Al Senado de Santa Fe le toca definir tiempos del debate sobre Educación

Entre otros muchos asuntos, quedó para luego del receso legislativo de invierno el tratamiento en el Senado de la Provincia de Santa Fe de un proyecto directamente vinculado con una ley pendiente de debate desde hace más medio siglo.

El objetivo es que al menos se sienten las bases para que haya un debate al respecto el año próximo, a lo largo de 10 meses.

Se trata de una comisión para el debate y la elaboración de una ley de educación provincial.

El texto presentado por el diputado radical Marcelo González ya tiene media sanción de esa cámara y su norte es crear un ámbito de carácter consultivo, participativo y plural, que logre superar diferencias agudas sobre qué sistema educativo, basado en qué principios, con qué actores, bajo qué visión de la realidad y en qué interacción con el plano religioso (o sin esta) debe ser la enseñanza institucional provista por el Estado.

Se trata de un tema que ha sobrevolado la agenda legislativa desde el regreso de la democracia y que pese a los compromisos tantas veces asumidos nunca tuvo acuerdo.

Es Santa Fe hoy la única provincia argentina que no tiene una ley de educación propia y basa sus políticas en reformas parciales, interpretaciones o reglamentaciones de una vieja norma de fines de la primera mitad del siglo pasado: vinculada a un mundo en el que la palabra escrita impresa, la prensa y la radio (no existía ni la FM) eran los únicos medios para conocer la realidad. Apenas había teléfonos y el desarrollo de la televisión en blanco y negro necesitaba aún de una década más.

Compromiso

Durante el jueves 2 de julio previo a las vacaciones la atención periodística se centró en el ingreso de proyectos de ley de reforma electoral, en formato de códigos, que tanto se presentaron en la Cámara alta como en Diputados.

Ese asunto tienen hoy en mente como prioridad los dirigentes políticos de Santa Fe y sobre todo los legisladores, porque esa ley define las reglas del juego electoral próximo.

En ese contexto informativo quedó eclipsada la decisión de los senadores de dejar para más adelante la chance de crear una comisión para que Santa Fe tenga su norma educativa.

Se dispuso una preferencia para dentro de dos sesiones sobre el expediente con media sanción de Diputados.

Una iniciativa radical

Fueron diputados radicales los que aceleran el tratamiento de la propuesta de convocar a la sociedad, para que se superen las diferencias que hasta ahora los legisladores no pudieron salvar.

El espacio de trabajo estaría constituido por el Poder Ejecutivo y las comisiones de Educación de las dos cámaras. En Diputados, la presidenta es Gisel Mahmud del bloque socialista al igual que sus compañeros Fabián Cejas y Sofía Masutti. El radical González, autor de la norma, así como sus correligionarios Germán Scavuzzoy Ximena García, forman parte de esa instancia de trabajo legislativo.

Por peronismo, es vicepresidente el ex senador provincial Miguel Rabbia del bloque Construyendo Futuro y Verónica Porcelli Baró Graf del Frente Renovador 100% Santafesino. Otros de origen celeste, contrarios al derecho al aborto, de bloques unipersonales, Juan Domingo Argañaraz de Inspirar y Natalia Armas Belavi de Vida y Familia.

Finalmente, Claudia Balagué del bloque Frente Amplio por la Soberanía, que fue ministra de Educación de Santa Fe durante gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social, entre 2012 y 2019.

En el Senado, a la comisión de Educación la preside Germán Giacomino de la Unión Cívica Radical (Constitución) y el vicepresidente es el justicialista Osvaldo Hugo Sosa (Vera). Son vocales Leonardo Diana (UCR- San Jerónimo), Julio Francisco Garibald (PS-La Capital), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) y Ciro Seisas (Creo-Rosario

El objetivo es que todas las voces participen de la discusión para poder llegar el año próximo a sancionar una ley sobre la materia.

La base del futuro proyecto de educación deberá tener como base la reformada Constitución santafesina que dedica un capítulo con cinco artículos a la temática, fruto de decenas de proyectos presentados por convencionales y particulares durante el funcionamiento de la Convención.

El proyecto del diputado González señala que la comisión tendrá por objeto promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de Ley de Educación Provincial.

La clave del proyecto es que el plazo de trabajo estipulado es de diez meses a partir de la constitución de esa comisión, con el Ministerio de Educación como encargado de hacerla funcionar.

"La provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una Ley de Educación Provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo. Si bien el sistema educativo se encuentra enmarcado en normas nacionales como la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, resulta imprescindible contar con una legislación provincial que adecue dichos lineamientos a la realidad local, fortaleciendo la autonomía jurisdiccional y promoviendo políticas públicas contextualizadas", explicó el diputado radical.

Acotó que "la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo"

El proyecto de ley pone especial énfasis en la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia. Esta estrategia busca garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean •efectivamente escuchadas, reconociendo la diversidad de realidades educativas que conviven en el territorio santafesino.

Constitución

El capítulo segundo de la nueva Constitución dedica los artículos 37 al 41 al tema educativo y pone las bases para el debate de la comisión.

Así por ejemplo, el 37 dispone que "toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único, articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión.

El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales.

La Provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el ejercicio pleno de este derecho".

En el 38, la Provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan, como mínimo, a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y al ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones.

En el siguiente artículo "la Provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar.

La Provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud".

En el 40 define que "el Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales".

En el último, "la Provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo".

Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional; los concursos públicos, abiertos y transparentes; y la estabilidad.