Tanto nación como provincias siguen con gastos muy por encima de los que ejecutaban en 2005

“Con o sin los cambios tributarios de la reforma laboral, mantener el equilibrio fiscal implicará un fuerte recorte en el gasto discrecional en 2026”. Así titulan su advertencia los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral/Fundación Mediterránea.

Tras los superávit primario (1,4% del PBI) y financiero (0,2%) del 2025 en las cuentas nacionales, los analistas abordan las proyecciones oficiales 2026 (inflación de 10,1% anual y aumento del PIB del 5,0%), con lo que proyectan recursos por 15,6% del PBI y erogaciones primarias por 14,1%, implicando un superávit primario de 1,5% del Producto Bruto Interno.

“El presupuesto 2026 no incluye los mayores gastos que generan las leyes aprobadas en 2025 en materia de educación y discapacidad. La ley de financiamiento universitario tendría un costo fiscal del orden del 0,23% del PBI, mientras que la de discapacidad de 0,36% (Oficina de Presupuesto del Congreso)”.

Los autores exponen que -con mayor inflación que la presupuestada- la recaudación tributaria “probablemente resulte superior a la prevista inicialmente”, por lo que estiman que crezca 33% en valores nominales, 4,7% superior en términos reales, respecto del 2025.

Pero de la misma manera subirían erogaciones que ajustan automáticamente con la inflación: jubilaciones, AUH, financiamiento universitario y discapacidad. Capello y Reyna estiman que con similares niveles de erogaciones discrecionales, el superávit primario en 2026 apuntaría a 1,9% del PBI -en lugar del 1,5% presupuestado- por el efecto inflacionario.

Reforma e inflación

Más adelante los analistas del Ieral añaden la eventualidad de la sanción de la reforma tributaria contenida en la laboral. “Significarán menor recaudación de contribuciones patronales por aproximadamente 0,5% de PBI (todo el costo para el gobierno nacional), y también inferiores recursos tributarios por cambios en ganancias, internos y otros tributos, con un costo fiscal de 0,33% del PBI”.

En base a datos de la consulta Invecq detallan que, del costo, 0,14% del PBI es para la Nación y 0,19% para las provincias, al tratarse de impuestos coparticipables.

Y en ese supuesto estiman que el gasto discrecional del gobierno central “debería caer un 19% real anual para cumplir” con el superávit primario presupuestado.

Calculan que incluso si no se aprueba el capítulo tributario de la Modernización Laboral, debería existir un recorte del 9% real en el gasto discrecional (implica una suba nominal del 17%), para alcanzar en 2026 un superávit primario de 1,5% del PBI.

Las demandas provinciales

“La situación anterior se vuelve más desafiante, en materia de recortes de erogaciones, si las provincias consiguen que la Nación las compense por la caída de alrededor de 0,2% del PBI en los recursos de coparticipación que significaría la reforma en el impuesto a las ganancias, internos y otros”.

En este escenario, el recorte de erogaciones discrecionales por parte de Nación debería resultar del 22% real anual, para lograr el superávit primario de 1,5% del PIB, señalan los especialistas del Ieral.

“Está claro que, para la sustentabilidad del modelo a largo plazo, Argentina necesita, simultáneamente, equilibrio fiscal en Nación y Provincias, y una economía competitiva desde el punto de vista estructural, dado un tipo de cambio real que no es alto y difícilmente lo sea a largo plazo”.

Más gastos que en 2005

Los autores señalan que el gasto primario nacional bajó un 27% real en Nación en el acumulado entre 2023 y 2025, versus 9% en provincias. “Aun así, el gasto primario en 2025 resulta un 51% mayor al del año 2005 en Nación, y 64% superior en el conjunto de Provincias (valores constantes), contra una población que aumentó 16% en dos décadas”.

Reseñan con relación a los recursos que, si bien entre 2023 y 2025 los ingresos de Nación cayeron 4,4% real y los de provincias 9,8% (valores reales), aún están 33% y 37% -respectivamente- por encima de los de 2005.

“Esto se explica principalmente por el hecho que entre 2016 y 2020 se eliminó la detracción del 15% a la coparticipación que financiaba a la ANSES desde el año 1993, aumentando así la participación provincial en la distribución de impuestos”.

“Queda claro que ambos niveles de gobierno deben seguir contribuyendo a la reforma tributaria y al resto de reformas estructurales, con un esfuerzo compartido, en algunos casos sustituyendo impuestos malos por otros menos malos.

“Pero en ambos casos -concluyen los autores- también bajando adicional y gradualmente el gasto, sin compensaciones entre fiscos de diferente nivel, para dar espacio fiscal a reducciones tributarias extras, que pongan en competencia a la producción local”.