Condenaron a un hombre por desviar al mercado negro una pistola que había comprado legalmente

Un hombre de 34 años fue condenado este lunes en Santa Fe luego de admitir que había entregado a un tercero una pistola calibre .380 que había adquirido como legítimo usuario de armas de fuego.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por la fiscal Juliana González y el defensor Raúl Sartori y aceptado por el juez Pablo Busaniche, en una audiencia realizada en la Sala 6 de los Tribunales locales.

Pablo Sebastián Pilotti había comprado el 19 de septiembre de 2025 una pistola semiautomática Bersa calibre .380, que quedó registrada a su nombre ante el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo en el que figura como legítimo usuario con credencial vigente hasta febrero de 2030.

Según la acusación, la adquisición tuvo como verdadero objetivo desviar posteriormente el arma hacia el mercado ilegal mediante su entrega a una persona que no contaba con autorización para tenerla. La pistola no fue encontrada durante el allanamiento realizado el 20 de agosto pasado en el domicilio de calle Marcial Candioti al 6600, donde Pilotti fue detenido.

La Fiscalía sostuvo que no existía una denuncia por robo o extravío del arma ni constancia de que hubiera sido entregada en préstamo a otro legítimo usuario. Por eso, encuadró la conducta en el delito de provisión ilegal de arma de fuego, en carácter de autor, previsto en el artículo 189 bis, inciso 4, del Código Penal.

Durante la investigación, Pilotti explicó que había entregado la pistola a un conocido al que identificó únicamente como Alexis, vecino de la zona de Alberti y Marcial Candioti. Dijo que se la había dado porque al hombre le habían entrado a robar a pocas cuadras de su casa y que inicialmente se la iba a comprar, aunque luego afirmó que terminó prestándosela.

Cuando fue interrogado sobre la identidad completa del destinatario, dijo no recordar su apellido y manifestó que no quería aportar más datos por temor.

Pistola recuperada

La pistola finalmente fue recuperada después de la audiencia imputativa. El 28 de agosto, personal de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas se presentó en la vivienda de calle Marcial Candioti y retiró la Bersa, que fue entregada por la madre del condenado, en presencia de dos testigos.

Ese elemento tuvo un peso particular en el acuerdo alcanzado entre las partes. La Fiscalía también solicitó el decomiso y la destrucción del arma, medida que deberá concretarse a través del RENAR, conforme a la normativa vigente.

A su vez, el arma fue sometida al Sistema Automatizado de Identificación Balística (SAIB), cuyo resultado fue negativo. Es decir, no se detectó correspondencia con material balístico secuestrado en escenas de otros hechos ilícitos.

La fiscal González explicó a El Litoral que esos elementos fueron considerados al momento de definir la pena. Destacó la ausencia de antecedentes condenatorios, que se trató de una única arma, que finalmente fue recuperada y puesta a disposición de la Justicia y que no se verificó su utilización en otro delito.

Un año en suspenso

Por el delito de provisión ilegal de arma de fuego, las partes acordaron una pena de un año de prisión de ejecución condicional, propuesta que fue aceptada por el juez Busaniche.

La condena también contempla una inhabilitación especial durante diez años para la habilitación ante el RENAR en materia de tenencia y portación de armas de fuego.

Además, durante dos años deberá cumplir reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria; no concurrir a clubes o polígonos de tiro ni practicar esa actividad; y abstenerse de gestionar, obtener o renovar cualquier autorización vinculada con la adquisición, préstamo, tenencia, portación, transporte o uso de armas de fuego.

También deberá abstenerse del consumo excesivo de alcohol y de estupefacientes, y adoptar un oficio, profesión o actividad laboral adecuada a sus capacidades.

La fiscal González consideró que la solución acordada resultaba adecuada por las circunstancias particulares del caso y por la rápida recuperación del arma. El defensor Sartori, por su parte, confirmó que Pilotti se encontraba detenido en la cárcel de Recreo y que, a partir de la condena de ejecución condicional, recuperaría la libertad en las horas siguientes.

Una causa que continúa

La resolución de este lunes no cerró toda la investigación sobre el circuito de armas que dio origen al expediente. El proceso continúa respecto de Luciano Alejandro Varino, quien permanece imputado por delitos contra la seguridad pública, entrega indebida de arma de fuego calificada y entrega habitual.

La pesquisa había comenzado a partir de una investigación sobre presuntos desvíos de armas adquiridas legalmente y alcanzó a distintos usuarios registrados. En el caso de Varino, la Fiscalía le atribuye hechos vinculados con cuatro pistolas que figuraban a su nombre, una denuncia de robo que la acusación considera falsa y otros movimientos de armas relacionados con Salvador Alejandro Émmolo.

La fiscalía sostiene que ese entramado pudo haber sido utilizado para insertar armamento adquirido legalmente en el circuito clandestino.