Con dictamen en mano, el oficialismo lleva al recinto la imputabilidad de menores y el acuerdo Mercosur–UE

El bloque de La Libertad Avanza con apoyo de aliados logró dictamen de mayoría para las dos iniciativas centrales de la agenda en Diputados y las llevará este jueves al recinto para ser votadas: el proyecto que baja la imputabilidad en menores de 16 a 14 años y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE.

Luego de los plenarios de comisión, el presidente Javier Milei celebró los despachos a través de su cuenta de la red social X: “TENEMOS DICTAMEN PARA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. Fin.”.

Tanto la reforma al Régimen Penal Juvenil como la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea serán tratados en la sesión especial citada para dar comienzo desde las 11 de mañana, bajo la presidencia del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Reforma Penal Juvenil

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo junto a sus aliados se alzó con el dictamen de mayoría del nuevo Régimen Penal Juvenil, con el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La reunión se hizo desde las 10.30 en el segundo piso del Anexo “C”, con picos de tensión y un telón de fondo que ya asoma al recinto: bajar la edad, fijar cómo se encierra, y discutir cuánto cuesta.

La presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, abrió el juego recordando que “son más de 20 proyectos” incorporados al temario y que todos “versan sobre la temática”. La mayoría se cerró con 81 firmas de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.

El libertario Manuel Quintar defendió el tratamiento exprés con un argumento que repitió más de una vez: “Es un tema que se trabajó muchísimo” y que ya se escuchó “a una enorme cantidad de expositores” e incluso a la Iglesia. En esa línea, pidió avanzar “rápidamente en el dictamen” porque “es un tema que la sociedad está reclamando”, y cargó contra la oposición al hablar de “mezquindades políticas” y un “show con gritos”.

En la vereda opuesta, Victoria Tolosa Paz apuntó a la legitimidad del texto del Ejecutivo y a su oportunidad política. Recordó que “24 de 31 expositores” se negaron al proyecto oficial y cuestionó el tono de campaña: con “esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’”. También denunció que en “24 horas” el Gobierno cambió el mensaje de envío y la partida presupuestaria: “cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución”, dijo, y lanzó una definición que buscó dejar marca: “Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”.

La libertaria Silvana Giudici contestó con el eje de la “implementación” y el agregado presupuestario, al sostener que el dictamen incluye una asignación para “empezar a desplegar el régimen”, aunque reconoció que “en un año no estará completado” porque hacen falta “establecimientos” y “profesionales multidisciplinarios”. También rechazó el encuadre punitivo: “Nadie habla de castigos… ni de negar derechos”, planteó, y defendió que “adecua los parámetros penales” a la Convención de Niños y Adolescentes.

Giudici llevó el debate a la comparación regional: afirmó que Chile y Colombia fijan la imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 y Uruguay en 13, y dijo que en esos casos “la reincidencia bajó muchísimo”. Del otro lado, Myriam Bregman (FIT) le respondió sin anestesia: pidió explicar el lema “delito de adulto, pena de adulto” y lo calificó como “tan marketinero y falso”. Además sostuvo que la baja de edad no reduce delito y que, al contrario, “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora”.

El PRO también decidió pararse sobre el relato de “deuda de la democracia”. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, celebró el avance: “Estamos dando un paso importante”, dijo, y recordó que desde 1983 se presentaron “más de 90 proyectos” en el mismo sentido. Subrayó que “a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal”, aunque insistió en la necesidad de un régimen específico entre los 14 y los 18.

Desde la UCR, Diógenes González respaldó el texto al considerarlo “la herramienta adecuada para este momento” y reclamó crear “una zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales”. Y desde Provincias Unidas, Pablo Farías apoyó la necesidad de legislar, pero dejó planteadas “disidencias con el dictamen de mayoría”, una señal fina a las modificaciones en particular que pueden aparecer mañana.

Mercosur–UE

En paralelo, otro plenario —Relaciones Exteriores y Culto, y Mercosur— dictaminó el proyecto para aprobar el Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el 17 de enero en Asunción. La apuesta del oficialismo fue acelerar: pasarlo a firma hoy y llevarlo mañana al recinto, con Unión por la Patria advirtiendo que la velocidad puede salir cara.

El oficialismo, en los fundamentos, defendió que el acuerdo busca “un marco previsible” para impulsar comercio e inversión, y que permitirá reducir obstáculos “arancelarios y no arancelarios”. También sostuvo que Argentina sumará instrumentos comerciales con países que representan “más del 30% del PBI mundial” y accederá a un mercado de “más de 450 millones de personas”.

La presidenta de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA), explicó que lo que se trata es el “acuerdo interino” focalizado en cuestiones comerciales, y diferenció del acuerdo de asociación más amplio, cuya aprobación en Europa es “más compleja” porque exige el visto bueno de los 27 estados miembros. Subrayó que, por eso, el interino puede aplicarse de manera “provisoria” y en forma “bilateral” una vez ratificado.

El titular de la Comisión del Mercosur, Damián Arabia, lo definió como un “momento histórico” tras “prácticamente tres décadas” de negociación y habló de “la zona de libre comercio más importante del mundo”. Silvana Giudici, otra vez como voz del oficialismo, agregó que se trata de un acuerdo “estratégico” para “expandir fronteras” y destacó el trabajo técnico de Cancillería: “esas 500 páginas hoy tengan el marco de legalidad”. Incluso justificó el tratamiento en extraordinarias como una ventana de oportunidad: “El Congreso puede ser el primer Parlamento que apruebe el acuerdo” y eso daría “ventajas competitivas”.

Unión por la Patria intentó bajarle el martillo a ese apuro. Su jefe de bloque, Germán Martínez, advirtió que “es de una enorme irresponsabilidad política” dictaminar de ese modo: “Pasaron 19 días hasta que ingresó el proyecto y acá lo quieren tratar en 72 horas”, cuestionó, y pidió la presencia del canciller Pablo Quirno para dar detalles.

El diputado Eduardo Valdés expresó una crítica que resume el tono del bloque: “Me gustaría acompañarlo. Ahora, no puede ser que sea una carrera de vivos, que el que primero lo aprueba se lleva los beneficios”. Y comparó con Uruguay y Brasil, donde —según relató— se abrieron plazos de debate hasta fines de febrero para escuchar a sectores productivos y cámaras empresariales.

En el PRO, Martín Ardohain pidió “ratificar el acuerdo” y sostuvo que “permite solucionar diferencias” dentro del Mercosur. En la misma línea, Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) lo calificó como “el mayor acuerdo comercial” firmado por el bloque regional desde su creación, y Esteban Paulón (Provincias Unidas) afirmó que “favorece la integración”.