Lucha contra el narcotráfico: una perspectiva desde la salud mental comunitaria

El 26 de junio fue el Día de la Lucha contra el Narcotráfico. Como cada año para esta fecha, nos quieren sentar a discutir el rating de los búnkeres derribados y el conteo de la gendarmería en las avenidas. Pero como especialistas en salud mental comunitaria, como psiquiatras que elegimos la salud social antes que el encierro del consultorio, no nos podemos quedar en la superficie de la retórica punitiva.

Estamos obligados a desarmar ese discurso que reduce el dolor de nuestros barrios a un problema de seguridad interior, para poner sobre la mesa lo que verdaderamente importa: una perspectiva de salud integral y ampliada. El escenario político actual, tanto el que sufrimos a nivel nacional como el que nos toca gestionar en nuestra provincia de Santa Fe, nos escupe una contradicción feroz.

Nos venden la espectacularización del combate al narcotráfico y al microtráfico, meten mano dura, desfederalización penal y despliegue policial en las esquinas, creyendo con total ingenuidad -o cinismo- que vaciar el territorio de sustancias va a curar mágicamente el sufrimiento psíquico de la población.

La paradoja es perversa: mientras el discurso oficial endurece el garrote contra el delito, las estructuras reales que sostienen la vida -la salud pública, los presupuestos comunitarios de salud mental, el empleo, la educación y los lazos barriales- sufren un ajuste y un desfinanciamiento que nos deja a pie.

Si la Nación desmantela los determinantes sociales y nos quita los derechos básicos, no hay red territorial ni dispositivo provincial, por más que le pongan buena voluntad o inauguren un cartel nuevo, que alcance a contener semejante marea.

Querer tratar los consumos problemáticos solo con patrulleros o volviendo al viejo paradigma médico-hegemónico de la abstinencia forzada es no entender nada de las condiciones estructurales que empujan a un pibe o a una piba a prenderse a una sustancia.

Cuando la adicción y el narcotráfico colonizan un barrio, el impacto real no se mide en los kilos de droga que muestra la televisión, sino en el dolor cotidiano que vemos tallado en la trama humana que sostenemos a diario.

Lo vemos en los cuerpos de nuestros pacientes, que son el primer territorio donde impacta la exclusión; cuerpos desgastados por sustancias adulteradas, expuestos a la violencia de la calle, a la desnutrición y al rebote constante de un sistema asistencial que les cierra la puerta, transformándolos en existencias de desecho para la narrativa oficial.

Lo vemos en las familias que recibimos en los servicios, atrapadas en un laberinto de desesperación, culpa y desamparo absoluto; son las madres y las abuelas las que se cargan el cuidado al hombro en los pasillos, mendigando un turno en nuestros efectores desbordados, mientras sus hogares se desangran por el miedo y la dolorosa pérdida de cualquier expectativa de futuro para sus hijos.

Frente a esta desidia planificada del Estado, son los movimientos barriales, las ollas populares y los comedores comunitarios los que se convierten en el verdadero sostén de la vida en el territorio, asumiendo una tarea de cuidado, alimentación y trinchera afectiva que las instituciones abandonaron, transformándose en la última frontera contra el desamparo total.

Todo esto termina provocando una deshumanización brutal del lazo social, donde el transcurrir diario en el barrio empieza a regirse por la ley de la supervivencia económica y la informalidad más violenta, haciendo que el miedo desplace a la confianza, el encierro reemplace al espacio público y los códigos históricos de vecindad y solidaridad se erosionen por completo.

Como profesionales de la salud mental tenemos que plantarnos: la adicción no es un fracaso moral ni un delito individual, es el síntoma de un lazo social quebrado y de un Estado que se retira del cuidado para volver únicamente con la fuerza del uniforme.

La salida a esta crisis comunitaria y sanitaria no va a venir jamás de la mano de la militarización ni de seguir estigmatizando a los pibes que consumen. El camino exige un compromiso comunitario profundo y una exigencia tajante de la responsabilidad indelegable del Estado.

Por un lado, el Estado -en todos sus niveles- debe asumir que su rol principal no es ser gendarme, sino garantizar vidas que merezcan ser vividas.

Eso se traduce en presupuesto real y constante para implementar de una vez por todas la Ley Nacional de Salud Mental, en fortalecer de verdad nuestros centros de salud de atención primaria, en poner guita en infraestructura comunitaria, en enviar los alimentos que corresponden a los comedores y en generar laburo y educación genuina, porque la salud no puede ser una mercancía ni la variable de ajuste de ningún gobierno.

Por el otro lado, nosotros -los trabajadores del campo de la salud, las organizaciones sociales, las cocineras de los comedores, las escuelas de la zona, los clubes de barrio y cada vecino- tenemos que articular y potenciar esa red afectiva que ya viene bancando la parada, para volver a humanizar lo que el mercado de la pasta base y el abandono estatal deshumanizan todos los días, abriendo espacios de escucha sin juzgar y devolviéndole la palabra a los que el sistema prefiere mudos.

La lucha contra el narcotráfico va a seguir siendo una puesta en escena y una batalla perdida mientras no entendamos que detrás de cada consumo hay un dolor profundo que necesita ser alojado por la comunidad y un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.

Alojar ese sufrimiento, reconocer el laburo de los movimientos que sostienen el territorio in la emergencia, cuidar a los equipos que cuidan y curar el lazo social es, en el fondo, la única política sanitaria que verdaderamente transforma.

El autor es médico especialista psiquiatra.