Organizaban "fiestas sexuales", promocionaban chicas en internet y les cobraban por turno

Las dos personas imputadas por “facilitamiento y promoción de la prostitución ajena” detenidas en barrio Guadalupe, continuarán privadas de la libertad. Así lo decidió el juez de la IPP Jorge Patrizi, en concordancia con lo solicitado por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Federico Grimberg.

La investigación comenzó a principios de mayo, se realizaron tareas de inteligencia e intervinieron teléfonos, produciendo más de 20 CD llenos de material. El miércoles de la semana pasada la agencia de Trata de Personas realizó dos allanamientos, logrando detener en los inmuebles ubicados sobre calle Piedras al 6300 a Carlos Daniel Pezoni (57) y María Alejandra Gutiérrez (27). Los acusan de alquilar departamentos a trabajadoras sexuales, cuyos servicios promocionaban por internet y en persona, ofreciendo “books de fotos”.

Los socios cobraban entre $ 1.000 y $ 1.500, por chica y por día, para entregarles el inmueble durante un turno de entre 4 y 6 horas, organizando en grupos a las mujeres ya que el lugar debía ser compartido entre varias. Además, durante la audiencia se señaló que Pezoni organizaba “fiestas sexuales” en sus propiedades de San José del Rincón.

Contacto en la policía

La fiscalía hizo hincapié en la situación de extrema vulnerabilidad de las mujeres víctimas, muchas viven en la pobreza y no tienen acceso a ningún tipo de trabajo formal o informal, encontrando en el trabajo sexual una forma de poder sustentar a sus familias. En este punto se ahondará a medida que se realicen más entrevistas, ya que se pudo comenzar recién luego de los allanamientos y aún resta identificar más chicas.

La solicitud de la cautelar de máxima se basó, además de la situación de precariedad de las víctimas, en la existencia de riesgos procesales que sólo la privación de la libertad de los imputados podría mitigar. Se habló también de peligro de fuga, ya que ninguno tiene arraigo laboral, porque su medio de vida era el regenteo de los departamentos y las chicas. Y según surge de las escuchas, tendrían al menos un contacto dentro de las fuerzas de seguridad, a quien Pezoni dijo pagar $ 5.000 por semana.

Para los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar, a cargo de la defensa técnica de la joven Gutiérrez, de la investigación no surgen elementos de convicción suficientes para tener acreditada la “facilitación y promoción de la prostitución ajena” imputada, por lo que ofrecieron medidas alternativas a la prisión preventiva que a su entender mitigarían los riesgos, tratándose de delitos de “peligro abstracto”. Lo mismo hizo el Dr. Daniel Rocca, que representa a Pezoni, luego de argumentar que su cliente sólo se dedicaba a alquilar los departamentos, no teniendo ningún tipo de relación con quienes los ocupaban más que como locador.

Que no sea fácil

El juez Jorge Patrizi resolvió a favor de lo solicitado por la fiscalía, ordenando la prisión preventiva de los dos imputados. Durante sus fundamentos señaló que “cualquier persona que tuviera conocimiento de que habría una persona que se dedicara a la prostitución, como mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, y brindara determinadas condiciones podría encuadrar” en el delito atribuido. “Evitar la posibilidad de que se haga fácil la tarea de la prostitución, esa es la intención del legislador y hay que respetarla, se puede estar de acuerdo o no”.

Recordó que la modificación del artículo 125 bis del Código Penal “tuvo una clara repercusión, en su momento, en la Asociación de Meretrices, porque decían que se las priva de su trabajo”. Por otro lado, en su momento “se dijo que lo que se quiere es combatir la prostitución, no a las prostitutas”.

Respecto al caso, “en cuanto a brindarles apoyo, creo que son claras las manifestaciones que hacen los fiscales en cuanto a que en el domicilio de Piedras 6300 se realizaban trabajos de prostitución que Pezoni, dueño del lugar, regenteaba él mismo conjuntamente con Gutiérrez”.