Nuevo sistema penal juvenil: 4 de cada 10 ingresos en Santa Fe involucraron a adolescentes punibles

El primer año de funcionamiento del sistema especializado de justicia penal juvenil de Santa Fe dejó en la Circunscripción Judicial N° 1 un registro de 1.447 ingresos vinculados con adolescentes en conflicto con la ley penal.

La estadística a la que accedió El Litoral comprende el período que va desde el 21 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 y permite observar, además del volumen de casos, cuáles fueron los delitos que concentraron la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De ese total, 582 ingresos correspondieron a adolescentes punibles, es decir, el 40,2%. Los restantes 865 ingresos se vincularon con adolescentes que no integraban ese universo, pero que pasarán a componerlo casi en su totalidad a partir de este 5 de septiembre.

Delitos contra la propiedad, al frente

Dentro de los hechos considerados prioritarios por la Fiscalía General que dirige la Dra. María Cecilia Vranicich, los delitos contra la propiedad sin utilización de armas de fuego fueron los que registraron mayor cantidad de ingresos: 415 casos durante el período analizado para Santa Fe, su área metropolitana y los departamentos Las Colonias, San Justo, Garay, San Jerónimo y San Javier.

La estadística se completa con 69 investigaciones por delitos cometidos con armas de fuego. Esta categoría comprende amenazas calificadas, tenencia o portación ilegítima de armas, robos agravados y otros delitos en los que intervino un arma de fuego.

En tanto, se registraron 90 ingresos por delitos contra la integridad sexual: 43 correspondieron al período comprendido entre el 21 de junio y el 31 de diciembre de 2025, mientras que otros 47 fueron contabilizados durante el primer semestre de 2026.

Los homicidios y tentativas de homicidio sumaron nueve casos: siete durante la segunda mitad de 2025 y dos entre enero y junio de este año.

También se registraron 18 ingresos vinculados con delitos de microtráfico, todos correspondientes a 2026. Esta última categoría comprende, en términos generales, las investigaciones por infracciones a la Ley Nacional 23.737 que ingresaron dentro del ámbito de actuación de la Fiscalía.

Los rubros no deben interpretarse como compartimentos estancos: un mismo hecho puede reunir más de una de las características relevadas. Por ejemplo, un delito contra la propiedad puede, a la vez, haber sido cometido con un arma de fuego.

Nueva sede

El nuevo sistema también implicó una reorganización física y funcional de los equipos que intervienen en los procesos penales adolescentes.

En la ciudad de Santa Fe, la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) funciona en el edificio de 25 de Mayo 2323, frente a la plazoleta Blandengues, donde se concentra el trabajo de los fiscales especializados y del personal que acompaña las investigaciones.

La unidad de la Primera Circunscripción está integrada por los fiscales Ana Laura Gioria y Francisco Cecchini.

El espacio fue refuncionalizado específicamente para el funcionamiento del equipo y cuenta con puestos de trabajo individuales y boxes destinados a entrevistas. Entre estos últimos, se dispusieron espacios con mayor privacidad para la atención de víctimas de delitos cometidos por adolescentes.

La sede fue inaugurada formalmente el 30 de julio de 2025, poco más de un mes después de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, como parte de la estructura especializada que el Ministerio Público de la Acusación dispuso para el nuevo sistema.

Una estructura especializada

Según consta en la página oficial del MPA, la estructura provincial se completa con las Uferpa de las restantes regiones:

-En Rosario -Circunscripción 2º- actúan Mariana Caratozzolo, Romina Cocomazzi, Ernesto Ducasse, Virginia Ana Gabenara y Carlos Gabriel Álvarez;

-En Venado Tuerto -Circunscripción 3º-, Marianela Montemarani Menna;

-En Reconquista -Circunscripción 4º-, María Mercedes Del Sastre; y

-En Rafaela -Circunscripción 5º-, Carina Gerbaldo.

La coordinación general de las Uferpa está a cargo del fiscal rosarino Luis Antonio Schiappa Pietra.

Los datos corresponden al primer año de funcionamiento del esquema implementado en la provincia a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen procesal especializado.

En ese período, la Fiscalía General estableció además una serie de fenómenos delictivos como objetivos priorizados para la persecución penal, entre ellos los delitos contra la integridad sexual, homicidios y tentativas, delitos contra la propiedad, hechos con armas de fuego y microtráfico.

Números de la Defensa

El Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa presentado en mayo ante la Legislatura por la Dra. Estrella Moreno Robinson aporta otra referencia sobre el funcionamiento del sistema, aunque con un alcance diferente: sus cifras corresponden al conjunto de la provincia y al período informado por ese organismo.

Durante 2025, la Defensa Pública intervino en 243 audiencias imputativas y en 446 audiencias vinculadas con medidas cautelares dentro del fuero penal juvenil. Además, informó la finalización de 124 legajos y registró la asistencia de 873 adolescentes en conflicto con la ley penal.

El informe también señaló como uno de los desafíos pendientes la consolidación de mecanismos vinculados con la justicia restaurativa, dentro de un sistema que busca diferenciar el tratamiento de los adolescentes respecto del régimen penal de adultos.

La estadística de la Fiscalía Regional 1, en tanto, permite establecer el primer registro anual completo del funcionamiento de la persecución penal adolescente en la Circunscripción Judicial N° 1: 1.447 ingresos, de los cuales 582 —cuatro de cada diez— correspondieron a adolescentes punibles.

Una reforma que llevó años

El sistema que comenzó a funcionar el 21 de junio de 2025 es el resultado de un proceso legislativo que atravesó distintas etapas y gestiones. El 30 de noviembre de 2023, la Legislatura santafesina sancionó la Ley 14.228, que creó el nuevo Código Procesal Penal Juvenil y reemplazó el régimen establecido por la Ley 11.452.

La norma estableció el paso a un modelo acusatorio especializado, con investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación, intervención de jueces y participación del entonces Servicio Público Provincial de Defensa Penal, además de reglas específicas para adolescentes en conflicto con la ley penal. También derogó el régimen anterior de la Ley 11.452.

La implementación, sin embargo, demandó más tiempo. El gobernador Maximiliano Pullaro vetó parcialmente el artículo referido a la vigencia y extendió el plazo para poner en marcha el nuevo régimen.

En noviembre de 2024, el Ejecutivo prorrogó nuevamente por 180 días su entrada en vigencia. Finalmente, el Código comenzó a regir el 21 de junio de 2025, dando paso al esquema que un año después permite realizar este primer balance estadístico.