Ley antideforestación de la UE: qué cambia desde diciembre y cómo puede afectar a Argentina

La cuenta regresiva para una nueva exigencia comercial de la Unión Europea ya comenzó. El Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, conocido como EUDR, establece nuevas condiciones para determinadas materias primas y productos que ingresen al mercado comunitario.

Desde el 30 de diciembre de 2026, los grandes y medianos operadores deberán cumplir plenamente con el sistema de diligencia debida previsto por la norma. Para las micro y pequeñas empresas, el plazo general se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Para la Argentina, el cambio tiene especial importancia porque entre las cadenas alcanzadas están la soja, el ganado bovino y la actividad forestal, sectores con presencia en las exportaciones nacionales hacia Europa. El propio Gobierno argentino identificó esas tres cadenas como las principales afectadas por la regulación.

La norma no establece que un producto argentino quede automáticamente excluido del mercado europeo.

El punto central es otro: quienes comercialicen determinados productos deberán poder demostrar que fueron producidos legalmente y que no provienen de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Para ello, deberán reunir información sobre el origen y cumplir con un procedimiento de diligencia debida.

El punto central es otro: quienes comercialicen determinados productos deberán poder demostrar que fueron producidos legalmente y que no provienen de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Para ello, deberán reunir información sobre el origen y cumplir con un procedimiento de diligencia debida.

Qué exige la nueva norma europea

El EUDR alcanza a siete materias primas consideradas vinculadas con la deforestación: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados incluidos en el reglamento.

El objetivo declarado por la Unión Europea es reducir la contribución del consumo europeo a la deforestación y la degradación de los bosques en distintas partes del mundo. Para eso, la normativa establece condiciones que deberán cumplir los productos antes de ser introducidos o comercializados en el mercado europeo.

En términos simples, un exportador no podrá limitarse a declarar de qué país procede la mercadería. La cadena deberá contar con información suficiente para demostrar dónde fue producida la materia prima, que la producción se ajustó a la legislación correspondiente y que no existió deforestación posterior a la fecha de corte establecida por la UE.

El sistema contempla tres pasos principales. Primero, reunir información, datos y documentación sobre el producto y su origen. Luego, evaluar el riesgo de incumplimiento. Finalmente, cuando corresponda, aplicar medidas para reducir ese riesgo. Si el operador concluye que el producto cumple con los requisitos, deberá presentar una declaración de diligencia debida en el sistema de información de la Comisión Europea.

Por eso, la discusión sobre la norma no se reduce a estar o no estar “anotado”. No existe un simple registro que habilite automáticamente a una empresa a exportar. Lo que exige el sistema europeo es que los operadores puedan respaldar cada operación alcanzada con la información y las declaraciones correspondientes.

La Comisión Europea también estableció una clasificación de países según el riesgo de deforestación: bajo, estándar y alto. Esa clasificación influye sobre el nivel de controles y el procedimiento de diligencia debida que deberán aplicar los operadores.

La Argentina actualmente aparece en la documentación oficial argentina como un país al que la UE asignó una categoría de riesgo estándar. En mayo de 2025, el Gobierno argentino cuestionó esa decisión y sostuvo que el país debería ser considerado de bajo riesgo. Para respaldar ese planteo, presentó información sobre las cadenas de soja, carne bovina y sector forestal.

Qué puede cambiar para las exportaciones argentinas

El impacto potencial está relacionado principalmente con la capacidad de las empresas y de las cadenas productivas para demostrar el origen y la trazabilidad de la mercadería.

La nueva normativa no establece simplemente un registro de empresas argentinas habilitadas para exportar a Europa. El punto central es que los operadores que comercialicen productos alcanzados por el reglamento deberán contar con la información necesaria para demostrar que esos productos cumplen con las condiciones establecidas por la Unión Europea.

Esto puede generar una diferencia entre proveedores que ya cuentan con sistemas de identificación, trazabilidad y documentación suficientes y aquellos que todavía deben adaptar sus procesos. En la práctica, podría producirse una diferenciación dentro del mercado exportador entre las cadenas capaces de acreditar el cumplimiento de las exigencias europeas y aquellas que tengan dificultades para hacerlo.

La diferencia puede ser relevante para la Argentina porque la Unión Europea identificó a la soja, el ganado bovino y la madera entre las principales cadenas alcanzadas en el país. En cada una de ellas será necesario poder vincular la mercadería con su lugar de producción y aportar la información requerida por el sistema europeo de diligencia debida.

La Argentina ya trabaja en herramientas destinadas a facilitar ese proceso. En junio de 2026, el Senasa informó la puesta en marcha de un mecanismo mediante el cual los productores pueden autorizar el acceso a información de sus datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Ese registro identifica a los productores y permite geolocalizar los establecimientos, información que puede contribuir a demostrar el origen de la producción ante las exigencias del EUDR.

El Gobierno también señaló que continuará impulsando esquemas de trazabilidad y certificación para los exportadores de soja, carne, madera y sus derivados, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado europeo.

Para los productores y exportadores, esto puede significar mayores necesidades de información, coordinación y documentación a lo largo de toda la cadena. En el caso de la carne y la soja, por ejemplo, la trazabilidad debe permitir vincular el producto exportado con su origen productivo.

En la actividad forestal, el desafío se relaciona con la identificación del lugar de producción y las condiciones en las que se obtuvo la materia prima.

El propio Gobierno argentino reconoció que las nuevas regulaciones ambientales internacionales representan desafíos para los distintos eslabones de las cadenas productivas y pueden exigir modificaciones en procesos, incorporación de tecnología y desarrollo de mecanismos de diferenciación.

El escenario adquiere todavía más relevancia por el vínculo comercial entre Argentina y la Unión Europea. En enero de 2026, ambos bloques firmaron el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE. Según Cancillería, la UE es un mercado estratégico para las exportaciones argentinas y el acuerdo apunta a ampliar el acceso de productos del Mercosur al mercado europeo.

Por eso, el EUDR aparece como un requisito adicional que los exportadores deberán contemplar en ese mercado. La Argentina sostiene que sus productos presentan un riesgo de deforestación bajo y trabaja para que esa condición sea reconocida por la Unión Europea. Mientras tanto, el objetivo inmediato es evitar que las nuevas exigencias generen interrupciones en las ventas externas y fortalecer los sistemas nacionales de trazabilidad.

La entrada en aplicación del reglamento, entonces, no significa que las empresas argentinas que no estén inscriptas en un determinado registro queden automáticamente fuera del mercado europeo. El desafío será poder demostrar que cada producto alcanzado cumple con las condiciones exigidas por la normativa.

De esta manera, el cambio puede favorecer a las empresas y cadenas que ya tengan sistemas de trazabilidad consolidados y documentación suficiente, mientras que aquellas que todavía no cuenten con esa información deberán adaptar sus procesos para poder continuar operando con el mercado europeo.