"La muerte de Mauro empezó en la calle": la querella apunta a toda la cadena del operativo policial

Rodolfo Mingarini, abogado de la familia de Mauro González, aseguró que el expediente comienza a consolidar una hipótesis que desde un principio sostuvo la familia: la existencia de una secuencia de hechos en la que confluyeron una aprehensión ilegal, el uso de la fuerza y una serie de omisiones que terminaron con la muerte del joven santafesino.

El letrado afirmó que el episodio "no puede analizarse de manera fragmentada", sino como un único hecho ocurrido mientras González permanecía bajo custodia.

Reconstrucción del hecho

Según reconstruyó el abogado, todo comenzó durante la tarde del 17 de enero, cuando Mauro fue interceptado en barrio Yapeyú tras un llamado al 911 por un presunto episodio de disturbios. A criterio de la querella, la intervención policial carecía de justificación y derivó rápidamente en una reducción violenta.

El abogado describió que González fue inmovilizado y golpeado delante de sus padres y de vecinos del barrio, en un operativo que, según indicó, movilizó entre ocho y nueve patrulleros para reducir a una sola persona.

Durante ese procedimiento, sostuvo Mingarini, uno de los efectivos se arrojó sobre el cuerpo de González y le provocó la fractura de una costilla. Tanto el padre como la madre advirtieron a los policías sobre el delicado estado de salud del hombre, quien años atrás había recibido disparos de arma de fuego y había permanecido largo tiempo con una ostomía como consecuencia de esas lesiones.

La madre, además, manifestó que su hijo podía encontrarse bajo los efectos del consumo de sustancias. Sin embargo, según el relato de la querella, esas advertencias no modificaron el accionar policial.

El traslado y las omisiones

Uno de los aspectos que la acusación considera centrales es el recorrido realizado durante el traslado. Mingarini afirmó que González fue llevado por distintos puntos de la ciudad antes de ingresar a una dependencia policial.

De acuerdo con esa reconstrucción, el móvil realizó dos detenciones durante el trayecto, una de ellas para cargar combustible en una estación de servicio ubicada frente al estadio de Colón. Posteriormente fue trasladado hasta Medicina Legal, donde permaneció durante un tiempo que el abogado calificó como "prolongado".

Para entonces, aseguró el querellante, Mauro ya evidenciaba un grave deterioro físico. "No respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido", sostuvo.

Pese a ese cuadro, añadió, el procedimiento continuó hasta la actual Estación Policial Norte —que funciona en el edificio de la Comisaría Octava—, donde recién entre las 19.30 y las 20 fue formalmente entregado. Hasta ese momento, remarcó, la custodia permanecía exclusivamente en manos del personal del Comando Radioeléctrico.

"El hecho es uno solo"

Para Mingarini, allí radica uno de los ejes de la investigación judicial. "El hecho es uno solo. Comienza con una aprehensión que entendemos ilegal y termina con la muerte de Mauro mientras estaba bajo custodia estatal", expresó.

El abogado aclaró que las responsabilidades penales no serían iguales para todos los involucrados y que la investigación deberá determinar el grado de participación de cada efectivo.

No obstante, sostuvo que quienes tuvieron contacto directo con González durante el procedimiento inicial cargan con la mayor responsabilidad, especialmente porque —según afirmó— tuvieron oportunidades concretas de derivarlo a un centro asistencial y no lo hicieron.

En ese sentido recordó que, cuando el móvil policial se encontraba en inmediaciones de la estación de servicio ubicada sobre avenida Circunvalación, el Hospital José María Cullen se encontraba a escasos minutos de distancia.

La querella también cuestionó el examen practicado por la médica policial, al considerar que su intervención fue deficiente frente al evidente estado en que se encontraba González.

Registro de cámaras

Respecto de la prueba reunida en el expediente, Mingarini señaló que las imágenes incorporadas a la investigación provienen de cámaras oficiales de videovigilancia y de registros obtenidos en la estación de servicio, material que considera clave para reconstruir cada tramo del procedimiento y establecer responsabilidades individuales.

Consultado sobre la reciente rueda de reconocimiento ordenada por la Fiscalía, el abogado evitó pronunciarse sobre la estrategia procesal del Ministerio Público, aunque descartó que la difusión pública de algunos registros audiovisuales afecte esa medida.

Finalmente, al ser consultado sobre los antecedentes de los policías detenidos, respondió que ese aspecto forma parte de la investigación en curso, aunque reconoció que algunos de los involucrados presentan antecedentes vinculados a episodios de violencia que deberán ser evaluados dentro del expediente.