El Gobierno reconoció que debió restituir 150 mil pensiones dadas de baja en las auditorías de ANDIS

Unas 150 mil pensiones que habían sido dadas de baja durante las auditorías masivas terminaron siendo restituidas y sus beneficiarios cobraron los retroactivos. Fue el dato saliente que dejó esta semana el paso de la Secretaría Nacional de Discapacidad por Diputados y que permite dimensionar uno de los problemas que recibió la intervención de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad tras la salida de Diego Spagnuolo y el escándalo judicial que terminó precipitando la reorganización del organismo.

La precisión la aportó Esteban Giler, subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, cuando la oposición volvió sobre las auditorías de pensiones: “Las alrededor de 150.000 pensiones que se dieron de baja se volvieron a dar de alta, se reinstalaron y se pagaron los retroactivos”.

El secretario de Discapacidad Alejandro Vilches había dado, previamente, la clave para leer esa decisión. Aseguró que la nueva conducción no comparte el mecanismo empleado hasta su llegada, basado en citaciones y controles que generaron numerosos reclamos por notificaciones enviadas a domicilios desactualizados o de difícil acceso. “Cuando llegamos nosotros justamente no lo hicimos más”, afirmó. Y marcó la nueva pauta: “Las auditorías y las que van a venir las hacemos persona a persona”.

La reunión tuvo lugar con la oposición presionando de cara al anuncio de una sesión para el 9 de septiembre con la prórroga emergencia en Discapacidad como uno de los dos pilares del temario. El oficialismo, en tanto, buscará un dictamen alternativo, con el que busca convocar a los bloques aliados.

Del fraude denunciado a las bajas revertidas

El contraste no es menor. El proceso de auditorías había sido uno de los principales emblemas de la gestión anterior de ANDIS. En febrero de 2025, el propio Gobierno anunció el envío de las primeras 300 mil cartas documento para controlar más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Vilches, que llegó a la intervención a fines de agosto de ese año, tomó distancia ahora de aquella metodología. Y su equipo terminó aportando el dato sobre las pensiones que obliga a matizar el alcance de las irregularidades que durante meses dominaron el discurso oficial. No confirmaron, sin embargo, si ya se liquidan como fueron enunciadas.

Eso no significa que la intervención no haya encontrado anomalías. Vilches reveló, por ejemplo, que el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas permitió detectar 178.254 personas fallecidas que todavía figuraban con Certificado Único de Discapacidad. Pero inmediatamente introdujo una precisión decisiva: “Eso no quiere decir que estuvieran usando servicios, cobrando pensiones; no estoy hablando de eso”.

El número describe, entonces, un padrón desactualizado. No 178 mil fraudes. A partir de los cruces con RENAPER, ANSES y las propias bases de la repartición se realizaron, según el funcionario, 14.722 auditorías que sirvieron como punto de partida para depurar el registro.

Más de 650 mil expedientes históricos

Florencia Moreira Cinat, directora de Gestión y Asignación de Apoyos, contó que el organismo trabajó sobre más de 650 mil expedientes históricos vinculados con solicitudes de pensiones y que ese universo pudo reducirse en un 52,3%.

Explicó que tampoco se trataba necesariamente de beneficios fraudulentos, sino que eran expedientes que habían quedado abiertos durante años pese a carecer de documentación indispensable —como el certificado médico oficial— y que, al permanecer activos, incluso impedían que las personas iniciaran un nuevo trámite.

Desde el organismo se aseguró que ahora tienen más de 20 mil expedientes ya evaluados circulando hacia una resolución definitiva, ya sea de otorgamiento o rechazo.

La demora sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión. Diputados de distintos bloques opositores llevaron casos de personas que esperan desde hace meses o años una respuesta, mientras desde SENADIS admitieron que los tiempos administrativos todavía están lejos de los que demanda quien necesita una prestación.

Convenios de 2007 y pagos frenados

La exposición no se limitó a las pensiones. En Incluir Salud, el programa que cubre a quienes reciben pensiones no contributivas y dependen exclusivamente del sistema público, la intervención aseguró haber encontrado cerca de 20 mil expedientes de pago frenados y alrededor del 80% de los convenios con prestadores vencidos. Algunos, según Giler, databan de 2007 y 2009.

Vilches sostuvo que hoy la cadena regular de pagos se encuentra en torno de los 60 días desde la facturación, aunque admitió que persisten casos atrasados porque ni siquiera pudo encontrarse el convenio que respaldaba jurídicamente la relación con el prestador.

La fiscalización en terreno también arrojó irregularidades. El secretario reconoció que encontraron establecimientos que directamente no existían en el domicilio donde declaraban prestar servicios. Pero nuevamente puso un límite a la generalización: “Por suerte, no son muchos”.

Ante el pedido opositor para cuantificar qué porcentaje representaban sobre el total, dijo que el organismo cuenta con los datos individualizados y se comprometió a remitirlos.

Sistema de compras bajo observación

Otra consecuencia de la intervención fue el cambio del circuito de compras. Vilches explicó que decidieron centralizarlas precisamente para terminar con “el sistema irregular que tenía la ANDIS” y avanzar hacia licitaciones abiertas, especialmente en medicamentos, prótesis, sillas de ruedas e insumos de alto costo.

Según su exposición, las mayores distorsiones de precios no aparecieron en los medicamentos producidos por un único laboratorio sino en equipamiento e insumos, donde sostuvo que encontraron diferencias “abismales”.

Cuando Unión por la Patria pidió el informe final de la intervención, el detalle de posibles sobreprecios, denuncias, perjuicio fiscal y actuaciones vinculadas con la causa penal que investiga a la gestión anterior, Vilches confirmó que existe un informe de SIGEN y que SENADIS continúa enviando información al expediente judicial. También explicó que el Ministerio de Salud no se constituyó como querellante.