Vranicich: "El MPA no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional"

La investigación que tiene como principal acusado al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho fue presentada este miércoles por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como una demostración de la decisión institucional de avanzar contra posibles hechos de corrupción cometidos por funcionarios del propio organismo.

Tras la resolución de la jueza María Trinidad Chiabrera, que dispuso la prisión preventiva para Ríos Artacho y otros cuatro acusados, la Fiscal General María Cecilia Vranicich reivindicó el funcionamiento de los mecanismos internos que permitieron detectar la maniobra y sostuvo que el caso forma parte de una política de persecución penal priorizada desde su gestión.

“La corrupción de los funcionarios públicos es un objetivo priorizado por el MPA, junto con las violencias altamente lesivas”, afirmó Vranicich al iniciar la conferencia de prensa. Y remarcó que el organismo tomó conocimiento del caso “hace menos de tres meses”, cuando la Unidad de Delitos Económicos informó la anomalía por los canales institucionales correspondientes a los órganos de dirección.

La Fiscal General destacó especialmente ese recorrido. “Esto es muy importante”, subrayó al referirse a que la primera advertencia surgió dentro de la propia estructura del MPA y fue comunicada a las autoridades.

A partir de allí, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, encabezada por el fiscal Adrián Spelta.

“Lejos de debilitarnos, nos fortalece”

Vranicich reconoció que se trata de una investigación de alta complejidad, pero puso el acento en el tiempo que demandó reunir los elementos llevados a la audiencia. “Rápidamente comenzamos con esta investigación”, señaló, y destacó que se desarrolló “en prácticamente menos de tres meses”.

En ese contexto, vinculó el avance de la causa con el proceso de “fortalecimiento y refundación” que, según sostuvo, atraviesa el Ministerio Público de la Acusación. “Esto, lejos de debilitarnos, insisto, nos fortalece”, afirmó.

La funcionaria también admitió el impacto institucional que genera que el principal imputado haya sido hasta hace poco integrante del propio organismo. Ante una consulta sobre qué le provoca que un exfiscal haya reconocido que utilizaba fondos judiciales para afrontar deudas vinculadas al juego, respondió: “Institucionalmente uno se siente defraudado”.

Sin embargo, inmediatamente contrapuso esa valoración con la respuesta que tuvo la institución. “Hemos hecho lo que corresponde”, aseguró, antes de formular una definición política sobre el tratamiento de este tipo de conductas: “El Ministerio Público de la Acusación, desde el año 2023, donde yo comencé a ejercer la Fiscalía General, no tolera ni va a tolerar ningún caso de corrupción funcional”.

La Fiscal General también reivindicó que la investigación haya alcanzado a un exintegrante del propio MPA. Recordó que existen fiscales que fueron condenados y sostuvo que la institución no debe ocultar sus propias debilidades.

“No nos tiembla la mano ni el pulso”, afirmó, y agregó que mostrar aquello que funciona mal “lejos de debilitar” a una institución forma parte de una concepción vinculada con “la ética pública”.

Maniobra sobre cuentas judiciales

Por su parte, Spelta explicó que los fondos involucrados no pertenecían al MPA como organismo, sino que estaban depositados en cuentas judiciales vinculadas con causas fiscales. Se trataba de dinero correspondiente a fianzas, reparaciones destinadas a víctimas o fondos secuestrados en distintos procedimientos, que permanecían depositados en cuentas del Banco Municipal de Rosario.

El fiscal precisó que, durante el período investigado, Ríos Artacho habría utilizado oficios y órdenes de transferencia para disponer de esos fondos y derivarlos hacia personas que no tenían ninguna vinculación con las causas en las que el dinero estaba depositado. “De esa manera salían de las arcas del Estado y se iban a particulares”, explicó.

Según la investigación, esos particulares actuaban como receptores y luego transferían o entregaban el dinero a otras personas hasta llegar al principal acusado, en una estructura que los investigadores describieron como piramidal.

