El mileísmo ensaya la defensa definitiva de Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal

Como era de prever, el nombre de Manuel Adorni volvió a la palestra debido a que se acercan las definiciones en torno a sus bienes y a los de su esposa Bettina Angeletti. En ese paquete están las conclusiones que de sus declaraciones juradas saque la Oficina Anticorrupción (OA) y la justicia federal a través del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan el origen de esos patrimonios, que tienen el agregado de que están relacionados a la figura de un alto funcionarios público -nada más y nada menos que el jefe de Gabinete de la Nación- bajo la figura del Enriquecimiento Ilícito.

Con ese mar de fondo, el ministro coordinador y su pareja se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal (N° 27.799) que gestiona la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y que permite que el contribuyente quede exceptuado de informar sus consumos personales y la evolución de sus bienes al inicio y al cierre de cada año. A diferencia de los blanqueos de capitales tradicionales que llevaron adelante diversas administraciones centrales, esta normativa permite ingresar en este esquema a quienes forman parte de la administración pública.

Explicaciones oficiales

En este contexto, y a través de declaraciones que fuentes del Gobierno nacional dejaron circular desde temprano, Adorni salió a decir que él y su cónyuge no entraron a ningún blanqueo, apuntando a las diferencias entre el régimen en el que el matrimonio se ha inscripto y los blanqueamientos clásicos. La explicación del mandamás de la jefatura ministerial se basa en que la gestión libertaria promovió un nuevo diseño para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos de la Ley de Procedimiento Fiscal, que tiene por objetivo que, “ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores, protegiendo al común de los argentinos”, que, “asimismo, actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletas”.

En esa declaración oficial filtrada desde la Casa Rosada, se agrega que el dispositivo es solamente “un mecanismo diseñado para facilitar la presentación de DDJJ anuales. En este caso, añade el JGM, la ex AFIP “confecciona una predeclaración jurada y el contribuyente sólo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el sistema”, concluyó.

Críticas y presiones internas y externas

Vale recordar que pese al primer apoyo incondicional que los hermanos Javier y Karina Milei le brindaron a su alfil -que luego mermó públicamente por cuestiones ligadas a la imagen gubernamental- el primer objetivo al que apuntó la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich -a la hora de empezar a diferenciarse de la gestión mileísta- fue al vocero y ministro Adorni. Esto sucedió cuando la ex ministra de Seguridad le reclamó al funcionario que apurara la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Inclusive, redobló la apuesta entregando la suya rápidamente, dejando en offside al vocero que desde el 4 de mayo, cuando brindó su última conferencia de prensa, no puede seguir ejerciendo esa función por la presión que le impuso Comodoro Py con las causas que se presentaron en su contra.

Consultado por El Litoral, un integrante del denominado bullrichismo, sostuvo que “no pareciera conveniente, como mensaje a la sociedad, la estrategia para proteger al jefe de Gabinete". Por fuera de las tensiones endógenas que plantea una aliada gubernamental como Bullrich, que dejó su pertenencia al PRO y se afilió a LLA -pero no es considerada por la mesa chica karinista como una libertaria pura-, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria cuestionó en el Congreso la decisión de los Adorni de adherirse a un régimen, “que impuso su propia gestión y que parece brindarles un grado de impunidad sin precedentes”, le comentó a este diario un dirigente que responde a Cristina Kirchner.

Por su parte, el diputado nacional santafesino de Provincias Unidas, Esteban Paulón, anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a restringir el acceso de funcionarios públicos al régimen de Inocencia Fiscal. Su par y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expuso que “el Gobierno está desmantelando todo mecanismo de control y transparencia porque hay demasiado que ocultar y porque son una banda que se reparte los negocios del Estado". Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legisladora porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, sostuvo en sus redes sociales: "¿Se acuerdan cuando se debatía la aprobación del régimen de inocencia fiscal porque muchos decían que algunos iban a blanquear dinero de la delincuencia? Bueno… al final, la casta eran ellos", remató.