Corrupción: el ceviche envenenado que enferma la democracia de Perú

La corrupción, esa enfermedad invisible que corroe las entrañas de las naciones, ha derribado una vez más a un presidente en Perú, marcando el octavo cambio de mando en una década.

El 17 de febrero de 2026, el Congreso peruano censuró a José Jerí, un abogado que apenas había durado cuatro meses en el cargo, sumergiendo al país andino en otra espiral de incertidumbre a solo semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

Para entender esta última caída, hay que remontarse a la historia reciente de inestabilidad presidencial en el país. Desde el año 2000, Perú ha visto un desfile de líderes derrocados por escándalos y vacancias por "incapacidad moral permanente".

Alejandro Toledo (2001-2006) enfrentó acusaciones de corrupción; Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 ante investigaciones similares; Ollanta Humala (2011-2016) fue procesado por lavado de activos; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció ante presiones del Congreso; Martín Vizcarra (2018-2020) fue destituido por el Legislativo.

Manuel Merino duró solo cinco días en 2020, antes de renunciar por protestas; Francisco Sagasti asumió en forma interina; Pedro Castillo (2021-2022) enfrentó un proceso de vacancia tras un intento de autogolpe y Dina Boluarte (2022-2025) fue removida por su manejo fallido de la crisis de seguridad.

Esta cadena de destituciones, impulsada por un Congreso fragmentado y opositor, ha convertido la presidencia en ceviche envenenado, donde ningún líder completa su mandato sin enfrentar mociones de censura o investigaciones fiscales.

Los motivos detrás de la destitución de Jerí radican en el escándalo conocido como "Chifagate", un entramado de reuniones secretas que erosionaron su credibilidad. Jerí, quien asumió interinamente tras la caída de Boluarte, fue acusado de tráfico de influencias y corrupción.

Videos filtrados lo mostraron encapuchado ingresando a un restaurante chino cerrado en Lima el 26 de diciembre de 2025, y otra vez con lentes oscuros en una tienda el 6 de enero de 2026. Estas citas no registradas en el Palacio de Gobierno involucraban a empresarios chinos de reputación dudosa, generando sospechas de favores en contratos estatales.

El Congreso aprobó con 75 votos a favor la censura y lo derribó en un pleno caótico, destacando también su influencia en nombramientos irregulares en el gobierno. En el centro del torbellino está Zhihua Yang, alias Johny Yang, un empresario chino de 54 años que llegó a Perú en 1993 como lavaplatos en un restaurante.

Nacido en Fujian, China, en 1972, escaló de vendedor ambulante a dueño de restaurantes, una empresa de importación y el supermercado Market Capón en Lima. En 2023, su firma Hidroeléctrica América obtuvo una concesión estatal, y actúa como facilitador logístico para empresas chinas estatales investigadas por irregularidades en licitaciones entre 2018 y 2022.

Miembro del "Club del Dragón", un grupo de influencia china en Perú, Yang ha visitado el Palacio de Gobierno múltiples veces, aunque niega reuniones directas con Jerí. El escándalo exacerbó tensiones geopolíticas, con Estados Unidos advirtiendo sobre inversiones chinas en proyectos como el puerto de Chancay, valoradas en más de 35 mil millones de dólares desde 2000.

En dicho contexto, el nuevo presidente interino, José María Balcázar (de 83 años), fue elegido por el Congreso el 18 de febrero de 2026 como un intento de estabilización temporal.

Abogado, exjuez y exvocal supremo provisional de la Corte Suprema, con trayectoria en el partido Perú Libre (el mismo de Pedro Castillo), Balcázar presenta un perfil de izquierda que algunos ven como moderado en su énfasis en el diálogo institucional y en reformas para fortalecer la democracia.

Su elección busca guiar al país hacia las elecciones generales del 12 de abril sin mayores convulsiones, priorizando el consenso con el Legislativo en un mandato efímero que concluye el 28 de julio. Sin embargo, Balcázar ha sido duramente cuestionado por sus declaraciones polémicas en 2023, durante el debate sobre la prohibición del matrimonio infantil.

Afirmó que las relaciones sexuales tempranas (desde los 14 años) "son habituales", "no hay problema" si hay consentimiento y no hay violencia, y que incluso "ayudan al desarrollo psicológico de una mujer", lo que provocó rechazo masivo de organizaciones de derechos humanos, autoridades de protección infantil y sectores políticos.

Estos y otros antecedentes han llevado a analistas y sectores de la opinión pública a ver su designación como otra "jugada" del Congreso que exhibe la precaria institucionalidad de Perú. Esta inestabilidad peruana evoca paralelos con Argentina, donde el presidente Javier Milei enfrenta su propia tormenta. Ambos países sufren polarización extrema, protestas masivas y ciclos de crisis económica.

En Perú, la fragmentación partidaria permite destituciones rápidas por el Congreso. En Argentina existe un sistema más institucionalizado, aunque la nueva composición del Congreso no garantiza límites a los excesos del Ejecutivo, y mucho menos a los decretos de Milei.

Económicamente, Perú presenta tasas estables pero elevados índices de desigualdad. Argentina padeció una alta inflación reciente que bajó a 32,4% interanual en enero de 2026 (según Indec), pero con recesión, aperturas indiscriminadas de importaciones, despidos, reservas críticas y riesgo de default.

Ambos países comparten el flagelo de la inequidad social que alimenta huelgas, como el paro nacional en Argentina del 19 de febrero y la dependencia de los commodities.

También existen diferencias: Perú sufre más inestabilidad presidencial (ocho Jefes de Estado en diez años ocuparon la presidencia), mientras Argentina lidia con una elevada deuda externa y reformas "shock" que generan fuerte impacto social, especialmente en los segmentos más vulnerables.

¿Es Perú el espejo de Argentina? No del todo; Perú refleja un caos institucional más agudo, mientras Argentina canaliza tensiones a través de partidos polarizados. Ambos, sin embargo, ilustran cómo la debilidad democrática perpetúa ciclos viciosos.

En palabras inspiradas en el analista político Carlos Meléndez, la institucionalidad es el ancla que evita el naufragio de las naciones; sin ella, la inestabilidad se convierte en destino inevitable.

El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política y escritor.