El gobierno de Santa Fe volvió a plantear que la provincia “tiene capacidad para producir más biodiésel y generar empleo. Por eso proponemos un corte del 15 % y una división del mercado que permita convivir a todos los actores”.
Mientras el Senado nacional debate una nueva ley de Biocombustibles, desde la Provincia sugirieron modificaciones. También se impulsa otro proyecto en Diputados, que va en esa misma línea y coincide con informes técnicos.

La definición, en boca del ministro de la Producción, Gustavo Puccini, se produjo en momentos en que senadores del oficialismo impulsan en el Congreso un nuevo proyecto de ley de biocombustibles y a los efectos de reclamar una serie de modificaciones.
La iniciativa parlamentaria propone una transformación del esquema energético argentino, con foco en la desregulación del mercado, el aumento de las mezclas obligatorias y la incorporación de nuevos combustibles vinculados a la transición energética global.
El proyecto pertenece a Patricia Bullrich y plantea sustituir el actual régimen por un sistema “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, habilitando una mayor participación del sector privado y promoviendo nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).
En medio de ese debate, el Gobierno de Santa Fe sugirió varios cambios para fortalecer la producción y ampliar inversiones en el sector. Entre ellas, elevar el corte de biodiésel en surtidores a un 15 %, contra el 7,5 % actual y por encima del 10 % que prevé la iniciativa.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que el escenario internacional potencia el nivel de competitividad de los combustibles renovables frente a los fósiles y genera “una oportunidad inédita”.
Puccini remarcó que “las energías renovables hoy son competitivas y Argentina puede posicionarse como líder en vectores energéticos sustentables. Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas”.
Precisamente, al respaldar el proyecto presentado a nivel nacional, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, alertó sobre la situación crítica que atraviesa el sector del biodiésel en Santa Fe y aseguró que “el 90% de las fábricas están apagadas”.
En declaraciones a Cadena 3, el empresario explicó que la actual ley de biocombustibles “es obsoleta” y no permite que las grandes plantas del Gran Rosario puedan abastecer el mercado interno con precios más bajos que el gasoil importado.
Para la Provincia, el biodiésel representa además una herramienta económica estratégica: reduce importaciones de gasoil, genera ahorro de divisas, sostiene empleo industrial y fortalece economías regionales. Como referencia, recordaron que Brasil avanzará este año con un corte obligatorio del 15 % (B15) y proyecta llegar al 20 % en 2030.
En sintonía con esto, Pablo Farías, diputado santafesino perteneciente al bloque Provincias Unidas y presidente de la comisión de Pymes, afirmó que “Argentina debería estar produciendo todo lo que pueda en biocombustibles y combustibles alternativos, y exportando petróleo. Hoy nos convendría eso y no estar importando cantidades todavía tremendamente grandes de combustibles fósiles”.
Fue luego de la reunión de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, y de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación con el sector de biocombustibles y otras cadenas energéticas argentinas. Farías recordó que actualmente el corte obligatorio “por decreto está establecido en 7,5%” y aseguró que durante el encuentro legislativo hubo coincidencias en avanzar hacia un 15%.
El legislador santafesino explicó que actualmente existen dos iniciativas en discusión: un proyecto presentado recientemente en el Senado por los senadores Patricia Bullrich y Ezequiel Atauche, y otro impulsado en Diputados por Gutiérrez, junto a legisladores de distintos bloques.
“Son esquemas claramente diferentes. El proyecto del Senado propone reemplazar la actual Ley 27.640 con un nuevo marco regulatorio y establece porcentajes de corte inferiores al 10%, mientras que el proyecto de Diputados plantea elevar progresivamente los cortes obligatorios hasta alcanzar el 15% para biodiésel y bioetanol”, detalló.
Precisamente, el principal cuestionamiento santafesino apunta al tratamiento desigual entre bioetanol y biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras se propone una mezcla del 15 % para bioetanol en naftas (E15), se mantiene un tope del 10 % para biodiésel en gasoil (B10).
“Existe una asimetría regulatoria sin sustento técnico. Mantener el corte en 10 % es un retroceso porque no absorbe la capacidad instalada ni incentiva nuevas inversiones. Para atraer capitales y modernizar la industria es indispensable fijar un piso obligatorio del 15 %; la normativa técnica ya permite mezclas de hasta el 20 %”, afirmó Puccini.
En ese sentido, las cinco modificaciones que propone Santa Fe son las siguientes:
1. Subir el corte al 15% y avanzar hacia B20: la Provincia propone elevar inmediatamente el corte mínimo obligatorio al 15% (B15) y habilitar un esquema gradual hasta el 20 % cuando el biodiésel local resulte más competitivo que el gasoil importado.
2. Reservar participación para productores independientes: Santa Fe plantea destinar un 40 % del mercado a empresas no integradas, mediante licitaciones transparentes y límites de participación económica, para evitar concentración y garantizar competencia. El restante 60 % quedaría para industrias integradas y refinadoras.
3. Limitar la discrecionalidad estatal: la propuesta establece que la Secretaría de Energía solo pueda reducir temporalmente los porcentajes obligatorios ante emergencias de abastecimiento y por un máximo de 90 días, con el objetivo de brindar previsibilidad a las inversiones.
4. Incentivar combustibles de nueva generación: se pide incorporar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).
5. Garantizar competencia en materias primas: el planteo busca evitar posiciones dominantes sobre insumos estratégicos, como aceite de soja y metanol, asegurando abastecimiento y reglas de precio transparentes para productores independientes.