Desamparados, no vencidos: "Es la tierra de nuestros abuelos, no la pensamos dar"

"La institución (intendencia) con la que colaboramos con información técnica nos dejó pisando en vacío", sostuvo Marcos Delfabro, secretario de Productores Unidos de Rafaela, entidad que se constituyó como Asociación Civil (ACPUR) a los fines de apoyar a las autoridades locales en un litigio judicial por el uso de productos fitosanitarios en la zona periurbana.

"Hubo un vaciamiento de fiscalía, que lejos de ser defensor como demandado terminó siendo un testigo del demandante", acusó el dirigente. Y advirtió que no abandonarán la causa: "es la tierra de nuestros abuelos, no la pensamos dar para que sea usada como proyectos inmobiliarios; esta tierra se produce y no se da a la buena de Dios".

Ocurre que la ordenanza 5.331, sancionada a fines de 2021, estableció en su artículo 4° una franja de 150 metros -entre los 50 y los 200, desde el límite urbano- en la que sólo podrían utilizarse productos biológicos u orgánicos. Paradójicamente, este "cinturón ecológico" fue objetado por entidades ambientalistas, que presentaron una medida cautelar en base a la Ley Provincial 10.000 de "protección de intereses difusos" para impedir su implementación.

Luego de escuchar argumentos técnicos en una audiencia pública, finalmente el juez en lo Civil y Comercial de Rafaela, Matías Colón, decidió declarar nulo el artículo 4º, haciendo caso omiso a la información científica y tecnológica que aportaron organismos como Senasa o el INTA. "Un revés no sólo para la agricultura como actividad central, sino especialmente contra la innovación tecnológica y contra la institución regulatoria, que es Senasa", dijo Delfabro. Y remarcó que incluso el organismo sanitario ha desdoblado el registro de productos fitosanitarios entre los de síntesis química y biológicos. "Tener toda esta avanzada que apunta al campo hacia la nueva era; y que una ciudad pujante como Rafaela, con una ordenanza visionaria, tenga este parate simplemente por meras percepciones nos lleva 20 años atrás", lamentó.

Sin embargo, lo más sorprendente es que las autoridades locales (en tanto la parte demandada) decidieron no apelar la medida, dejando a los productores agropecuarios "al desamparo y en busca de la verdad objetiva", como indicaron desde ACPUR en un comunicado.

"La justicia adujo aspectos desconocidos con peritajes de dudoso origen y lamentablemente volvimos 20 años hacia atrás, teniendo una ordenanza de primera línea, absolutamente moderna y superadora", lamentó el dirigente.

Delfabro sostuvo que "lo preocupante del caso es que hubo dos poderes de Estado que evaluaron, analizaron, junto con Senasa, INTA, Universidades, todo un bagaje científico, sobre las características y pertinencia de utilizar estos productos en el periurbano". Incluso de la audiencia participó por videoconferencia la máxima autoridad de Senasa a nivel nacional en productos biológicos. Aún así, la delegación Rafaela del ente sanitario dio su punto de vista y "se sintió que fue una acción Poncio Pilatos", al dejar librada la decisión a la consideración de la comunidad, pese a que la audiencia "fue muy explicativa y aclaratoria de lo que hace la ciencia y necesita la producción".

"Es lamentable", insistió, que el juez no tuvo en cuenta los avances tecnológicos "y especialmente la garantía que ofrece Senasa como único organismo de contralor para lo que producimos y lo que exportamos".

Luego de advertir que "el juicio está hecho contra fiscalía", Delfabro indicó: "nos sorprendió que es la única ciudad que ante un fallo ambiental negativo en primera instancia decide no apelar; por eso hablamos (en el comunicado) de la soledad y el desamparo". Y añadió: "sentimos el vaciamiento por parte de la intendencia en un año político, electoral, y como la ordenanza viene de otro color político parece que no convenía hacer un acompañamiento".

Desde la producción, perciben que "la institución (intendencia) con la que colaboramos con información técnica nos dejó pisando en vacío", por lo que probablemente "tengamos que empezar de cero con este trabajo". Situación que "no nos vamos a cansar de hacer, porque esta es la tierra de nuestros abuelos; no la pensamos dar para que sea usada como proyectos inmobiliarios; esta tierra se produce y no se da a la buena de Dios a proyectos comerciales y eso es bueno que la política lo sepa cuando votemos; el sector va a saber votar y va a hablar a través de las urnas".

Con el "cinturón ecológico", la ordenanza abría una opción sustentable a unas 860 hectáreas del periurbano, que hoy están libradas al abandono por la imposibilidad de trabajarlas. Es allí, indican los productores, donde además de proliferar malezas y alimañas se refugian los delincuentes para esconder animales faenados y hasta motos robadas.