Se promulgó la Ley de Modernización Laboral: qué cambios introduce la reforma aprobada por el Congreso

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Modernización Laboral, una reforma que modifica aspectos centrales del régimen laboral argentino y que busca, según el Ejecutivo, actualizar normas vigentes desde hace décadas para promover la creación de empleo formal.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial y comenzó a regir tras su aprobación legislativa, luego de un debate que generó fuertes posiciones tanto a favor como en contra dentro del Congreso y entre los distintos sectores del mundo del trabajo.

La iniciativa introduce cambios en temas claves como el cálculo de indemnizaciones, la organización de la jornada laboral, las vacaciones y los mecanismos para resolver conflictos laborales. También incorpora nuevas herramientas como el banco de horas y un fondo destinado a cubrir costos vinculados a la finalización de los vínculos laborales.

Los principales cambios

Uno de los ejes de la reforma es la modificación del régimen de indemnizaciones por despido. La ley mantiene el principio de que, ante un despido sin causa, el trabajador debe recibir una compensación equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, redefine la base para calcular ese monto.

A partir de la reforma, el cálculo se realizará tomando la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año de trabajo, excluyendo algunos conceptos como pagos extraordinarios o no habituales. Además, se incorporan mecanismos alternativos que pueden establecerse por convenio colectivo para financiar las indemnizaciones.

Entre ellos aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema financiado con aportes de los empleadores que busca cubrir contingencias laborales y facilitar el pago de indemnizaciones cuando finaliza una relación de trabajo. Este fondo funciona como una herramienta adicional al sistema vigente y puede ser aplicado según lo determinen las regulaciones y acuerdos sectoriales.

Otro punto central es la creación del denominado “banco de horas”, un esquema que permite reorganizar la jornada laboral mediante acuerdos entre empleador y trabajador. Bajo este sistema, las horas trabajadas de más en determinados períodos pueden compensarse con menos horas o con descansos en otros momentos, sin que necesariamente se paguen como horas extras.

El sistema deberá ser acordado por escrito entre las partes o mediante convenios colectivos y, según la normativa, deberá respetar los descansos mínimos establecidos por la legislación laboral.

La reforma también habilita mayor flexibilidad en la organización de la jornada laboral. En algunos esquemas de trabajo, la duración diaria podría extenderse hasta 12 horas siempre que se respeten los descansos obligatorios entre jornadas y el descanso semanal correspondiente.

En cuanto a las vacaciones, la ley permite que el período anual pueda dividirse en tramos más cortos —siempre de al menos siete días consecutivos— y que las fechas se acuerden entre empleador y trabajador, ampliando las posibilidades de organización del descanso.

Reducción de conflictos judiciales

Además de los cambios en la organización del trabajo, la reforma incluye medidas orientadas a reducir la informalidad laboral y la litigiosidad en el ámbito laboral, uno de los objetivos planteados por el Gobierno durante el debate legislativo.

Entre los mecanismos incorporados se encuentran incentivos para promover el blanqueo de trabajadores no registrados, con la intención de facilitar la regularización de relaciones laborales que hoy se desarrollan fuera del sistema formal.

También se introducen cambios en el régimen de multas y sanciones vinculadas al empleo no registrado y en los procedimientos judiciales relacionados con conflictos laborales. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan simplificar las relaciones laborales y generar un marco más previsible para las empresas y los trabajadores.

En paralelo, la reforma incorpora modificaciones en la estructura sindical y en los convenios colectivos, con el objetivo de introducir mayor flexibilidad en la negociación de condiciones laborales dentro de cada sector productivo.

El Gobierno argumenta que estas transformaciones permitirán adaptar el mercado laboral a nuevas dinámicas productivas y tecnológicas, además de facilitar la contratación de personal en un contexto económico complejo. En ese sentido, sostiene que la modernización de las normas laborales podría contribuir a reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo formal.