Segunda ronda de extraordinarias: los temas que quedaron fuera de agenda para febrero

Por estos días de enero, en que la atención pública (al menos de quienes siguen los acontecimientos políticos) está dispersa entre lo que ocurre dentro y fuera del país, el segundo mes del año aparece como un verdadero desafío para gobierno y oposición: en febrero habrá sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional y, una vez más, uno y otra medirán fuerzas en temas de trascendencia.

Las extraordinarias fueron convocadas por la administración del presidente Javier Milei para el tramo que va del 2 al 27. Poco después, el 1º de marzo, se iniciará el período ordinario de sesiones en el que se podrán discutir temas impulsados por las y los legisladores, es decir, no solo los que pide el Ejecutivo. ¿Habrá discurso del mandatario ese domingo en el recinto? Falta todavía.

Falta, por ejemplo, discutir el temario que incluye Reforma o Modernización Laboral, una de las principales banderas que quiere plantar el gobierno en el arranque de 2026, Ley de Glaciares y el pliego para designar al ex diputado nacional Fernando Iglesias (PRO, aliado del oficialismo) como embajador extraordinario y plenipotenciario.

El cuarto tema incluido en la convocatoria es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, que se firmó el sábado pasado y requiere el aval parlamentario de cada uno de los países. Pero que, sorpresivamente, entró en pausa este miércoles cuando el Parlamento Europeo decidió remitirlo a la Justicia, que deberá evaluar si el pacto suscripto en Paraguay respeta los tratados firmados por los 27 integrantes el bloque.

Mientras todo esto ocurre y empieza el “poroteo” para contabilizar las voluntades que acompañen la reforma Laboral, incluidas reuniones con gobernadores en una nómina que aún no integró el santafesino Maximiliano Pullaro, conviene recordar que ya hubo extraordinarias en diciembre.

En el último mes de 2025 salieron del Congreso dos normas también esperadas por el oficialismo: el Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026 y la ley de “inocencia fiscal”, que ya tuvo su primer fallo en Rosario.

A marzo

Por cuestiones de timing estratégico o por carencia de garantías para la aprobación, el Gobierno decidió borrar del menú de sesiones extraordinarias de febrero algunas iniciativas de vital importancia para su proyecto político, que quedarán pendientes de tratamiento para cuando se inicie formalmente el período ordinario del calendario parlamentario. Entre ellas, la reforma del Código Penal y la ley de Compromiso Fiscal.

No obstante, en el estrecho plazo que fue desde el 31 de diciembre al 2 de enero, cuando se emitió el primer Boletín Oficial del año, ganó protagonismo un tema imprevisto: la reforma de la Ley de Inteligencia que otorga más facultades a la SIDE que se hizo a través de un (nuevo) decreto de necesidad y urgencia, y sobre el cual la oposición tiene mucho para decir.

Volviendo hacia lo que sí se puso en marcha, con el compromiso fiscal el gobierno busca establecer un esquema de sanciones sobre funcionarios públicos o directores de bancos públicos que generen gasto innecesario o desmedido, o que implementen mecanismos distorsivos de emisión monetaria.

En cuanto al Código Penal, que impulsó Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y lo volverá a hacer como senadora nacional, incluye la imprescriptibilidad de delitos gravísimos como homicidios, abusos sexuales, trata, narcotráfico y delitos de lesa humanidad.

Según sintetiza la agencia Noticias Argentinas, el texto busca absorber muchas de las propuestas anunciadas por el Gobierno durante el último tiempo, como el nuevo régimen penal juvenil (que baja la edad de imputabilidad), la ley “antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia.

Por otra parte, la reforma incluye un capítulo entero dedicado a los delitos informáticos, que incluye la creación de contenidos sexuales falsos con IA, porno venganza, grooming o acoso sexual cibernético, phishing o estafas para obtener datos confidenciales, etcétera.

DNU sobre Inteligencia

El otro gran ausente de la convocatoria es el DNU 941/25 sobre la SIDE. Fue firmado el 31 de diciembre, publicado el 2 de enero y enviado al filo del plazo legal a la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, que aún no fue conformada a partir de la nueva conformación de ambas cámaras.

Cabe recordar que en diciembre asumieron diputados y senadores nacionales electos en los comicios del 27 de octubre, por lo cual la integración del Congreso es otra (también la composición de los bloques) y eso obliga a barajar y dar de nuevo en las comisiones. La Bicameral en cuestión estaba presidida hasta diciembre por Oscar Zago.

Mientras tanto, los plazos corren y así como el ejecutivo tenía 10 días desde la publicación del decreto para enviarlo al Congreso, trámite que cumplió el viernes 16 de enero, la Comisión (no creada aún) tiene otros 10 para dictaminar sobre el tema. De lo contrario, la oposición podrá llevarlo al recinto –de cualquiera de las dos cámaras- a partir del comienzo del segundo tramo del período extraordinario que iniciará el lunes 2 de febrero.

En las últimas horas, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulidad absoluta el referido decreto. El proyecto tiene el acompañamiento de otro santafesino, Pablo Farías, además de Sergio Capozzi y Mónica Frade, todos pertenecientes al bloque de Provincias Unidas.

“El decreto configura en los hechos una nueva Ley de Inteligencia, dictada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin debate parlamentario, sin control democrático y en abierta violación al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, establece el fundamento de la presentación.

Advierte además que “la materia regulada es una cuestión de máxima sensibilidad institucional, que exige deliberación pública, consenso democrático y la intervención indelegable del Congreso de la Nación. Gobernar por decreto en este ámbito no sólo es inconstitucional, sino profundamente regresivo en términos de calidad democrática”.

Provincias Unidas ya había emitido un comunicado en rechazo al DNU apenas unas horas después de su publicación.

La misma postura mantienen bloques opositores, como Unión por la Patria y la Izquierda, que directamente llamó a movilizar para lograr el rechazo al decreto en las cámaras.