Algunas ideas y reflexiones sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe

Por Ricardo A. Qüesta

Es muy útil y oportuna la reforma de la Constitución de Santa Fe, para tratar que en el futuro todas las decisiones de gobierno se encaminen en la senda correcta y conseguir un desarrollo óptimo de la provincia, en función al bien común y no en beneficio de sectores que injustamente se valen de ella para obtener privilegios. Que no sea solo un pretexto para obtener la reelección del gobernador, como alguien criticó -señalando una falta de ética en tal sentido-, sino que hay que verla con un criterio más amplio y positivo, considerando que una reelección del mandatario provincial puede ser beneficiosa, ya que en cuatro años se pueden adquirir la experiencia y el aprendizaje que quizás sean útil a la gestión en un segundo período de gobierno.

El objetivo principal es que sea -como se pretende- un ejemplo para las otras provincias del país, aunque hubiera sido deseable que se tomen más tiempo para escuchar más a todos los sectores de la sociedad para lograr que sea lo más completa y perfecta posible porque tendrán que pasar muchos años para que pueda ser nuevamente actualizada. Es fundamental que se establezcan claramente los principios en los cuales deben basarse los futuros gobiernos elegidos para que se cumplan los objetivos arriba indicados y no se desequilibre el superávit fiscal y se evite el endeudamiento de la provincia que después debe pagarse con más impuestos y que los sucesivos gobiernos sigan trabajando para lograr un auténtico federalismo con una coparticipación más satisfactoria y evitar el saqueo a que son sometidos los agricultores y productores en general, empresas y los mismos ciudadanos.

Prohibir expresamente que los extranjeros sean propietarios de tierras en el territorio de la provincia y los que las posean deberán venderlas fraccionadas a veterinarios e ingenieros agrónomos en parcelas reducidas que sean rentables, en un lapso no mayor de quince años y pedir al resto de las provincias que adopten la misma resolución para evitar la extranjerización progresiva del territorio nacional, que ya es superior al 10 % de su superficie. Y prohibir que los campos sean convertidos en countries porque eso está restando al país miles de hectáreas por año que pueden ser destinadas a la agricultura. Las mejores y más fértiles tierras se están convirtiendo en countries. Exhortar a los arquitectos y urbanistas que diseñen proyectos para aprovechar al máximo los espacios en las ciudades y que estas crezcan en altura.

No dar rango constitucional al Consejo de la Magistratura ni a la Defensoría del Pueblo. Son dos organismos innecesarios que en un futuro deberían derogarse porque como se dijo en una oportunidad han sido creados para dar trabajo a desocupados políticos. Con respecto al Consejo de la Magistratura, un ex juez, ya jubilado, dijo que los jueces no pueden dictar un fallo con tranquilidad, por temor a la censura del Consejo y que ello le está quitando independencia al poder judicial. Ambos organismos deberían disolverse en el futuro porque además es un gasto que debe ser asumido por el contribuyente. Otros países no los tienen y su justicia es mejor que la nuestra.

Derogar la ley de enganche y la intangibilidad salarial de modo que los ingresantes al poder judicial de la provincia cobren salarios más bajos como en otras provincias porque con los sueldos que cobran los funcionarios del poder judicial se enriquecen. Deben cobrar los salarios más altos del mundo. Compárese con los salarios que cobran los jueces en otros países como Estados Unidos por ejemplo; estos son mucho más bajos en relación al costo de vida de ese país y se jubilan y llevan una vida modesta. En nuestra provincia los jueces y miembros de la Suprema Corte de Justicia se enriquecen y pueden comprarse más de un departamento por año, sólo con el sueldo.

Igualmente los actuales funcionarios judiciales deberían pagar impuesto a las ganancias. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti está de acuerdo que ese impuesto se debe abonar. Los jueces deben ser juzgados por sus pares y no por el Consejo de la Magistratura. Lo que sí hay que mejorar es la selección de los jueces por medio de concursos rigurosos y no por una propuesta del poder ejecutivo, lo mismo con respecto a la elección de los jueces que constituyen la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

Tratar de bajar el costo del poder judicial limitando la creación de nuevos organismos judiciales, procurando disminuir los litigios por medio de una mediación o juicios por jurados porque de otro modo el presupuesto sería excesivamente alto. Igualmente hay que tratar de bajar el costo de la política, porque los sueldos que cobran diputados, senadores y otros funcionarios y sus jubilaciones son elevadísimos, como el caso de la senadora María Alejandra Vucasovich que solo en concepto de jubilación está percibiendo unos 12 millones de pesos mensuales y se niega por medio de un recurso de amparo a colaborar con una parte de la misma para corregir el déficit de la caja.

El economista Roberto Cachanosky hizo un estudio y comparación entre el costo político argentino y de otros países, determinando que el costo político argentino es el doble o mayor que el de algunos países europeos. Se debería prohibir que los senadores y diputados puedan disponer de dinero extra, aparte de su sueldo para ser distribuido como subsidio a instituciones diversas porque por lo general no se rinde cuenta en que se usa. A mi entender, ninguna institución debe recibir un subsidio por más que sea nominalmente "sin fines de lucro". Solo el Ministerio de Economía podrá entregar algún subsidio si está autorizado por ley, pero habría que establecer un límite en el monto y reducirlos a un mínimo excepcional.

Sería deseable que en la nueva Constitución se establezcan las bases para que se pueda evolucionar a una democracia cada vez más participativa. Y pueda crearse algún organismo –como por ejemplo una Defensoría del Contribuyente- con aportes de todas las empresas, para que con profesionales especializados controle todos los actos del gobierno, que deberá suministrar toda la información que se le solicite. Igualmente, ningún funcionario público podrá autoasignarse su salario, el que en realidad deberá ser concertado con los contribuyentes por medio de las organizaciones intermedias, o bien algún hipotético organismo gestor (como la citada Defensoría del Contribuyente).

Terminar con el nepotismo. Ningún político o funcionario de gobierno puede hacer nombramiento de familiares en la administración pública. Solo se podrá acceder a la administración pública por un concurso riguroso con exámenes de evaluación y antecedentes personales. Para ingresar a la administración pública además de tener que rendir concurso se requerirá tener al menos un curso de administración pública habilitante adecuado al área en que se desempeñe.

Para ocupar cargos políticos en la administración pública, como ser diputado, senador, gobernador , intendente o concejal, el ciudadano interesado deberá hacer un curso de administración pública de dos o tres años que incluya la materia ética pública y defensa del interés nacional y provincial. Y a esta medida implementarla en lo inmediato de modo que dentro de diez años si no es cumplida ningún ciudadano podrá presentarse a elecciones.