La inviolabilidad de la propiedad privada anticipa chispazos en el Senado nacional

El Senado Nacional tiene cita para sesionar este jueves al mediodía con el proyecto de ley de Inviolabilidad Privada como tema destacado.

La iniciativa, que lleva el sello del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, propone cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego. Todo en el marco de eliminar restricciones y favorecer inversiones extranjeras.

Son cinco capítulos los que componen el texto que ingresó en marzo a la Cámara alta y ya tuvo 13 modificaciones en sus distintos pases a comisión.

Se descuenta que cuando el tema llegue al recinto se producirán más cambios. Al menos es la expectativa de la oposición que manifestó una postura muy crítica sobre varios aspectos de la ley.

La fundamentación

Mientras tanto, el vocero presidencial Adrián Ravier, destinó este martes la mitad de su rueda de prensa frente a colegas acreditados en Casa Rosada para explicar la propuesta del oficialismo.

Con alusiones directas a Juan Bautista Alberti y las bases de la Constitución Nacional de 1953, definió que “la propiedad es una extensión de la libertad individual”, y es la “condición del desarrollo económico: nadie invierte o produce si entiende que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías”.

En estos principios, que quedaron reflejados en el artículo 17 de la Constitución Nacional (en Declaraciones, Derechos y Garantías), se funda la idea de que “los argentinos trabajen en suelo argentino pero también queremos invitar a los extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país y puedan fomentar mas generación de empleo”.

Con alusiones al “modelo agroexportador que se extendió por 60 años donde a Argentina fue el granero del mundo”, el quiebre que significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia "Ercolano c/ Lanteri de Renshaw", que “rompió con ese esquema cuando estableció que la propiedad privada no es un derecho absoluto y que el Estado puede limitarla por razones de interés público o emergencias, Ravier concluyó en que “esa inseguridad jurídica ahuyentó la inversión y oportunidades de crecimiento y empleo".

“En el indice de libertad económica Argentina está 41 puntos por debajo del promedio mundial de 52 países, herencia de décadas de atropello”, dijo el vocero para quien el proyecto impulsado por el oficialismo busca recomponer un derecho constitucional.

Cinco capítulos

Más allá de la defensa que encarne el oficialismo, se descuenta que será un debate arduo el que tendrá el Senado en el recinto cuando analice los cinco capítulos del proyecto de ley.

El primero es sobre expropiaciones: luego de Venezuela, “la Argentina tiene un récord internacional y es el segundo país con más denuncias ante el Ciadi en todo el planeta, entre las cuales destacan casos de expropiaciones”. “Nos demandan porque nuestra ley de expropiación actual es obsoleta y deja zonas grises”.

Para ello se proponen conceptos más exigentes de la utilidad pública, demostrar que la expropiación es idónea y que de ser necesaria, se reciba la reparación plena por el valor de su bien, además de reconocer el lucro cesante de quien es expropiado.

El capítulo 2 refiere a desalojos. “Mucha gente tiene okupas en una propiedad y es difícil recuperarlas; la idea es tratar de tomar medidas para que los propietarios recuperen su propiedad lo antes posible”. Para ello el desalojo se tramitará por juicio sumarísimo reduciendo el plazo promedio de resolución de años a meses.

La ley de tierras rurales ocupa el capítulo 3. En este punto, Ravier aludió directamente a la ley de 2011 que “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución que reconoce los mismos derechos civiles nacionales y extranjeros, y promueve la inmigración que viene a trabajar y producir”.

“Hoy existen proyectos millonarios en el sector foresto-industrial en NEA, Cuyo y Patagonia que no se pueden realizar por estas trabas”, por lo que se busca “levantar restricciones generales de adquisición de tierras por extranjeros”, mientras “endurece controles sobre los estados extranjeros”.

Otro punto crítico es el capítulo cuatro sobre manejo de fuego. “La protección de los bosques nativos no se toca”, aseguró Ravier. “Se cambia la reforma de 2020 que extendió las restricciones a campos agrícolas y bosques implantados”, y derivó en un “castigo doble para el productor que sobre un incendio y el Estado le paraliza durante 30 a 60 años para modificar e uso del suelo”.

Según el vocero, “la veda no evitó incendios sino que castigó incendios accidentales”.

El último capítulo alude a la modernización del registro de propiedad del inmueble y digitalización del sistema con plazos máximos para los trámites y una Ventanilla única federal para acceder a información registral, respetando la autonomía de los trámites provinciales.

“El Estado debe garantizar certezas y no convertirse en un obstáculo entre los ciudadanos y su propiedad”, concluyó Ravier.

Claramente, no es la visión compartida con los bloques opositores que anticipan reparos sobe la pérdida de soberanía ambiental, un agravamiento de la situación de vulnerabilidad social con los desalojos “expres” y un incentivo a incentivos provocados para especulación inmobiliaria.

La inviolabilidad de la propiedad privada es el primer punto del Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó el 9 de julio de 2024 con 18 gobernadores (excepto la oposición).

En ese entonces, se advirtió que ese derecho ya estaba contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. El objetivo ahora es modificar las leyes que representen alguna restricción, por ejemplo, a la compra de tierras por parte de extranjeros.