Prisión para el dirigente kirchnerista imputado por amenazas y tenencia de cocaína

El dirigente Carlos Carlozzi, vinculado al kirchnerismo, quedó en prisión preventiva este jueves en el marco de una causa por amenazas y tenencia de cocaína.

La jueza penal Cecilia Labanca dispuso la cautelar sin plazos. La investigación se encuentra en manos del fiscal Marcelo Nessier, quien atribuyó a Carlozzi la autoría de los delitos de “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Los defensores Néstor Oroño y Macarena Olivera plantearon la inexistencia de elementos que permitan acreditar que la tenencia de los más de 150 gramos de cocaína secuestrados fuera para su venta. En esa línea estuvo la resolución de Labanca, que sólo acreditó el delito de “tenencia simple de estupefacientes” y señaló que la fiscalía deberá ahondar en la investigación.

Durante la audiencia, Carlozzi hizo uso de su derecho a declarar y negó rotundamente las acusaciones de amenazas. Aseguró que la relación con la denunciante fue conflictiva y que ella incluso ingresó de manera ilegal a su propiedad el pasado 5 de febrero para retirar pertenencias, hecho por el cual él mismo radicó una denuncia policial.

En relación al material estupefaciente hallado en sus domicilios, la defensa indicó que "lo único que reconoce como propio es 1,7 gramos para su consumo personal", desconociendo el resto de la cocaína incautada. El imputado afirmó ante la jueza que no se dedica a la venta de estupefacientes y puso a disposición sus dispositivos electrónicos para peritajes.

Amenazas, drogas y un arma

El fiscal Nessier basó su imputación en una denuncia radicada en febrero, que describe un episodio violento ocurrido el 20 de enero. Según la fiscalía, Carlozzi habría exhibido un revólver calibre .38 para intimidar a una mujer con la que mantenía un vínculo causal, esto cuando estaban en el domicilio de la expareja de ella.

La denunciante señaló que Carlozzi le había entregado una bolsa con cocaína con la orden de que se la "plantara" a su anterior pareja para perjudicarlo legalmente, y ella se negó. Para el fiscal, estas acciones se inscribieron en un marco de violencia de género y asimetría de poder, donde el imputado se jactaba de sus vínculos políticos y su pasado como asesor de seguridad nacional.

Respecto a la droga, se secuestraron 157 gramos de cocaína distribuidos entre sus dos propiedades, lo que para el MPA indicaba fines de comercialización debido a la cantidad.

A su turno la defensa puso en crisis el relato de la denunciante al señalar contradicciones temporales. Cuestionó cómo era posible que, si las amenazas comenzaron en diciembre, la mujer aceptara irse de vacaciones a Córdoba con su presunto victimario pocos días después. Asimismo, destacó que los testigos presentes en la discusión del 20 de enero negaron haber visto un arma de fuego.

Sobre la droga, los abogados de Carlozzi argumentaron que no se hallaron elementos de corte, balanzas ni registros que probaran la venta, calificando la tenencia como "totalmente neutral" y no con fines comerciales.

Prisión preventiva

Al resolver, la jueza Labanca consideró que existe una probabilidad de autoría respecto a las amenazas calificadas, fundamentada en la tenencia legítima del imputado y en el contexto acreditado por la denunciante y otros testigos. La magistrada resaltó que la mujer se encontraba en una ciudad ajena, sin recursos y con sus pertenencias retenidas por el imputado durante meses.

Sin embargo, respecto al otro delito imputado, Labanca coincidió con la defensa y sostuvo que en esta etapa incipiente sólo se puede acreditar la “tenencia simple”, ya que la fiscalía no presentó evidencias directas de maniobras de comercialización.

La jueza aclaró que no se atribuyó formalmente el delito de “portación de arma de fuego” a Carlozzi, ya que el imputado cuenta con una autorización de tenencia legítima vigente. No obstante, advirtió que si se acreditara que él trasladó el revólver calibre en condiciones de uso inmediato fuera de su domicilio, eso constituiría un delito independiente.

Finalmente, la magistrada rechazó el pedido de la defensa para otorgar medidas alternativas, como la internación de Carlozzi en un centro de rehabilitación, ya que advirtió que no se presentaron certificados médicos que acreditaran una patología que exigiera dicha medida.

Al ordenar la prisión preventiva, Labanca señaló que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento probatorio, dada la capacidad económica del imputado y la gravedad de los hechos, que harían que una eventual condena sea de cumplimiento efectivo.