Las empresas fueran responsabilizadas de "no liquidar divisas, haber consignado domicilios falsos y no entregar documentación", entre otras imputaciones. Las compañías afectadas comercializaron casi 7.000 toneladas, lo que representa el 21% del volumen exportado por firmas que no tiene plantas de procesamiento propio, según un comunicado oficial de esa cartera.

































