Países usuarios de la hidrovía piden definiciones argentinas

Los países usuarios de la Hidrovía Paraguay - Paraná le solicitaron al Gobierno argentino definiciones urgentes acerca de la gestión de la señalización y dragado del canal, que lleva tres años esperando que Buenos Aires avance con los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Además volvieron a poner sobre la mesa la discusión del peaje que Argentina implementó de manera unilateral y del cual aceptaron pagar el 70% provisoriamente hasta discutir un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo "Puerto de Santa Fe-Confluencia", "algo que actualmente no ocurre".

Por último, la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, manifestó la voluntad de acercar una propuesta que permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real a través de una plataforma digital, lo que facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fe y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay (Confluencia).

La expectativa de la CPTCP es poder alcanzar acuerdos con las autoridades argentinas para la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios reales de seguridad, eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial, generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema.

Desde la CPTCP, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los cinco países signatarios Acuerdo de "Santa Cruz de la Sierra", sostuvieron en el comunicado que están dispuestos a brindar "toda la información técnica necesaria para contribuir a mejorar la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-Paraná".

Un conflicto que cumple 3 años

El comunicado de la CPTCP hace un devenir del conflicto que cumple en este mes tres años. La administración de un recurso estratégico como este, "fue descuidada durante la presidencia de Alberto Fernández", según lo definido por el organismo, mientras que debería haberse transformado en una prioridad en el ámbito de un gobierno que declama eficiencia en la gestión pública.

En julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el entonces presidente Fernández procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación.

Pero han transcurrido tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente.

La indefinición sobre una cuestión tan significativa, estableciendo como válida una medida provisoria determinada por el gobierno anterior, incrementan la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes.

Otra cuestión pendiente de resolución es el conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de que en 2023 Argentina procediese a implementar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo "Puerto de Santa Fe- Confluencia" de la Hidrovía.

Los usuarios del canal de comunicación, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en el tramo "Puerto de Santa Fe-Confluencia", algo que actualmente no ocurre.

Y como prueba de su intención de colaborar en el proceso que debe seguir el estado argentino, los usuarios han propuesto pagar hasta el 70% de los fondos presentados como costos por Argentina siguiendo un mecanismo de pago a prueba de errores, sin que este pago signifique una aceptación de las obras realizadas como un servicio eficiente, sino como un acuerdo provisorio hasta que se determine un servicio a prestar con eficiencia y transparencia.

En el medio, hubo idas y vueltas una gestión de Sergio Massa también actuando como ministro de Economía con un fuerte cruce dialéctico con el presidente de Paraguay, el que aseguró que al ex candidato presidencia, no le compraría un auto usado.

De la tranquera a la góndola

Los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3,3 veces del campo a la góndola durante junio, de acuerdo al Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, el consumidor pagó 3,3 pesos por cada 1 peso que recibió el productor en el sexto mes del año.

En tanto, la participación del productor explicó, en promedio, el 31,1 por ciento de los precios de venta final, cayendo un 9,6 por ciento con respecto a mayo. Al respecto, el informe reveló que la mayor participación la tuvieron los productores de cebolla (62,5 por ciento), mientras que la menor fue nuevamente para los de limón (6,3 por ciento).

El IPOD frutihortícola, conformado por los precios de las 19 frutas y hortalizas, se multiplicó por 4,5 veces en junio, lo que representa un aumento del 7,2 por ciento con respecto al mes anterior. Mientras que el IPOD ganadero, compuesto por cinco productos y subproductos ganaderos, arrojó que el consumidor abonó 2,9 veces más de lo que recibió el productor, un 3,3 por ciento menos que en mayo.

El limón (15,8 veces), la mandarina (14,3), la carne de cerdo (5,9), la manzana roja (5,9) y la pera (5,6) fueron los cinco productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino.

De los cinco productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor, tres forman parte de la canasta frutihortícola (pimiento, frutilla y cebolla, con 2,2 veces, 1,8, y 1,6 respectivamente) y dos de la de origen animal (pollo y huevo con 2,1 veces en ambos casos).

Venta de usados

La venta de autos usados experimentó una caída del 7,6% en junio, debido a la mayor cantidad de días feriados, mientras que los concesionarios aseguran que se abre un momento de oportunidad para la actividad en medio del alza del dólar. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en el mes de referencia, se comercializaron en Argentina 123.882 vehículos usados (134.099 unidades en 2023).

Si se compara con mayo (150.954 vehículos), la caída llega al 17,93%. En los 6 primeros meses del año se comercializaron 739.398 unidades, una baja del 7,34% en comparación con igual período de 2023 (797.930 unidades).

"Si consideramos un volumen diario de operaciones que ronda las 5.631 transacciones, se deberían sumar 22.524 unidades más, con lo cual se hubieran prácticamente igualado las cifras de mayo", dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA. Explicó que también se debe tener en cuenta que "cuando hay movimientos con los dólares paralelos, estos impactan directamente en las decisiones de compra de los consumidores".