Un pedido que se las trae

La diputada socialista Lorena Ulieldin ingresó un pedido de informes sobre una posible incompatibilidad del titular de API, Martín Avalos quien estaría llevando adelante procedimientos de apremio –cobro de deudas- y, por lo tanto, percibiendo honorarios que provienen de los contribuyentes.

Para la socialista el accionar del funcionario choca con las obligaciones establecidas en la Ley de Ética Pública N°13.230 y lo harían pasible de sanción o de remoción.

Dice Ulieldin que "es una situación insólita en la historia del organismo recaudador. El administrador carece de un sentido de utilidad pública ya que cuenta con una dotación de procuradores fiscales a los cuales debería coordinar y verificar, entre otras atribuciones de coordinación que le fija la ley".