La exclusión de funcionarios de Inocencia Fiscal II destrabó el dictamen

En Diputados de la Nación, el oficialismo consiguió dictamen para la denominada Inocencia Fiscal II, pero debió resignar uno de los puntos que más resistencia había generado: la posibilidad de que funcionarios ingresaran al régimen.

La modificación quedó en el centro del plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presidido por Bertie Benegas Lynch. Con 75 diputados presentes, el despacho reunió 44 firmas: 27 en Presupuesto y 17 en Legislación Penal, una de ellas en disidencia.

Hasta la reunión anterior, el proyecto enviado por el Ejecutivo mantenía abierta la posibilidad de adhesión de las personas políticamente expuestas (PEP). Ese punto, cuestionado por la oposición y sensibilizado por casos de funcionarios que ingresaron al esquema original, fue retirado del dictamen que avanzó este miércoles.

Victoria Tolosa Paz (UxP) convirtió ese cambio en el eje de su intervención. “¿Cuál es el motivo por el cual en una semana ustedes pasaron de defender esta postura” a modificarla?, preguntó. Sobre el cierre reclamó que se leyera por secretaría el artículo 38 del despacho, donde —según expuso— quedó asentada la exclusión de las PEP.

Benegas Lynch no entró en la discusión de fondo y levantó la reunión tras un cruce con la diputada de Unión por la Patria.

“No es un blanqueo”

Antes de la discusión política expusieron representantes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. José Ignacio Simonella sostuvo que el proyecto “complementa y mejora” la ley vigente, aporta “mayor certeza jurídica” y limita la discrecionalidad de ARCA.

Su definición buscó marcar una frontera: “No se está tratando de un blanqueo”. Según explicó, el régimen fomenta la formalización de ahorros fuera del sistema, pero mantiene sin cambios la ley del Impuesto a las Ganancias.

Oscar Fernández lo definió como un “régimen de bloqueo fiscal” o “tapón fiscal”, sujeto a que no existan discrepancias significativas. Precisó además que sólo podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas residentes, no sociedades.

La reforma amplía la declaración simplificada, aunque separa a los grandes contribuyentes del resto: podrán utilizarla para presentar y pagar Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los beneficios sustanciales del régimen.

“Antecedente favorable”

El otro punto sensible fue el artículo 40 bis, que obliga a bancos y otros sujetos del sistema antilavado a considerar la adhesión como un “antecedente favorable” dentro del análisis de riesgo.

Matías Álvarez, presidente de la UIF, defendió la fórmula. Sostuvo que una economía con alta informalidad necesita mecanismos para llevar fondos al circuito formal y que esa formalización no elimina controles, sino que incorpora esos recursos al sistema.

“El antecedente favorable es un insumo más dentro de la debida diligencia”, remarcó. Aclaró que no certifica el origen lícito del dinero ni elimina la obligación de reportar operaciones sospechosas.

Pamela Verasay, de la UCR, pidió precisiones sobre la reglamentación. Álvarez anticipó niveles de debida diligencia simplificada, media y reforzada y dejó una definición relevante: una persona políticamente expuesta nunca podrá quedar sometida a control simplificado.

Rechazo opositor intacto

La exclusión de las PEP no modificó la posición de los bloques más críticos. Nicolás del Caño cuestionó que el Gobierno impulse otra reforma pocos meses después de la sanción original y sostuvo que eliminar topes de ingresos y patrimonio amplía beneficios para grandes evasores.

Carlos Castagneto reclamó datos sobre los resultados de la primera versión y advirtió que se modifica la norma “sin información previa” sobre cantidad de adherentes, perfiles o fondos incorporados al circuito formal.

Romina Del Plá anticipó un dictamen de rechazo y apuntó al artículo 40 bis, al considerar que el “antecedente favorable” puede debilitar controles sobre fondos de origen dudoso.

Desde La Libertad Avanza, Mónica Becerra defendió el proyecto como una corrección técnica para “atenuar la presión punitiva” y facilitar el cumplimiento tributario. “Esto trae alivio”, afirmó, y dio por descontado que reunirá los votos en el recinto.

El despacho quedó listo para la siguiente batalla parlamentaria, ya sin la posibilidad de adhesión de las PEP y con la discusión desplazada hacia el alcance del “tapón fiscal”, los controles de la UIF y el universo de contribuyentes que podrá usar la declaración simplificada.