Libertad bajo alternativas para el ex presidente comunal acusado por defraudación

Walter Adán Sola y Nicolás Sola Capriotti fueron excarcelados este miércoles, pasado el mediodía, tras una audiencia en la que fueron imputados en carácter de autor y partícipe principal respectivamente, de los delitos de administración fraudulenta y defraudación a la administración pública en perjuicio de la comuna de Villa Saralegui, en el departamento San Cristóbal.

Ambos estaban detenidos desde el jueves pasado, cuando la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Bárbara Ilera, dispuso ocho allanamientos en la ciudad de San Justo, en busca de evidencias para la causa que tramita desde 2023.

Este miércoles, los Sola fueron trasladados a tribunales para la imputativa, en la cual contaron con la defensa de los abogados Romeo Díaz Duarte y Agustín Márquez, quienes acordaron con la fiscalía la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Finalmente, la libertad fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, quien detalló las alternativas que los dos imputados deberán cumplir de aquí en más para continuar sujetos al proceso en libertad ambulatoria.

“Un pueblo desatendido”

Pero primero, la jueza Labanca le dio la palabra al interventor y actual presidente comunal Jorge Daniel Piriz, quien declaró en carácter de víctima, en representación de la comuna.

Tras su asunción, el 3 de abril de 2024, “nos encontramos con un panorama muy difícil”, dijo Piriz, que se encontraba acompañado por el Dr. Néstor Oroño, querellante en la causa.

“Encontramos una comuna y un pueblo desatendidos”, continuó el denunciante que también se refirió a “las cuentas de la comuna” las cuales “estaban muy bajas”. En ese entonces “no teníamos manera de responder a la comunidad por lo que estaba pasando en la comuna”, refirió.

Cheques al portador

Luego la fiscal Ilera realizó una pormenorizada imputación de hechos, que se circunscriben al arco temporal que se extiende entre agosto de 2020 y abril de 2024, ésta última, fecha en que se dispusiera la intervención de la comuna sancristobalense.

“Como autoridad comunal y teniendo el mandato realizó maniobras defraudatorias en perjuicio de Villa Saralegui”, inició la acusadora que basa sus sospechas en el permanente “libramiento de cheques y transferencias sin contraprestación alguna”, en todos los casos perjudicando al erario público.

La maniobra de emisión de cheques al portador hace que no haya quedado constancia “de las personas a las que eran entregados”, generando un “lucro indebido y se perjudicaron los intereses confiados” como administrador del pueblo.

Plata de las escuelas

En total, la cifra fugada de la administración de Villa Saralegui a cuentas de privados asciende a $ 126.529.656 en el período de casi cuatro años.

Para dar un ejemplo, entre los beneficiarios aparecen transferencias por $ 35.438.610 a nombre de un hombre de apellido Bacigalupo, quien actualmente se encuentra privado de la libertad por el intento de homicidio de Matías Gamboa, quien solicitó la intervención el verano de 2024.

Pero más allá de las operatorias con cheques, que fueron voluminosas a lo largo del tiempo, también se les atribuye haberse quedado don $ 4.000.000 en concepto de FAE (Fondo de Asistencia Educativa) que debía llegar a las escuelas de la zona y esto no ocurrió entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

A su vez, una maniobra similar reclamó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ceres (Sitram) que a diciembre de 2024 reclamaba la retención de aportes por $ 3.500.000.

Enriquecimiento ilícito

En definitiva, la fiscal Ilera atribuyó a Walter Sola la autoría de los delitos de “administración fraudulenta”, “defraudación a la administración pública” y “malversación de caudales públicos”; en tanto que a Nicolás Sola Capriotti se lo señaló como partícipe principal por los dos primeros.

Al momento de argumentar por la libertad, la fiscal destacó que se trata de delitos excarcelables y que los procedimientos realizados la semana pasada permitieron terminar de cautelar la evidencia.

No obstante aclaró que “se está realizando una investigación por enriquecimiento ilícito” y en ese sentido deberán respetar las restricciones impuestas. Entre ellas deberán fijar domicilio -en la ciudad de San Justo-; y pesa sobre ellos una prohibición de contacto con personal de la comuna, un grupo de personas que recibió cheques de su mano y con el grupo de productores rurales denunciante.

Por último se fijó un embargo de bienes por un monto equivalente al total del desfalco investigado ($ 126.529.656), para lo cual se enumeraron las propiedades con las que cuentan en la ciudad de San Justo y una serie de boletos de compra-venta por inmuebles en San Justo y la localidad de Saladero Cabal.