Fuerte rechazo rural al proyecto bonaerense que buscaba cobrar una tasa por emisiones de metano

Un proyecto de ley presentado por la legisladora bonaerense Lucía Lorena Klug, del partido Unión por la Patria, generó fuertes reacciones en el sector productivo. La propuesta, denominada Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), buscaba aplicar un impuesto a los establecimientos ganaderos en función del gas metano que emiten sus animales.

Aunque el Gobierno Nacional ya rechazó la iniciativa, el debate se instaló con fuerza el último fin de semana, cuando productores y entidades rurales expresaron su desacuerdo a lo que consideran “una nueva carga impositiva” sobre la actividad ganadera.

La diputada defendió su proyecto argumentando que se basa en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y tiene como objetivo mitigar la emisión de gas metano y garantizar la sustentabilidad de la ganadería a largo plazo.

La “tasa al metano”

Según los considerados de los proyectos de ley, los fondos recaudados se destinarían a un Fondo Fiduciario para la Mitigación del Metano y Financiamiento GIRSU (FoFiMM).

A su vez, el dirigente social Juan Grabois respaldó públicamente a Klug y sostuvo que el proyecto señala “con bases científicas un problema que preocupa en todo el mundo civilizado”.

En redes sociales, escribió: “En el país de las vacas, los pibes no toman leche, no se puede comer un asado y la contaminación queda acá. Es natural que la oligarquía, cuyos intereses se ven afectados por cualquier regulación socioambiental, se indigne y patalee. Sus fortunas dependen de que nadie los controle.”, comentó Grabois.

Rechazo del sector

La reacción del campo no tardó en llegar. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fue una de las primeras entidades en manifestarse.

En un comunicado, la confederación expresó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ´metano de las vacas´ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”.

Con ironía, CARBAP agregó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”

Por su parte, la Cámara Argentina de Feedlot (CAF) también manifestó su “contundente rechazo”.

Señalando que la iniciativa “solo tiene por finalidad establecer una nueva tasa para la actividad ganadera por el simple hecho de que el ganado respire, desconociendo, el impacto que puede tener en una de las actividades productoras de alimentos que más empleo genuino y arraigo genera en el interior bonaerense”.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en la misma línea, advirtió que “cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción” y calificó la propuesta como una muestra más del desconocimiento sobre cómo se produce en Argentina.

Si bien la TAMBA no prosperará por ahora, la polémica dejó planteada una discusión de fondo: cómo equilibrar las exigencias ambientales globales con la realidad productiva de un país donde la ganadería tiene un rol económico y social clave.

El desafío será encontrar medidas que reduzcan el impacto ambiental sin poner en riesgo la competitividad ni el empleo rural.