Portación de apellido mata idoneidad y mérito

El Consejo de la Magistratura de la Nación es uno de los nuevos actores introducidos en el ordenamiento constitucional argentino tras la reforma de 1994.

Junto con instituciones como el Jefe de Gabinete de Ministros, el tercer senador por la minoría, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, esta innovación buscó -según coinciden la doctrina especializada y el espíritu del Pacto de Olivos- atenuar el régimen presidencialista, fortalecer al Congreso y asegurar de forma definitiva la independencia del Poder Judicial, dotando de mayor eficacia a la gestión pública.

En ese marco, el artículo 114 de la Ley Fundamental le encomendó explícitamente al Consejo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

Dicha elección, implica un proceso complejo: el cuerpo selecciona a los postulantes mediante concursos públicos de antecedentes y oposición (artículo 114, inciso 1) para luego remitir propuestas en ternas vinculantes al Poder Ejecutivo (artículo 114, inciso 2).

Finalmente, es el Senado el que debe prestar su acuerdo a la propuesta presidencial en audiencia pública (artículo 99, inciso 4), instancia soberana donde se evalúa y ratifica la idoneidad del candidato.

Sin embargo, en los últimos días asistimos a un hecho institucionalmente inusual y alarmante. El Poder Ejecutivo solicitó al Senado la devolución de un pliego que este ya había enviado y que, como dicta la norma, había superado con éxito todas las instancias previas en el Consejo y en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.

En ambos ámbitos la postulante demostró su idoneidad, no recibió impugnación alguna y obtuvo el dictamen favorable, quedando expedita para su tratamiento en el recinto. Semejante marcha atrás, por su gravedad institucional, merecía una explicación pública y fundada que jamás se brindó.

En efecto, el Ejecutivo retiró el pliego que nominaba a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata sin esgrimir razones legítimas. Al parecer, la decisión no obedece a una falta de mérito, ni pone en duda su idoneidad técnica o ética, como tampoco cuestiona sus antecedentes académicos o su carrera judicial.

El motivo real sería, lisa y llanamente, su parentesco con un prestigioso periodista cuyas investigaciones sobre presuntos actos de corrupción incomodan al oficialismo. Una de dos. Si esto se confirma, estamos ante una manifiesta arbitrariedad y un evidente abuso de poder.

Pero, además, se sienta un precedente sumamente peligroso: el uso del aparato estatal para castigar de forma indirecta la libertad de prensa. Una sana convivencia republicana exige fortalecer la labor periodística y la independencia judicial, jamás condicionarlas. La sociedad civil, perpleja ante este atropello, no tardó en reaccionar.

Organizaciones no gubernamentales como Será Justicia advirtieron que se trata de una maniobra inaceptable que no solo afecta un proceso de selección regular, sino que trasunta un ataque directo a un pilar de nuestro sistema republicano, resultando de dudoso apego a las normas reglamentarias y a la división de poderes.

En sintonía, abogados de la agrupación Reset Republicano promovieron una denuncia penal por presunto abuso de autoridad. Ante esto, un fiscal federal solicitó la apertura de una investigación penal invocando la Ley Antidiscriminación (N° 23592), bajo el argumento de que constituye un delito excluir a una persona de un cargo público por motivos ajenos a su idoneidad, como lo es el lazo de parentesco.

Como advirtió con acierto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el retiro de un pliego por parte del Poder Ejecutivo es una práctica discutible que debe aplicarse de modo restrictivo, máxime cuando ya cuenta con dictamen de comisión. En tales circunstancias, corresponde al pleno del Senado aceptar o rechazar dicho retiro, evaluando críticamente los motivos para evitar abusos de poder.

Aún queda una luz de esperanza en el Senado, donde la mayoría del arco político parece dispuesta a defender el pliego que el Ejecutivo pretende sepultar por este "pecado familiar", como bien lo bautizó Luciano Román.

En este conflicto no solo está en juego la designación de una magistrada; lo que realmente se debate son los límites del poder frente a los ciudadanos. Si claudicamos ante la arbitrariedad, lo que desaparece es la República.

"Sería inconstitucional" (*)

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que cuando el Poder Ejecutivo envía pliegos al Senado ya "no hay vuelta atrás", por lo que consideró que el retiro del pliego de la la candidata a jueza María Verónica Michelli, como pretende el gobierno nacional, "sería inconstitucional".

La opinión del especialista en Derecho Constitucional se da en medio de la polémica por la intención del gobierno de retirar los pliegos de magistrados que deberían tratarse en la sesión del próximo jueves en el Senado, ya que no quiere que se avance con la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata, por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, una pluma crítica de la gestión de Javier Milei.

"El Senado, cuando llega el pliego, puede no tratarlo nunca porque no tiene plazo, puede tratarlo y darle el acuerdo, y puede tratarlo y rechazarlo, como ocurrió con (Ariel) Lijo y (Manuel) García Mansilla. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es retirar los pliegos, y lo que no puede hacer el Senado es devolverlos al Poder Ejecutivo. No hay vuelta atrás", explicó Gil Domínguez,

Sin dejar de puntualizar que "cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, luego no puede decir 'lo retiro' porque ya eligió".

"El Senado puede aceptar el pliego o rechazarlo. Constitucionalmente, no se pueden retirar los pliegos que el Poder Ejecutivo ya envió al Senado, pero no es una práctica que se le ocurrió a Karina Milei; es una práctica que muchos gobiernos han hecho de forma inconstitucional", equiparó.

No obstante, Gil Domínguez reconoció que "en este caso la gravedad se profundiza porque, si los motivos son por la ideología de la candidata o de algún familiar de la candidata, ya estaríamos hablando de una situación de discriminación basada en la opinión política".

"Muchos gobiernos han retirado los pliegos de forma inconstitucional. Muchas veces, lo que uno observa en lo que sucede con el gobierno de Milei, es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo. No es que hay una ruptura con prácticas constitucionales, sanas y éticas, sino la exacerbación de prácticas inconstitucionales", amplió.

(*) Entrevista realizada por Luisa Valmaggia para Radio Splendid, replicada por Noticias Argentinas y adaptada para su publicación en El Litoral.