Santa Fe: Una maniobra sospechosa, un arma entre los yuyos y una condena

Una maniobra que llamó la atención de policías que patrullaban durante la madrugada terminó con un arma de fuego secuestrada y, casi un año después, con una condena. Este lunes, un hombre de 35 años fue condenado en los tribunales de Santa Fe por la tenencia ilegítima de un revólver calibre .32 que fue encontrado entre unos yuyos en el barrio Villa del Parque.

La sentencia fue dictada oralmente por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Sala 7 del subsuelo de los tribunales. La acusación estuvo a cargo de la fiscal del MPA Rosana Peresin, mientras que el imputado, Miguel Antonio Benítez, fue asistido por los abogados Claudio Torres del Sel y María Julieta Carnaval Sánchez.

Llamó la atención

El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2025, alrededor de las 3.10, en la esquina de Justicia y Centenera, en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el acta del procedimiento policial, personal del Comando Radioeléctrico observó a dos hombres que circulaban por el lugar. Uno llevaba un camperón negro y pantalón marrón, mientras que el otro vestía un buzo negro con mangas azules y pantalón negro.

Cuando advirtieron la presencia del móvil policial, el primero realizó un movimiento sospechoso entre sus prendas y luego extendió el brazo hacia su acompañante, como si le estuviera pasando algún elemento.

El segundo hombre tomó el objeto, dio unos pasos hacia atrás y lo arrojó al costado del camino, entre unos yuyos altos. Los agentes decidieron entonces realizarles un chequeo preventivo.

Durante la requisa, al hombre que llevaba el camperón negro —quien se identificó como Miguel Antonio Benítez— le encontraron una gran cantidad de cartuchos calibre .32 sueltos dentro de los bolsillos delanteros. Su acompañante, Cristian David Benítez, no tenía inicialmente ningún elemento de interés.

Ambos dijeron que se dirigían hacia su domicilio, aunque no brindaron mayores explicaciones. Según consta en el acta, los policías advirtieron que se encontraban nerviosos y decidieron revisar el recorrido que habían realizado para descartar la presencia de algún elemento de procedencia dudosa.

Fue entonces cuando, utilizando linternas, encontraron entre la vegetación un revólver calibre .32 de color negro, con siete cartuchos intactos en su interior.

Apta para disparar

La investigación incorporó distintos elementos que permitieron sostener la acusación. Entre ellos se encuentra el acta confeccionada por el personal policial que intervino aquella madrugada y el informe de la Sección Balística de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones.

La pericia determinó que el revólver de simple y doble acción, calibre .32, se encontraba apto para efectuar disparos y que era compatible con los cartuchos secuestrados.

También se incorporó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), del que surge que Benítez no estaba inscripto como legítimo usuario del arma.

Con base en esas evidencias, la Fiscalía atribuyó a Benítez la calidad de coautor de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Condena unificada

La Fiscalía había solicitado para este hecho una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de $10.000. Sin embargo, la situación penal previa de Benítez modificó el resultado final.

El hombre contaba con una condena dictada el 8 de noviembre de 2023 por el juez Sebastián Szeifert, quien le había impuesto dos años de prisión de ejecución condicional.

Como aquella condena todavía se encontraba vigente, la Fiscalía planteó que debía revocarse su condicionalidad y unificarse con la nueva pena, conforme a lo establecido por el artículo 58 del Código Penal.

De esta manera, el juez Falkenberg impuso finalmente una pena única de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa de $10.000.

Para determinar la sanción también se tuvo en cuenta, según el planteo fiscal, la reiterancia de Benítez en delitos contra la seguridad pública.

La resolución contempló además el decomiso del revólver calibre .32 y de los cartuchos secuestrados. Los elementos quedarán a disposición de la Oficina de Gestión Judicial y, una vez dispuesto el decomiso, serán puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación para avanzar con su destrucción.