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¿Por qué defender el modelo de universidad pública y gratuita exige cambiarla?

El salario docente universitario en Argentina refleja una crisis estructural que impacta en la calidad educativa, con paros frecuentes y sueldos insuficientes.

¿Por qué defender el modelo de universidad pública y gratuita exige cambiarla?¿Por qué defender el modelo de universidad pública y gratuita exige cambiarla?

Sábado 6.6.2026
 18:56hs
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Diego Frau
Por: 
Diego Frau

Estamos cada vez más acostumbrados a los paros docentes, no solo en escuelas primarias y secundarias sino también en las universidades públicas. Como investigador del Conicet, también trabajo ocasionalmente como docente dictando cursos de posgrado para estudiantes de doctorado o maestría.

Muchos de mis colegas dan clases dentro de universidades públicas o privadas bajo la condición de "cargos simples". Esto se debe a que nuestra dedicación exclusiva en el sistema científico implica que solo podamos acceder a una designación universitaria de diez horas semanales como trabajo suplementario.

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Hoy, según los datos oficiales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para abril de 2026, un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple y con el adicional por título de Doctor en Ciencias, percibe un neto de bolsillo que ronda los 290.000 a 300.000 ARS mensuales. Esto equivale a unos 7.500 ARS por hora de trabajo.

Para ponerlo en perspectiva, el colegio de abogados de Santa Fe sugiere cobrar por una consultoría de una hora, entre 33.000 y 66.000 ARS o más dependiendo de la complejidad del trabajo.

Ahora, imaginemos el escenario de un Doctor en Ciencias, es decir un Licenciado o un Ingeniero (con cinco a siete años de estudio de grado), más cinco años de doctorado que no logra ingresar al sistema científico por diversas razones.

Concursa un cargo docente (cosa que no es fácil, pasé por varios), lo gana y se encuentra con que el sistema educativo universitario le ofrece un ingreso de subsistencia.

El agotamiento de la parálisis

El desgaste de los alumnos ante los paros constantes y la profunda degradación del salario docente demuestran, a mi criterio, que el esquema actual tocó un límite estructural.

Actualmente conviven dos modelos opuestos: por un lado, las universidades públicas, donde el Estado financia los gastos de funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes; por el otro, el modelo de las universidades privadas, cuyo acceso se ve limitado por el costo que implica sostener una matrícula mensual o, en ocasiones, pagar además tasas adicionales para rendir exámenes.

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El nudo del problema actual es que el diseño original de la universidad pública argentina se pensó para un país con baja inflación, previsibilidad y un Producto Bruto Interno (PBI) estable. Para entender por qué este modelo ya no funciona, te propongo que hagamos un poco de historia para ganar perspectiva del asunto: la reforma universitaria es de 1918 y la gratuidad fue decretada en 1949.

Hasta fines de la década de 1940, el país alternaba años de inflación moderada con períodos de deflación. No obstante, a partir de los años 50 la inflación se convirtió en un problema estructural crónico, oscilando en promedios anuales de entre el 20% y el 30%.

El sistema universitario comenzó a expandirse, pero las recurrentes crisis cambiarias erosionaron los presupuestos de manera intermitente. En 1975, el plan de ajuste conocido como el "Rodrigazo" desató una devaluación feroz y la inflación saltó del 24% en 1974 al 182% anual en 1975.

A partir de allí, se inauguró un ciclo trágico de 16 años consecutivos con inflación anual de tres dígitos. Argentina atravesó dos hiperinflaciones (1989 y 1990) y se le quitaron 13 ceros a la moneda nacional a través de sucesivos cambios de signo monetario, pasando por el Peso Moneda Nacional, el Peso Ley, el Peso Argentino (de 1983), el Austral y el Peso actual (ARS).

Entre 1989 y 1990, el pico alcanzó récords inflacionarios históricos de 3079% y 2314% anuales, respectivamente. Tras la estabilidad de la Convertibilidad (1991-2001) y el posterior regreso de las crisis en el nuevo siglo, los últimos dos años (2025 y lo que va de 2026) muestran una desaceleración drástica de la inflación, estabilizándose en un eje interanual del 32% según datos oficiales del Indec.

Entonces, setenta y siete años después de la reforma universitaria (año 1949), vale la pena preguntarnos y reflexionar sobre el sistema universitario público y gratuito, en un contexto país complejo, que se suma un panorama sociopolítico internacional igual o más complejo (los problemas entre Estados Unidos, Irán, y China, sí también nos afectan en este mundo hiper-globalizado en que vivimos).

Para los gremios, el paro docente suele ser la única herramienta tradicional de presión, aunque la evidencia demuestra que un paro tras otro no soluciona el problema salarial de base, pero sí impacta de lleno en los estudiantes, que pierden días de clase y ven demorado su proceso educativo.

En el otro extremo, el desfinanciamiento público progresivo propuesto por el gobierno actual materializa la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios y el incumplimiento de las normativas de financiamiento universitario.

Modelos de financiamiento alternativos

La discusión sobre cómo financiar la educación superior sin caer en los extremos del Estado benefactor asfixiado o el modelo privatizado excluyente es una de las encrucijadas más complejas a nivel global no solo en Argentina. Existen, sin embargo, modelos alternativos que buscan equilibrar la balanza saliendo de la lógica binaria.

Por ejemplo, el modelo de Matrícula Diferenciada que consiste en que la universidad pública mantenga la gratuidad total o un sistema de becas de ayuda para los sectores vulnerables, mientras que los alumnos provenientes de hogares con mayores ingresos abonen una cuota calculada según su nivel socioeconómico.

Otra alternativa es el modelo australiano que implica que la educación universitaria es gratuita mientras se cursan los estudios. Una vez que el alumno se gradúa y sus ingresos en el mercado laboral superan un umbral mínimo determinado, el Estado descuenta un pequeño porcentaje extra de impuestos durante un período de años.

Ese dinero retorna de forma directa al fondo universitario para financiar a las futuras generaciones. No tengo intención de dar soluciones ni cátedra sobre un problema que es ciertamente complejo y me excede como ciudadano y como investigador del Conicet, que ocasionalmente da cursos de posgrado.

Pero sí que hagamos por lo menos el ejercicio de dejar de polarizarnos en una u otra postura ideológica y empecemos, como mínimo, por reflexionar sobre alternativas intermedias que aseguren sueldos dignos para los docentes universitarios, que además los motiven a mantener estándares educativos de alto nivel.

Y en el otro extremo, tengamos alumnos altamente motivados que no pierdan cuatrimestres enteros por paros docentes. Salvemos a la universidad pública argentina reconocida a nivel mundial por su enfoque inclusivo y formación profesional de excelencia, reflexionando objetivamente sobre estos temas y ejerciendo presión sobre nuestros dirigentes para que tomen decisiones que nos beneficien a todos.

El autor es doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet.

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