Nuevo imputado en la causa "Storni & Storni": amenazas y estafas con un lote de Colastiné Norte

La compleja causa "Storni & Storni", que investiga una red de estafas inmobiliarias que operó durante una década en la ciudad de Santa Fe y la región, sumó un nuevo capítulo con la detención de un hombre de 75 años.

Rubén Italo Mendoza fue imputado por la fiscal Bárbara Ilera como miembro de la asociación ilícita que, según la acusación, lideraba el abogado Alfonso Storni. La atribución delictiva no solo se limitó a las maniobras fraudulentas con terrenos en Colastiné Norte, sino que incluyó gravísimos episodios de violencia armada y desobediencia judicial reiterada.

Este martes, el juez Nicolás Falkenberg dispuso la prisión preventiva de Mendoza, que debido a su edad y situación personal será cumplida en forma domiciliaria, lejos de la zona del conflicto. Se inició el trámite para la asignación de una dispositivo de control electrónico.

Mendoza cuenta con la representación legal del abogado Jorge Silva.

Fraudes inmobiliarios

Según la investigación fiscal, la organización criminal operaba mediante una estructura diseñada para dar "apariencia de legalidad" a la venta de terrenos cuyos legítimos dueños no habían autorizado su comercialización.

Para captar a sus víctimas, la banda utilizaba una red de oficinas comerciales en puntos estratégicos de la capital provincial y se valía de la inmobiliaria "AS Inmobiliaria" para dotar de profesionalismo a sus operaciones. La captación de interesados se realizaba a través de campañas en redes sociales y cartelería física, ofreciendo lotes en Santa Fe, Colastiné Norte, Santo Tomé y Sauce Viejo.

Para perfeccionar el fraude, los integrantes de la asociación confeccionaban "boletos de compraventa o cesiones de derechos falsos" y utilizaban "formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".

Una pieza fundamental del engaño consistía en presentar esta documentación adulterada ante los Juzgados Civiles y Comerciales de Santa Fe para iniciar juicios de escrituración. Así, lograban obtener sentencias que terminaban revistiendo de una falsa legitimidad a las maniobras delictivas, induciendo al error no solo a los compradores, sino también a los propios magistrados.

La fiscalía sostiene que Mendoza se integró a la organización criminal a partir del 2020, participando activamente en la venta de parcelas de una unidad identificada como "Lote 72" en el barrio Las Paltas de Colastiné Norte, hasta agosto de 2024.

Debido a su accionar, se le imputaron los delitos de “miembro de asociación ilícita”, “partícipe principal de estafa” en siete oportunidades y autor de “estafa” en un octavo hecho. Además, “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” en tres ocasiones, “hurto”, “resistencia a la autoridad calificada” y "desobediencia a un mandato judicial” en 6 oportunidades.

Con armas y un machete

Lo que distingue la imputación de Mendoza de otros miembros de la banda es el nivel de hostilidad denunciado por los damnificados: se le atribuyeron al menos tres hechos de amenazas con arma de fuego.

En uno de los casos, Mendoza se presentó ante una pareja que había adquirido un lote e intentaba construir y, exhibiendo una escopeta, les espetó: "Váyanse de ahí porque los voy a matar, yo soy el dueño de todo acá". En otra oportunidad, habría amenazado a un hombre con un revólver diciéndole "te voy a dar un tiro en la cabeza si no te vas".

El pasado 26 de junio, durante un allanamiento de la PDI en su domicilio de calle Los Urunday, Mendoza "se resistió al accionar del personal policial apuntándolos con un arma de aire comprimido" y, posteriormente, "tomó desde una ventana un machete, con el que amenazó al personal policial" para repeler la orden judicial.

Además, se lo acusa de haber desobedecido en seis oportunidades una orden de "no innovar" dictada por la Justicia Civil, continuando con la suscripción de acuerdos sobre los lotes en conflicto a pesar de la prohibición expresa.

Con esta nueva imputación, la causa que ya cuenta con cuatro condenados mediante juicios abreviados sigue expandiéndose, revelando la profundidad de una organización que, según la fiscal Ilera, "se mantuvo en actividad a lo largo de los años con diferentes conformaciones".

Mendoza permanecerá privado de su libertad en un domicilio, mientras el proceso judicial avanza.