El gobierno se apoya en gobernadores en la pulseada contra Capital Federal

El medio del conflicto entre Nación y Ciudad por la quita de fondos de la coparticipación federal, el Gobierno recibió este miércoles en la Casa Rosada a gobernadores y representantes de más de 20 provincias del país (entre ellos Omar Perotti) para "exponer sobre los alcances de la audiencia de conciliación" convocada por la Corte Suprema de Justicia.

"La reunión fue pedida por los gobernadores", resaltaron fuentes con despacho en Balcarce 50, con la clara intensión de mostrar el acompañamiento de los mandatarios provinciales en lo que hace a la coparticipación federal.

El encuentro se desarrollaba a partir de las 11 en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Estaba presente la mayoría de los gobernadores afines al Ejecutivo nacional, pero quienes no pudieron asistir enviaron como emisarios a los vicegobernadores o sus ministros de Economía.

Entre los presentes estaban Axel Kicillof, Raúl Jalil, Jorge Capitanich, Mariano Arcioni, Gustavo Bordet, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Oscar Herrera Ahuad, Omar Gutiérrez, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Gerardo Zamora y Osvaldo Jaldo, además del santafesino Omar Perotti.

El funcionario nacional explicó la situación a los gobernadores, poniendo el eje en "lo que pierden las provincias en caso que la Corte falle en favor de la Ciudad de Buenos Aires".

Además, De Pedro explicó con números lo que implica para las provincias un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya cifra estaría cercana a los 100.000 millones de pesos. De hecho, el propio ministro se ocupó en su momento de subrayar que parte de los recursos que vienen a Santa Fe para combatir en narcotráfico provienen de allí.

La convocatoria se realiza mientras corre el plazo de 30 días hábiles que la Corte fijó para que el Gobierno nacional y la administración porteña lleguen a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, cuya fecha límite para que arriben a un punto en común es el próximo 26 de abril.