Bolivia puso bajo revisión a 67 empresas públicas por su situación financiera

El Gobierno de Bolivia puso bajo revisión a 67 empresas públicas y declaró como prioridad los procesos de reorganización, disolución o liquidación de esas entidades. La medida forma parte de las decisiones adoptadas por la administración de Rodrigo Paz Pereira en el marco de su programa de ajuste de las cuentas estatales.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado el jueves y publicado posteriormente en la Gaceta Oficial. La norma establece un procedimiento para definir el futuro de cada empresa a partir de un diagnóstico técnico y no implica el cierre automático de las 67 entidades.

Qué establece el nuevo decreto

El decreto declara como prioridad del Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Para determinar qué camino corresponde en cada caso, se utilizará un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).

Ese informe deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP). Una vez definido el procedimiento correspondiente, cada ministerio responsable deberá avanzar con los instrumentos normativos necesarios.

De acuerdo con la evaluación realizada por la OFEP, fueron analizadas 67 empresas públicas y se identificaron al menos 20 en situación crítica. La situación de cada entidad deberá resolverse de manera individual, según las recomendaciones del diagnóstico y el marco jurídico utilizado para su creación.

Empresas estatales y mixtas bajo evaluación

Del total de entidades analizadas, 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta, con presencia del Estado y capital privado, según los datos incluidos en el material sobre la evaluación.

La revisión alcanza a compañías de distintos sectores. Entre las empresas consideradas estratégicas se encuentra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de entidades vinculadas con las áreas eléctrica y petrolera.

El decreto establece además distintos caminos legales según el origen de cada empresa. Si fue creada mediante un decreto supremo, deberá tramitarse otro instrumento de ese tipo; si surgió a partir de una ley, será necesario elaborar un anteproyecto de ley.

Programa para el transporte

En paralelo, el Ejecutivo boliviano puso en marcha el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA, creado mediante el Decreto Supremo 5726. La iniciativa busca facilitar el financiamiento para la adquisición de vehículos destinados al transporte público y fortalecer los mecanismos de conversión de unidades a Gas Natural Vehicular (GNV).

El programa está dirigido a integrantes del sector del transporte público que cumplan con los requisitos que serán establecidos mediante reglamentación. Los mecanismos de financiamiento podrán incluir fondos, fideicomisos y otras alternativas consideradas técnica y financieramente viables.

Una de las particularidades del esquema es que el financiamiento podrá vincularse con el consumo de combustible a través de un sistema informático. La normativa también dispone que la antigua Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular pase a denominarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El decreto mantiene además los programas relacionados con la conversión a GNV, el mantenimiento de equipos, la recalificación y reposición de cilindros y la transformación de vehículos que utilizan diésel.

Retiro del subsidio al diésel

La creación de PATRIA se produce después de la decisión del Gobierno boliviano de retirar el esquema de subsidios al diésel, una medida que generó malestar entre los sectores del transporte público.

En ese contexto, las autoridades plantearon la renovación del parque automotor y la conversión de vehículos a GNV como parte de las alternativas para el sector. El nuevo programa establece mecanismos de financiamiento para facilitar ese proceso y contempla la participación de entidades públicas en su implementación.