Amenazaron a un vendedor de celulares para cobrar una supuesta deuda y terminaron presos

Tres jóvenes de entre 18 y 20 años recuperaron este lunes la libertad luego de ser imputados por amenazas coactivas a raíz de un episodio ocurrido la semana pasada en un departamento de la ciudad de Santa Fe. La audiencia se realizó ante el juez José Luis García Troiano, con la intervención del fiscal Ignacio Lascurain y del abogado defensor Héctor Elías Logiovine.

Los imputados, identificados por sus iniciales S.M.P., T.B.S.O. y V.R.S., quedaron sujetos a medidas alternativas a la prisión preventiva, acordadas entre la fiscalía y la defensa.

Negociación y amenazas

Según relató el fiscal Lascurain durante la audiencia, el episodio comenzó el miércoles 5 de agosto, cuando los tres jóvenes se contactaron con un vendedor de celulares que trabaja por su cuenta y consultaron por la compra de un aparato.

El encuentro fue coordinado en el departamento donde el vendedor desarrolla su actividad, ubicado en inmediaciones de calle Francia al 2100. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse porque el comerciante detectó una actitud que le resultó sospechosa en uno de los presentes.

De acuerdo con la acusación, al día siguiente, el 6 de agosto, los tres jóvenes regresaron al edificio e ingresaron burlando las medidas de seguridad. Una vez frente al departamento del vendedor, le exigieron dinero y teléfonos celulares y lo amenazaron con “hacerlo cagar”.

La situación continuó durante la madrugada siguiente. El vendedor llamó al 911 para denunciar que un Toyota Etios blanco, ocupado por tres personas, permanecía merodeando las inmediaciones de su domicilio.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos policiales identificaron el vehículo y detuvieron a sus ocupantes en las cercanías.

Durante el procedimiento fueron secuestrados ocho precintos plásticos, guantes de látex, tijeras, barbijos, una pistola de aire comprimido calibre 4,5 milímetros, un cuchillo y dos patentes apócrifas.

La investigación continúa

Lascurain repasó durante la audiencia la evidencia reunida hasta el momento y sostuvo que permite tener por acreditada, en esta instancia, la existencia de las amenazas. Al mismo tiempo, aclaró que la investigación continúa y que no se descarta que la calificación jurídica pueda modificarse a partir de nuevas evidencias, particularmente en relación con posibles delitos contra la propiedad.

La defensa, por su parte, anticipó que los tres jóvenes se abstendrían de declarar. Logiovine sostuvo que sus asistidos “son chicos que reaccionaron a una injusticia”, que “no son una banda criminal” y que “no tienen antecedentes”.

Aunque el defensor no explicó durante la audiencia cuál era la situación a la que hacía referencia, posteriormente trascendió que los jóvenes sostendrían que habían recurrido a ese mecanismo para recuperar un dinero que le reclamaban al vendedor de celulares y que éste se habría negado a devolverles.

Esa versión forma parte de la explicación que trascendió y deberá ser contrastada con la evidencia que se incorpore a la investigación.

Libertad con restricciones

Frente al acuerdo alcanzado entre las partes, el juez García Troiano dispuso que los tres jóvenes transiten el proceso en libertad bajo una serie de medidas.

Deberán fijar domicilio, tienen prohibido mantener cualquier tipo de contacto con el denunciante y deberán respetar una distancia mínima de 200 metros respecto de la vivienda de la víctima. Además, tendrán que presentarse una vez por mes ante el Ministerio Público de la Acusación para dejar constancia de su comparecencia.

Antes de finalizar la audiencia, el juez se dirigió directamente a los tres imputados y les advirtió sobre la gravedad de la situación procesal en la que se encuentran.

“Lo que acaban de hacer no es una broma, es un delito”, les dijo García Troiano, antes de preguntarles si comprendían las consecuencias de la imputación y de las medidas impuestas. Los tres jóvenes respondieron afirmativamente con un gesto de cabeza.