Santa Fe: los puntos clave que impulsa Jatón para un nuevo pacto de ética pública en el Estado local

¿Cuál es el valor que puede tener un regalo que recibe un funcionario? ¿Se puede contratar a un familiar? ¿Es compatible que un funcionario trabaje de forma privada? ¿Deben ser públicas las declaraciones juradas de todas las personas que trabajan en el Estado? Estas son algunas de las líneas que se abordan con el proyecto de Ordenanza de Ética Pública que el intendente Emilio Jatón envió este miércoles al Concejo Municipal. La norma alcanzará al personal del escalafón político, del resto de los escalafones, sean permanentes o temporarios, tanto del Departamento Ejecutivo Municipal, como del Concejo, el Tribunal de Cuentas y los entes autárquicos.

“El proyecto de Ordenanza de Ética Pública está entroncado dentro de las políticas de transparencia de la actual gestión municipal y tiene como desafío o pretensión poner en diálogo a la ciudad de Santa Fe Capital con el resto del país y con el resto de las ciudades argentinas que, efectivamente, han dado un paso significativo en esto. Hoy la ciudad está atrasada en ese marco”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Federico Crisalle.

Y siguió: “Si bien hubo una serie de iniciativas en el Concejo Municipal con distintos proyectos, nunca hubo un envío de un proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal. Así que ya estamos dando un primer paso importante pero, claramente, esto no agota la política de transparencia, ni garantiza que no haya problemas, lo que pone es un estándar de calidad en la gestión y una exigencia mayor a quienes trabajamos de distintas maneras en nombre y para el municipio”.

La iniciativa tiene distintas partes que abordan ejes centrales para garantizar transparencia en todos los actos y actividades de la Municipalidad de Santa Fe. En primera instancia establece el alcance general de las norma, luego los Principios y Deberes Éticos; el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses; el Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Intereses; la Autoridad de Aplicación; y las Disposiciones Complementarias y las Transitorias.

“Esta declaración de deberes de ética pública dialoga mucho con la Ley Nacional de Ética Pública y con sus proyectos de modificación. Establece una regla antinepótica que pretende evitar las designaciones de familiares en áreas donde se desempeñan las funcionarias y funcionarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y, cuanto más alto sea el cargo, más gravosa es esa imposibilidad de asignar a un familiar en el proyecto de la ordenanza”, detalló Crisalle.

En síntesis, ningún funcionario, funcionaria o cargo jerárquico de planta puede designar a un familiar suyo en el área en que se desempeña, si se tiene capacidad de incidencia en esa contratación, concurso, selección o en el dictamen. Para quienes cobren un salario equivalente o superior al de un subsecretario o subsecretaria esa prohibición se extiende durante todo el plazo en el que estén en el cargo. Quienes no cumplan con los postulados de la ordenanza deberán enfrentar sumarios administrativos y las sanciones que allí se definan. En los casos más graves se puede llegar al cese de funciones.

Intereses y presentes

Una de las mayores innovaciones del proyecto enviado por el intendente Emilio Jatón apunta a ampliar la presentación de declaraciones juradas e incorpora el concepto de “intereses” como un tema a declarar por quienes vayan a trabajar en la función pública. Si se aprueba, quienes no presenten el informe sobre su patrimonio en el plazo establecido serán sancionados con la retención de sus haberes, en principio, pero las penas pueden incrementarse si el incumplimiento continúa. Además esos informes, sin los datos sensibles, serán públicos y estarán a disposición en el Portal de Transparencia de la Municipalidad.

“Es muy importante la incorporación de los intereses porque no solamente nos preocupa que presentemos el patrimonio a la comunidad que tiene cada uno de los funcionarios (en un sentido amplio del término) sino que tampoco queremos que colisionen los intereses personales, ni la propia historia del funcionario, con los intereses del bien público”, detalló Crisalle.

A modo de ejemplo, un abogado o abogada deberá dar cuenta de a quiénes ha representado, si trabajó para alguna empresa, fue parte de alguna institución o cualquier dato que sea relevante para conocer cuáles pueden ser los intereses de esa persona. Para esto la Declaración Jurada incorpora –además de las cuestiones patrimoniales– un apartado de antecedentes formativos y laborales pero también de vinculación comunitaria de cada persona para transparentar su trayectoria ante la ciudadanía.

Por otro lado se detallan las situaciones que constituyen incompatibilidades. “Las inhabilidades determinan quién no está habilitado para ser funcionario público. Por ejemplo, quienes tienen delitos probados con sentencias firmes en materia de lesa humanidad o violencia de género. La gravedad de esto tiene que ver con un miramiento ético o un miramiento de intereses”, agregó el secretario de Gobierno de la Municipalidad.

“Tampoco se puede trabajar para dos funciones –continúa Federico Crisalle–. O sea, no se puede estar en el Estado y, al mismo tiempo, defender intereses que colisionan con el Estado. Por ejemplo, ser dueña de una empresa que es proveedora porque las lógicas son distintas. El privado busca generar dinero y el Estado gastarlo de la mejor manera posible en beneficio a la comunidad. Es muy complejo que eso no colisione, entonces directamente se ponen una serie de incompatibilidades que son las estándares”.

Y, finalmente, la norma incorpora un régimen sobre cuestiones más protocolares como los regalos, donaciones o presentes que pueden aceptar las y los funcionarios. En ese apartado establece que el costo de los mismos no puede superar las 300 unidades físicas –hoy eso ronda los 15.000 pesos– y que todos los elementos que se reciban deberán inscribirse en el Registro nacional de Obsequios y Viajes.

Austeridad y transparencia

La gestión de Emilio Jatón impulsó, desde el comienzo, una serie de medidas para garantizar el acceso a la información pública y desarrolló un portal de Transparencia en el que se publican no sólo los datos del personal político y de planta sino también los llamados a licitación, las compras y contrataciones y una gran cantidad de datos que tienen que son de interés para las y los santafesinos. Con esta norma se apunta a dar un paso que formalice esa visión de la política pública.

Consultado sobre por qué se toma la determinación de impulsar una ordenanza de estas características, Crisalle respondió: “Porque no había pasado hasta ahora. No tiene mucho sentido que en el siglo XXI esto no exista. Estamos discutiendo datos abiertos pero todavía no teníamos una ordenanza de ética pública. Estamos haciéndolo porque tenemos una convicción sobre la austeridad y la transparencia. Creemos que esto eleva el estándar de calidad de la gestión, de la nuestra y de todas las que vengan, y recuperar la confianza de la comunidad en las y los servidores públicos”.

Por último, descartó que pueda haber resistencia a la aprobación de la norma. Por el contrario auguró un debate que pueda enriquecer la letra final de la norma. “El intendente lo presentó en el Recinto, el día que inauguraron las sesiones ordinarias, y sobre esto, inclusive, hay mucho escrito, hay un montón de normativa comparada que ha sido base para la ordenanza como la reglamentación de Córdoba, la de Rosario, la de CABA, la de Bahía Blanca, la ley nacional y la ley provincial. Seguramente, los proyectos son mejorables en el marco de las instancias de trabajo que tienen las y los concejales porque eso es lo que enriquece a la política”, concluyó.