Presupuesto, Ficha Limpia, PASO, DNU: lista de pendientes en Diputados y plazo sin definir

El Congreso Nacional está a punto de cerrar, se podría decir, un año "especial", no por la cantidad de leyes aprobadas sino porque ese fue el tenor mayoritario de las sesiones celebradas en este 2024: hay sesiones ordinarias (en días y horarios acordados al inicio del período) y sesiones especiales (pedidas por, al menos, diez legisladores para tratar un tema particular). Y claramente éstas últimas proliferaron en el cronograma parlamentario.

De hecho, este miércoles fue el diputado santafesino Esteban Paulón quien propuso normalizar el funcionamiento de la Cámara en 2025. Fue en el marco de la frustrada reunión para tratar el proyecto de Ficha Limpia que impide a los dirigentes condenados por corrupción ser candidatos a cargos electivos.

Sin quórum (la oposición dura no bajó al recinto y un par de legisladores aliados no participaron por cuestiones de salud), la sesión pedida por Cristian Ritondo (PRO) no impidió las manifestaciones en minoría, varias de ellas referidas al motivo de la sesión. Como el caso de Silvia Lospenato (PRO) quien reseñó el proyecto presentado en 2016, y la trayectoria que éste tuvo a lo largo de los años en la Cámara baja, junto con el apoyo de otras y otros legisladores, en procura de "no tener condenados por corrupción sentados en una banca". La alusión fue más que directa a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, se postule en las elecciones intermedias de 2025.

En un encendido discurso, la diputada confió en que el tema volverá al recinto la semana próxima, al filo del período ordinario de sesiones que concluye el 30 de noviembre.

Es la segunda sesión consecutiva que "cae" en Diputados, luego de la que estaba prevista para el 12 de noviembre para tratar dos temas: la modificación de la ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia, con el fin de poner un límite al Ejecutivo en el uso de este instrumento discrecional, y el rechazo el DNU 846 que habilita al gobierno nacional a un canje de deuda sin pasar por el Congreso. Este último asunto figura en el pedido que diputados de Unión por al Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre hicieron al presidente de la Cámara Martín Menem, para que convoque a una sesión especial el martes próximo a las 15.

En la ocasión se podría pedir, además, la prórroga del período de sesiones ordinarias, que tiene un carácter distinto de las extraordinarias. ¿Por qué? En las primeras, se pueden tratar proyectos impulsados por las y los legisladores. Las extraordinarias son pedidas por el Poder Ejecutivo para un temario específico que este año, según se consigna hasta ahora, sería la reforma electoral con la eliminación de las PASO.

¿Y el Presupuesto?

Otro pedido que se escuchó en la sesión de tono declamativo de este miércoles fue que se trate antes de fin de año el proyecto de Presupuesto nacional 2025, cuya discusión arrancó el 8 de octubre en comisiones, con la presencia de funcionarios del gabinete de Javier Milei, pero quedó trabada a la hora de dictaminar y de trasladar el debate al recinto de sesiones.

Esta semana, el oficialismo suspendió la sesión en la que se iba a tratar el proyecto que el Presidente presentó el 15 de septiembre. Con el período de sesiones ordinarias del Congreso a poco de finalizar, el Gobierno todavía no definió si convocará a extraordinarias para terminar de tratar este tema que es central porque representa la hoja de ruta de la gestión en materia de gastos y recursos, e impacta también en los cálculos de cada provincia.

La discusión quedó trabada por las dificultades para llegar a un acuerdo con los gobernadores, en el marco de unas negociaciones que, precisamente, hicieron que los mandatarios provinciales influyeran en sus legisladores para hacer fracasar la sesión convocada por la oposición para modificar el régimen de los DNU y el decreto de canje de deuda.

El Ejecutivo puso como límite a la discusión el objetivo del déficit cero, y argumentó que las cuestiones planteadas por gobernadores en torno a la coparticipación del impuesto a los combustibles, financiamiento de las cajas previsionales, ATN y obras públicas, entre otras, supondrían una afectación de 3.700 millones de dólares que "no tenemos", afirman.

Por eso, gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron este miércoles con los titulares de los bloques dialoguistas, y resolvieron pedir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, una mesa de negociación para acordar lo que haya que acordar con la ley de leyes y que la misma se trate en extraordinarias.

En cualquier caso, si no hay acuerdo en el poder legislativo, se prorrogará automáticamente el Presupuesto de este año para el próximo. Sería el segundo año consecutivo en la misma situación, algo que no sucede desde que se aprobó la actual Ley de Administración Financiera, en 1992.

Reforma electorales

Como se dijo, en los planes del Ejecutivo está la convocatoria a extraordinarias para impulsar una reforma electoral separada en dos proyectos: uno para la eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los espacios políticos, y otro sobre cambios en la ley Orgánica de Partidos Políticos.

Este último tiene por objeto "mejorar la representatividad" electoral y evitar la proliferación de "sellos de goma" cuyo objetivo es "recaudatorio", de acuerdo a las expresiones que oportunamente hizo el vocero Manuel Adorni cuando anunció el envío del proyecto.

De avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. En el caso de los partidos nacionales, se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones, de acuerdo a la síntesis que presenta la agencia Noticias Argentinas.

Con respecto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas, con el fin de reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos.

Será un capítulo más a resolver antes de que termine este complejo 2024.