poccia, el joven productor agropecuario de 25 años acusado de haber sometido a condiciones inhumanas a una veintena de trabajadores en un campo de frutillas de Arroyo Leyes.

El tribunal que tendrá a su cargo el juzgamiento estará integrado por los jueces José María Escobar Cello, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Schneider. La acusación estará bajo la responsabilidad de la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, quien lideró la instrucción junto al fiscal Walter Rodríguez.

El productor rural, en tanto, contará con la asistencia técnica del abogado penalista Claudio Torres Del Sel.

Poccia llega a esta instancia en libertad, luego de que la Cámara Federal de Rosario morigerara su situación procesal. No obstante, la fiscalía mantiene una acusación sumamente grave que incluye un pedido de 8 años de prisión, tras dar por concluida la investigación que describió un sistema de captación y explotación de personas en situación de vulnerabilidad.

Precariedad “extrema”

La investigación que desembocó en este juicio se remonta al 17 de septiembre de 2025, cuando tres trabajadores lograron escapar de un predio rural y radicaron una denuncia por las condiciones en las que eran obligados a vivir y trabajar.

Esto motivó un masivo allanamiento el 1 de octubre de ese mismo año en el campo de cultivo de frutillas situado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

Durante aquel operativo, las autoridades identificaron a más de 40 personas, en su mayoría oriundas de las localidades chaqueñas de San Bernardo y La Clotilde. Muchas de ellas se sumaron a los primeros denunciantes.

Según la Requisitoria de Elevación a Juicio del Ministerio Público Fiscal, el imputado habría implementado un sistema de "captación, traslado y acogimiento", financiando pasajes que luego eran descontados de los magros salarios, generando así un círculo de endeudamiento.

La fiscalía describió un cuadro de "extrema precariedad": jornadas laborales que iniciaban a las 3 de la mañana y superaban las 12 horas diarias, de lunes a lunes, y alojamientos en galpones improvisados sobre cajones de fruta, sin acceso a agua potable ni sanitarios adecuados. Para los fiscales, estas condiciones configuraron una "cosificación de la persona" y una supresión de la dignidad humana.

Además, en los allanamientos se incautaron diversas armas, incluyendo una pistola 9mm y escopetas, que para la fiscalía operaban como mecanismos de intimidación.

Una acusación “insólita”

Este martes, tras ser notificado de la fecha de inicio del debate, el defensor reafirmó su convicción sobre la inocencia de su pupilo y criticó duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal: “Ayer nos notificaron que se ha fijado la audiencia de debate a partir del día 12 de agosto. Mi defendido llega en libertad porque la Cámara Federal de Rosario consideró que la acusación era débil”.

Torres Del Sel cuestionó que la causa haya llegado a juicio: “Es un caso raro que se provoque el desgaste jurisdiccional que se va a provocar con este juicio. Sinceramente creo que el final anunciado tiene que ser la absolución de mi defendido porque, realmente, no hay ningún elemento que acredite esta figura” de trata laboral.

Según el profesional, no hubo secuestro de documentos ni prohibición de salida, y los trabajadores manifestaron que estaban en el lugar por voluntad propia.

No obstante, el abogado reconoció ciertas irregularidades que, a su juicio, no constituyen un delito penal: “Sí hubo falla administrativa de parte de él, sí hubo precariedad en los lugares que habitaban. Eso no se discute, está fuera de discusión, lo aceptamos, pero todo eso está siendo corregido”.

Finalmente, calificó la detención previa de Poccia como un “trato cruel de una persona joven que trabaja y que le da trabajo a un montón de gente”, y adelantó que, tras el debate, buscarán resarcimientos por lo que consideran una acusación "insólita" de la fiscalía.