Spelta informó que, hasta el momento, fueron analizadas 148 cuentas, de las cuales surgieron 12 causas con distintos hechos delictivos. La estimación económica actualizada de los fondos que salieron de esas cuentas asciende a $425 millones.

De ese monto, una parte fue posteriormente restituida: en nueve de las 12 causas analizadas no se recuperaron los valores, mientras que en tres sí hubo retornos, circunstancia que también incidió en las calificaciones legales atribuidas.

La acusación sostiene que, en total, se atribuyen a Ríos Artacho 21 hechos de peculado, 15 de fraude a la Administración Pública y 21 falsedades ideológicas de instrumentos públicos, además de la imputación por asociación ilícita en carácter de jefe.

Precisamente, Spelta explicó que las falsedades ideológicas constituían una pieza central del mecanismo: eran los instrumentos utilizados para concretar las transferencias.

Cadena de engaños

Ante las preguntas sobre los controles internos del MPA, Spelta explicó que una de las instancias existentes era la intervención de otro fiscal mediante una segunda firma. Sin embargo, sostuvo que esa segunda intervención no permitió detectar inicialmente la maniobra porque los oficios utilizados para disponer de los fondos aparentaban ser legítimos.

“Al primero que engañaron era el segundo fiscal que debía de alguna manera mirar la formalidad” del instrumento, explicó. Luego, según su reconstrucción, el engaño alcanzaba al banco y finalmente al propio organismo y a la sociedad.

Vranicich coincidió en que este aspecto fue considerado por la jueza en su resolución y señaló que, más allá de los controles formales, el sistema parte de la expectativa de que quienes acceden a cargos públicos actúen con buena fe, transparencia y corrección.

Ludopatía y responsabilidad

Otro de los ejes de la conferencia fue la declaración realizada por Ríos Artacho durante la audiencia, en la que reconoció los hechos y vinculó su conducta con una problemática de ludopatía.

Vranicich aclaró que esa circunstancia fue contemplada por la jueza como un elemento que eventualmente podrá ser considerado al momento de determinar una pena, pero rechazó que pueda eliminar el reproche penal. “De ninguna manera la ludopatía puede afectar el reproche que se le tiene que hacer a las personas intervinientes”, sostuvo.

Además, interpretó la admisión de los hechos por parte del exfiscal como una estrategia orientada a discutir la existencia de la asociación ilícita. Según explicó, la defensa habría intentado separar el reconocimiento de las maniobras de la responsabilidad por integrar una estructura organizada, pero esa interpretación no fue compartida por la magistrada.

“La jueza entendió que él reconoce todos los hechos delictivos que nosotros le imputamos”, señaló Vranicich. Y agregó que ese reconocimiento “deja un piso de responsabilidad”, aunque consideró que el planteo buscó “desligarse de la responsabilidad de la asociación ilícita”, cuya escala penal resulta más gravosa.

“La punta del iceberg”

La investigación, advirtió Spelta, todavía no terminó. De las cuentas judiciales existentes resta analizar aproximadamente un centenar, por lo que la dimensión definitiva de la maniobra podría ampliarse.

Vranicich definió esa perspectiva con una expresión contundente: “Esto es la punta del iceberg”. La Fiscal General señaló además que, luego de conocerse el caso, algunos profesionales se comunicaron con el organismo para consultar por la situación de personas vinculadas con causas que habían sido investigadas por Ríos Artacho.

En cuanto a las medidas cautelares, Spelta confirmó que cinco personas quedaron en prisión preventiva: Ríos Artacho, señalado como jefe de la asociación ilícita, y quienes la Fiscalía considera sus cuatro organizadores, Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Javier Cesaretti y Emilio Rubén Barcacia.

El resto de los imputados fue considerado miembro de la estructura, con distintos grados de participación en la recepción y circulación de los fondos.