Un debate pendiente para que Argentina deje de malgastar su potencial en biocombustibles

Tras casi dos décadas de un régimen de promoción de biocombustibles que permitió el desarrollo de capacidades industriales, el sector muestra signos de agobio. Y el debate sobre su reforma busca ganarse un lugar en una escena legislativa dominada menos por el interés general que por las ambiciones sectoriales o de poder.

La Fundación Mediterránea, a través de su instituto Ieral, ha presentado un análisis exhaustivo que aboga por una transformación profunda: pasar de un sistema tutelado y de "precios administrados" (la ley vigente que impulsara Máximo Kirchner) a uno basado en la eficiencia y la competencia de mercado

Gigante anestesiado

El biodiésel -de producción decisiva en el sur santafesino- es un gigante industrial que ofrece ventajas estratégicas pero tiene sin usar el 70% de su capacidad para producir unos 4,5 millones de toneladas anuales.

En años como 2011 o 2017, el biodiésel superó exportaciones por 1.800 millones de litros; atraviesa un presente magro con envíos que cayeron a los 437 millones en 2024 según el Ieral.

Esta caída se explica por la pérdida de competitividad hija de las retenciones. Tras la reducción de los diferenciales de derechos de exportación, se levantaron barreras impuestas por mercados como Europa y EE. UU, que interpretaron la existencia de "dumping".

Sin embargo, el potencial sigue intacto. El uso de biodiésel ofrece ventajas ambientales y sustituye importaciones. Además fortalece las economías regionales en la medida en que incorpora a las Pymes, agrega valor en origen, genera empleo y diversifica la matriz energética, reduciendo la dependencia de shocks externos en el precio del petróleo.

Además, en un contexto de alta volatilidad del crudo por tensiones geopolíticas, el combustible verde actúa como un seguro de estabilidad.

El salto al 15% (B15)

Uno de los puntos más sólidos de la propuesta del Ieral es el aprovechamiento de la capacidad instalada. Actualmente, el corte obligatorio al gasoil en los surtidores del país es del 7,5%, pero la industria está técnicamente preparada para subir al 15% (B15) de forma inmediata.

Esta suba al 15% se considera un nivel "drop-in": puede aplicarse en el parque automotor actual (camiones, ómnibus y maquinaria agrícola) sin necesidad de realizar ajustes mecánicos, cambios en la inyección o reconfigurar la logística de distribución.

Lo más relevante es que este incremento puede ser abastecido totalmente por la industria nacional sin desviar materia prima de otros usos ni presionar sobre el precio de los alimentos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el costo adicional que implicaría aplicar la elevación de cortes al 15% tanto en bioetanol como en biodiésel (no pagan el impuesto a los combustibles). Iplicaría, para 2026, un costo adicional del orden de los $245 mil millones, equivalente al 0,02% del PBI.

Duelo de proyectos

La Fundación Mediterránea analiza las dos grandes iniciativas (entre muchas otras) que hoy esperan debate en el Poder Legislativo. El primero es el proyecto del Oficialismo (D6969/2024): Apuesta por una liberalización agresiva. Propone eliminar la fijación estatal de precios y permitir que las petroleras y grandes exportadores compitan libremente en el mercado interno.

Su objetivo es que, para 2031, todo el volumen de mezcla se pacte libremente entre las partes, fomentando la inversión y la baja permanente de costos.

Por su parte el Proyecto de la Liga Bioenergética (S1495/2024): Impulsado por las provincias productoras, busca una transición más protegida para la Pymes, que corren con desventaja frente a las grandes aceiteras del sur santafesino.

Propone un sistema de licitaciones con precios máximos (paridad de importación) y mantiene la exclusión de las petroleras del núcleo del negocio

Además, garantiza un "piso colectivo" de participación para las Pymes, evitando que los grandes jugadores capturen todo el mercado. Al menos hasta la guerra en Medio Oriente, el biodiésel suponía sin embargo encarecer surtidores en momentos en que el gobierno central tiene en la batalla contra la inflación un objetivo estratégico decisivo para la suerte de la administración libertaria.

Ventana de oportunidad

El análisis del Ieral deja en claro el peso relativo de los derechos de exportación. “Al tratarse de un impuesto muy distorsivo, es probable (y deseable) que se avance en los próximos años en una baja o eliminación de esta carga tributaria. Es una decisión de política económica que tendrá impacto directo y profundo sobre el sector.

“Una menor carga tributaria -señalan los autores del análisis- mejora automáticamente la rentabilidad del complejo agroexportador, elevando los precios internos de granos y aceites, principales insumos de los biocombustibles”.

Detallan que el efecto “puede ser especialmente relevante en el biodiésel, ya que el aceite de soja es actualmente gravado con una alícuota del 22,5% (diciembre de 2025), muy superior a las que se aplican sobre los cereales (entre 7,5% y 8,5%) o el petróleo (entre 0% y 8% según precio del barril)”.

La suba de los precios internos de las materias primas presionará sobre los costos de producción de los biocombustibles, reduciendo márgenes de empresas en un mercado regulado, particularmente en segmentos de menor escala o eficiencia, exigiendo mayores compensaciones por parte del gobierno nacional o incrementos de precios finales de combustibles.

Eficiencia sobre burocracia

Para el Ieral, aunque ambos proyectos coinciden en aumentar los cortes y reducir la discrecionalidad estatal, el esquema de libertad de precios del oficialismo resulta más apropiado para promover la innovación

No obstante, advierten que para que funcione se requiere una política de defensa de la competencia muy activa para evitar abusos de poder de mercado por parte de las grandes refinadoras.

La conclusión es clara: dada la fragilidad de la gestión pública en Argentina, el nuevo régimen debe priorizar mecanismos simples y transparentes. "Un esquema que requiera intervención estatal en temas complejos como asignar volúmenes o determinar precios corre el riesgo de cristalizar ineficiencias y discrecionalidad", sentencia el informe de la Fundación.