Seguridad privada con reglas claras y prioridad en el interés ciudadano

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad. El autor de la iniciativa, Rubén Galassi, señaló que “se calcula que en Santa Fe existen alrededor de 200 empresas y que 12.000 hombres y mujeres están afectados a este servicio. Para tener dimensión de la cifra, la policía provincial tiene alrededor de 24.000 agentes. A partir de la sanción de esta ley, se podrá establecer un registro claro, un dato preciso de la dimensión exacta de quienes cumplen esta tarea”.

La iniciativa aprobada contempla que las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios serán consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial. Las condiciones para la contratación, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y responsabilidades de los prestadores, las capacitaciones que deben ser brindadas a los trabajadores, las sanciones a las infracciones que los prestadores puedan cometer son algunos de los temas que aborda la norma.

En un artículo del proyecto, se distinguen claramente los servicios que justifican el uso de armas como pueden ser las custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos o la vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso de público. Además, deja establecido que el personal que efectúe estos servicios de vigilancia, deberá estar contratado y registrado en relación de dependencia y bajo el régimen de contrato de trabajo.

Monitoreo de alarmas

Como producto de la proliferación en los últimos años de sistemas de alarmas en viviendas particulares y comercios, se han incrementado notablemente las denuncias que estos prestadores privados trasladan a las fuerzas policiales para requerir su intervención. Sin embargo, debido a los procedimientos seguidos y a la falta de verificación eficiente de parte de las empresas, la gran mayoría de estos requerimientos resultan siendo falsas denuncias que implican la afectación de recursos públicos por parte de las fuerzas policiales.

Para graficar la situación, el autor de la iniciativa, el socialista Rubén Galassi explicó: “este año (hasta octubre de 2025) hubo 595 mil llamadas de alerta al 911. De esa cifra, 215 mil fueron incidencias a partir de la activación de los sistemas de alarmas. Esto significó el despliegue de personal policial (unas 89 mil horas), móviles y otras herramientas por parte del Estado”. Y resaltó: “la cantidad de esas alertas que ameritaban el abordaje de la estructura estatal porque había un intento de robo, un hecho de violencia, una agresión a un lugar físico o a una persona, fueron 4.231. Es decir, menos del 3%”.

Con estos datos, el legislador subrayó que esto significó un gasto extraordinario para el Estado que se afronta “con los tributos de todos los ciudadanos. Es injusto también que se afecte el servicio de seguridad en general. La activación de las alarmas implicó que alrededor de 60 de los 200 móviles de Rosario por ejemplo, estén afectados por esta situación”, explicó Galassi apoyándose en cifras brindadas por el Ministerio de Seguridad provincial.

Ante esta situación, continuó el legislador, “la ley que estamos aprobando establece que las empresas tienen que tener protocolos que corroboren efectivamente la necesidad de activar el 911. Obviamente que para eso habrá un tiempo de adecuación y se contemplará la realidad de las pequeñas empresas que son muchas.

A la vez, Galassi recordó que “la ley prevé mecanismos de ayuda para que las empresas puedan cumplir los protocolos necesarios y para ello contempla exenciones fiscales, la posibilidad de créditos entre otros beneficios”.

Antecedentes

La legislación respecto a agencias de seguridad es relativamente reciente: la cantidad de agencias privadas prestadoras se han multiplicado en los últimos 20 años. CABA, provincias de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Juan y Neuquén son las que han avanzado en este sentido. Santa Fe, registró antecedentes de proyectos de ley en la década pasada pero aún tenía el asunto pendiente a pesar los distintos intentos. “Quiero recordar especialmente a dos legisladores que trabajaron mucho como Alicia Gutiérrez y Oscar Pieroni. A pesar de las medias sanciones que tuvo en esta Cámara, nunca lo habíamos podido convertir en ley”, celebró Galassi.

Los beneficios al ciudadano como prioridad

Para finalizar, Rubén Galassi resumió: “Este proyecto contempla dos ejes. El primero es que todos los dispositivos que se disponen para que las empresas de seguridad puedan manejarse como exige esta ley, serán un beneficio para las propias empresas que trabajan bien porque eliminará la competencia desleal. Será un beneficio para los trabajadores porque no se va a permitir que haya empleo en negro en una actividad tan importante. El segundo tiene que ver con el monitoreo por alarmas, que no sólo ayudará a la ciudadanía sino que mejorará la eficiencia de la respuesta del sistema de 911 y se evitará el dispendio de recursos públicos”.

Para terminar, el diputado destacó que “nadie puede dudar de que, en temas como educación, salud y seguridad, el Estado debe mantener un rol imprescindible. Y quienes brindan servicios complementarios a la comunidad deben hacerlo bajo reglas claras, garantizando calidad y responsabilidad. Se trata de un servicio orientado al bienestar ciudadano, donde la prioridad siempre deben ser los beneficios para los santafesinos”.