La Corte interviene en una demanda de provincias por la protección de los bosques

La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la competencia originaria en las acciones promovidas por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el decreto 888/24 del Gobierno nacional, que dispuso la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque).

El máximo tribunal corrió traslado al Estado Nacional –a través del Ministerio de Economía– para que responda la demanda en un plazo de 60 días.

Según consigna el sitio especializado Diario Judicial, el Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para implementar las medidas de protección de los bosques nativos en el marco de la contribución nacional al Acuerdo de París.

Las provincias demandantes aseguraron que la disolución del fideicomiso implica la transferencia ilegítima al Tesoro Nacional de fondos que tienen una asignación específica y que corresponden al FNECBN, y no al Estado nacional.

Su objetivo principal era mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos destinados a la conservación de estos ecosistemas, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias piden que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto y que se restablezca la plena vigencia del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en el artículo 30 de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.

Los estados demandantes aseguraron que la disolución del fideicomiso implica la transferencia ilegítima al Tesoro Nacional de fondos que tienen una asignación específica y que corresponden al FNECBN, y no al Estado nacional.

Inconstitucional

En el caso de Buenos Aires, la provincia sostuvo que la medida contraría la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el país, y que afecta directamente el “Plan Estratégico” provincial.

Además, denunció que el Estado nacional no transfirió los montos correspondientes a los períodos 2023 y 2024, y reclamó una medida cautelar para que se ordene la transferencia inmediata de esos recursos con sus intereses correspondientes “hasta el dictado de la sentencia definitiva”. Las otras provincias presentaron planteos análogos.

La Corte Suprema, en sintonía con el dictamen de la Procuración General, consideró que los hechos invocados justifican su intervención directa y que corresponde evaluar la solicitud de medida cautelar una vez que el Estado Nacional responda o venza el plazo otorgado.

Por razones de economía procesal, adoptó la misma decisión en los expedientes de La Rioja, La Pampa y Santiago del Estero.

Deforestación

El planteo de las provincias se suma a una denuncia presentada un mes atrás ante la Corte por la organización ecologista Greenpeace.

En el escrito planteó que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40% respecto al año anterior, y alertó que el gobierno nacional y algunas provincias pretenden modificar la Ley de Bosques para facilitar más desmontes.

La organización ecologista informó que “la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas revela que la pérdida de bosques durante 2025 en el norte del país fue de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero 104.474 hectáreas, Chaco 38.392 hectáreas, Salta 34.067 hectáreas y Formosa 33.769 hectáreas.

"(…) Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, añade.

En su escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Greenpeace advirtió que “frente a este alarmante aumento de la deforestación en el norte, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes”.