Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apela en la Corte y Diputados reclama su implementación

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

El recurso a la Corte

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Reclamos en Diputados

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

El proyecto paralelo

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.