Ordenaron demoler un búnker de drogas levantado en un terreno de la Municipalidad de Santa Fe

La Justicia penal de Santa Fe ordenó demoler cuatro construcciones precarias levantadas sin autorización en un terreno de propiedad de la Municipalidad de Santa Fe, en la esquina de San Juan y Larrea, en barrio Nueva Pompeya.

El juez José Luis García Troiano consideró acreditado que el lugar era utilizado para actividades vinculadas al narcomenudeo y que, pese a dos allanamientos realizados durante 2026, la actividad delictiva persistió.

La decisión fue adoptada este jueves, durante una audiencia de “cese de estado antijurídico”, en la que el fiscal de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Eric Fernández, solicitó la “inactivación física y cese del estado antijurídico” del inmueble mediante su destrucción total.

Del acto participaron también el fiscal de Estado Municipal, Miguel Molinari, y la representante de la Fiscalía de Estado provincial, Paola Landa.

En la sala estuvieron además el subsecretario de Análisis Criminal de la provincia, Sebastián Montenotte; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana; la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo; y Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Por la parte acusada estuvo Yamila Gisela S., asistida por el defensor público Alejandro Bustamante.

Allanamientos y disparos

Fernández expuso ante el juez los antecedentes reunidos durante al menos tres meses de 2026. Según explicó, el predio pertenece a la Municipalidad de Santa Fe y se encuentra usurpado.

Sobre el terreno fueron levantadas sin autorización cuatro edificaciones precarias que, con el paso del tiempo, fueron ocupadas por distintas personas. Actualmente permanecerían allí tres mujeres y al menos cinco menores de edad, todos vinculados a la causa por infracción a la ley de estupefacientes.

El fiscal repasó además las reiteradas denuncias efectuadas por vecinos al 911, que dieron cuenta de disparos, enfrentamientos, amenazas y venta de drogas al menudeo. A partir de esas denuncias intervino la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos agentes realizaron tareas de observación y constataron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

El primer allanamiento se realizó el 28 de marzo en las cuatro construcciones. Allí fueron secuestradas marihuana y cocaína fraccionada para la venta, además de dinero en efectivo, y se produjeron las primeras detenciones.

Sin embargo, según destacó Fernández, la intervención no logró detener la actividad. “El mismo día del allanamiento hubo nuevos llamados al 911 informando que un grupo de personas había vuelto al lugar y se volvieron a escuchar disparos”, relató.

Entre los reportes incorporados a la causa hay uno que, para el fiscal, resulta particularmente significativo: vecinos señalaron que utilizaban a niños que simulaban estar jugando en la vereda, incluso durante la noche y la madrugada, para advertir sobre la presencia de la policía.

El 25 de junio se concretó un segundo allanamiento, que derivó en otras dos detenciones —la madre y la hermana de una de las personas detenidas en marzo— y en el secuestro de más estupefacientes fraccionados para su comercialización.

Fernández puso el acento en la “reiterancia y persistencia de la actividad ilícita a pesar de los allanamientos” y sostuvo que existe una “dinámica estructural y sostenida en el tiempo” que configura un “estado antijurídico permanente” que no logra ser neutralizado mediante las intervenciones estatales.

Casi 700 llamados

El representante del MPA sostuvo que en el lugar se desarrolla lo que definió como un “plan familiar narco barrial”, cuyos responsables también son investigados en una causa más amplia. Según planteó, los enfrentamientos armados registrados en la zona estarían vinculados con la disputa por el control del lugar entre dos facciones.

Como elemento para dimensionar el impacto territorial, Fernández incorporó un informe del Ministerio de Seguridad provincial según el cual entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2026 se registraron 694 sucesos o llamados al 911 en un radio de 400 metros de San Juan y Larrea.

Los reportes incluyeron disparos, robos, disturbios, venta de estupefacientes y otros hechos vinculados con “violencias altamente lesivas”. El fiscal agregó que durante julio y agosto continuaron los llamados que advertían que la actividad delictiva persistía.

Para Fernández, además, las propias condiciones edilicias justificaban una intervención urgente. Se trata de construcciones clandestinas, sin servicios básicos y con cables desnudos, que representan una situación de riesgo para quienes las habitan. “Es urgente y necesario por motivos de seguridad pública que la esquina sea demolida”, sostuvo.

El planteo de la defensa

El fiscal municipal Molinari acompañó el pedido del MPA y manifestó que el municipio se ponía a disposición para llevar adelante la medida. Landa, en representación de la Fiscalía de Estado provincial, afirmó que se buscaba dejar “un mensaje claro” respecto de la disposición de todos los recursos del Estado para intervenir ante cuestiones de seguridad y salud pública.

La defensa, en cambio, pidió rechazar el requerimiento. Bustamante sostuvo que la destrucción de las construcciones excedía los límites de una medida “provisoria y revisable” y que, en los hechos, se asemejaba a un decomiso.

Según el defensor, disponer el derribo implicaría “vulnerar el principio de inocencia sin que exista siquiera una condena”. También calificó la medida como “arbitraria” y cuestionó que desconociera la situación de las personas que actualmente ocupan el inmueble.

El juez convalidó el derribo

García Troiano resolvió oralmente rechazar el planteo defensivo y hacer lugar al pedido fiscal. Para el magistrado, durante la audiencia se acreditaron tanto la titularidad municipal del inmueble como los fines delictivos para los cuales estaba siendo utilizado.

El juez también consideró determinante el peligro en la demora, particularmente por las consecuencias que la permanencia de las construcciones podía generar sobre la seguridad y la salud pública.

“Es clara la necesidad de la neutralización” del espacio, sostuvo García Troiano al disponer la “inactivación física” de las cuatro edificaciones ubicadas en la ochava noroeste de San Juan y Larrea.

La resolución contempla además la situación de los menores que permanecen en el lugar. El magistrado otorgó un plazo de 15 días a la Secretaría de los Derechos de la Niñez para que evalúe y resuelva su situación.

Por último, instó a la Municipalidad de Santa Fe a ofrecer “una fianza suficiente” destinada a responder por eventuales perjuicios que pudieran ser ocasionados a terceros que acrediten un interés legítimo sobre el inmueble.