Asilo clandestino: el abogado de una víctima pidió que la Justicia escuche a los residentes

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte sumó en las últimas horas nuevos elementos a partir de las declaraciones formuladas por el abogado Martín Risso Patrón, quien representa a una de las víctimas y acompaña a su familia en el proceso judicial en Santa Fe.

Según explicó el letrado, su representada es una joven de 20 años que comenzó a denunciar la situación durante abril. Su padre permaneció internado en uno de los establecimientos señalados y, de acuerdo con el relato de la mujer, durante ese período se habrían producido distintas situaciones que excederían ampliamente las irregularidades vinculadas con la habilitación del lugar.

"Sintió que no fue escuchada"

"Lo que ella viene ahora es a que la escuchen porque de alguna manera sintió que no fue escuchada por el MPA", sostuvo Risso Patrón.

El abogado afirmó que la joven realizó presentaciones en el Centro Territorial de Denuncias y que la semana pasada brindó una declaración ante la Fiscalía que se extendió durante aproximadamente dos horas y quedó asentada en unas diez hojas.

En esa presentación, siempre según el relato del profesional, la joven habría aportado información sobre movimientos de dinero, utilización de tarjetas y otras circunstancias relacionadas con la permanencia de su padre en los establecimientos investigados.

La situación, señaló, no se habría limitado al inmueble de Nuevo Horizonte. "Eso fue en la residencia de primero de calle Salvador del Carril y luego la de Nuevo Horizonte", precisó al ser consultado sobre los lugares donde su representada habría tomado conocimiento de las situaciones denunciadas.

Uno de los puntos que el abogado considera centrales es la situación de los documentos y la posibilidad de que algunos residentes no pudieran abandonar libremente el lugar.

"Estaba privado de la libertad porque no lo dejaban salir de ahí", afirmó Risso Patrón, al referirse a lo denunciado por su clienta.

El profesional sostuvo además que su representada teme que la principal imputada recupere la libertad. Según explicó, la joven habría sufrido presiones que, en algunos episodios, habrían involucrado referencias a la Policía.

"Le decían, por ejemplo, si vamos a tener que ir a la Policía a hacer una constancia, si a tu papá le llegara a pasar algo vos vas a ser la responsable", relató.

Risso Patrón aclaró que, según lo que pudo conocer, no se trató de una amenaza directa de la Policía contra la joven. Sin embargo, sostuvo que esas referencias a la institución eran utilizadas como mecanismo de presión.

Privación de la libertad

El abogado consideró que los hechos denunciados podrían derivar en una calificación legal diferente de la que actualmente se investiga. "Yo entiendo que puede haber una carátula bastante distinta con todas estas situaciones que fueron denunciadas", manifestó.

Entre las hipótesis mencionadas por el profesional aparece la privación ilegítima de la libertad y, eventualmente, una investigación vinculada con trata de personas, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá determinar cómo encuadrar jurídicamente los hechos.

La preocupación de la familia también está vinculada con la situación de salud del hombre que permaneció alojado en el establecimiento. Risso Patrón aseguró que, luego de ser retirado del lugar, experimentó una importante recuperación.

El padre quiere declarar

"Cuando fue retirado de ese lugar donde estaban siendo mal medicado, entiendo que a propósito, recuperó muchísimo la salud y está en condiciones de declarar", sostuvo.

El hombre padece Parkinson degenerativo y, de acuerdo con el abogado, hasta el momento no habría sido convocado para brindar su testimonio pese a que su hija considera que puede aportar información relevante sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

En ese contexto, Risso Patrón también hizo referencia a otra persona, R. H., a quien mencionó al hablar de la medicación suministrada al residente. Según afirmó, tuvo acceso a capturas de mensajes intercambiados con la familia en los que H. habría manifestado que pretendía suministrarle correctamente los medicamentos pese a indicaciones que, según esos mensajes, provenían de otra persona.

El abogado interpretó ese intercambio como un indicio de una relación de subordinación dentro del funcionamiento del establecimiento y señaló que, de confirmarse las circunstancias denunciadas, podría ser necesario revisar las responsabilidades individuales de quienes tenían intervención en la atención de los residentes.

Por otra parte, aseguró haber tomado contacto con otros trabajadores del lugar que también le habrían manifestado tener temor. "Yo no los represento a ellos, pero me lo han manifestado personalmente", aclaró.

La investigación deberá ahora determinar el alcance y la veracidad de cada una de estas denuncias, establecer quiénes tenían responsabilidades dentro de los establecimientos y precisar si los hechos relatados por las víctimas configuran delitos diferentes de aquellos inicialmente investigados.

Para el abogado, la difusión pública del caso modificó el escenario. Entiende que las denuncias que, según sostuvo, ya habían sido formuladas meses atrás adquirieron ahora otra dimensión a partir de la intervención de la Justicia y de la repercusión que tuvo el descubrimiento del geriátrico clandestino.