El “geriátrico del horror” suma una denuncia por Trata de Personas

Dos meses después de aquel incendio que terminó revelando las condiciones en las que vivían siete adultos mayores y personas con discapacidad en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte, el caso abrió una nueva puerta judicial. Esta vez, en el fuero federal y bajo una acusación que, de comprobarse, modificaría sustancialmente la dimensión de la investigación: Trata de Personas.

La denuncia fue presentada el viernes por el periodista santafesino Pablo Benito, con el patrocinio del abogado Dr .Santiago Banegas.

La presentación, según explicó Benito en una entrevista concedida al programa Santa Fe Policiales, que se emite por CYD Litoral, apunta a que se investigue si detrás del funcionamiento clandestino del establecimiento existió un mecanismo de captación, alojamiento y explotación económica de personas mayores en situación de extrema vulnerabilidad.

La denuncia no aparece en un vacío. Llega después de semanas en las que fueron apareciendo testimonios, documentos y advertencias que habían sido formuladas antes del incendio del 27 de julio. Aquella jornada, uno de los residentes encendió un colchón. El fuego terminó siendo, paradójicamente, la señal que permitió descubrir lo que ocurría puertas adentro.

El establecimiento no figuraba en los registros municipales y funcionaba sin habilitación. Siete personas fueron rescatadas y trasladadas para recibir asistencia estatal.

Los testimonios posteriores hablaron de falta de alimentos, medicamentos, higiene y de la retención de documentos y tarjetas utilizadas para cobrar jubilaciones y pensiones. La Justicia provincial abrió una investigación por abandono de persona y otros posibles delitos. Pero ahora la mirada se desplaza hacia otra hipótesis.

La pista que conduce al fuero federal

Para Benito, el punto central está en determinar qué ocurrió antes de que los adultos mayores llegaran a aquel inmueble y, especialmente, quiénes intervinieron en esos ingresos.

Explicó que su hipótesis parte de denuncias previas en las que se describiría un mecanismo de captación a partir de la situación de vulnerabilidad de personas que habían sido externadas de establecimientos de salud.

Según su relato, una vez producido el ingreso al geriátrico, se habría pedido a los residentes o a sus familiares documentación personal, tarjetas bancarias y claves. El objetivo, sostiene el periodista, habría sido controlar los ingresos previsionales y eventualmente otros recursos económicos de las víctimas.

La hipótesis deberá ser ahora analizada por la Justicia. No se trata de afirmar que el delito de trata esté probado, sino de establecer si los hechos denunciados encajan en esa figura penal y, en ese caso, quiénes pudieron haber intervenido.

Tres denuncias antes del desastre

La cuestión adquiere especial gravedad porque las primeras denuncias habían sido realizadas meses antes del incendio. El Litoral ya había reconstruido el testimonio de la hija de uno de los residentes, quien aseguró haber presentado tres denuncias entre abril y mayo y haber aportado cartas de otros adultos mayores que pedían ayuda.

Una de esas cartas, según se informó, contenía un pedido desesperado para abandonar el lugar. Otros testimonios mencionaron presuntos malos tratos, retención de documentación y problemas vinculados con el manejo del dinero de los residentes.

Ahora, además, existe una investigación sobre la actuación de funcionarios que recibieron denuncias previas. En concreto La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga a los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini por no actuar a tiempo ante denuncias sobre un geriátrico clandestino en Santa Fe

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué habría ocurrido si aquella noche no se encendía el colchón?

Benito planteó otra cuestión todavía más incómoda. “Hay que controlar a quienes nos controlan”, afirmó al explicar por qué decidió dejar de ser solamente periodista y convertirse en denunciante.

En ese punto, la causa ingresa en un terreno particularmente delicado. Ya no se trata únicamente de reconstruir qué ocurrió dentro de aquella vivienda del barrio Nuevo Horizonte.

También será necesario determinar qué advertencias existieron, quiénes las recibieron, qué hicieron con ellas y por qué un lugar que, según la Municipalidad, funcionaba completamente fuera de la ley pudo permanecer abierto durante tanto tiempo.

La denuncia federal propone, en definitiva, mirar el caso desde el principio y no desde las llamas. Porque si aquello que parecía un incendio fue en realidad el último eslabón visible de una cadena más extensa, la investigación recién estaría comenzando.