Fijan juicio abreviado para el tercer acusado de extorsión contra un empresario santafesino

La Justicia provincial celebrará este martes una nueva audiencia de juicio abreviado en la causa que investiga la tentativa de extorsión contra un empresario de la ciudad de Santa Fe, quien durante diez días fue sometido a una escalada de amenazas en las que le exigían el pago de 100.000 dólares bajo advertencias dirigidas también a su familia.

La audiencia fue fijada para las 12.30 en la Sala 6 del primer piso de los tribunales santafesinos, donde el juez Sergio Carraro analizará el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación y José Luis Ríos, uno de los cuatro imputados en la carpeta judicial.

De acuerdo con el cronograma de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la acusación estará representada por los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández, mientras que la defensa de Ríos será ejercida por el abogado Néstor Pereyra. El imputado podría participar de la audiencia mediante videoconferencia desde el establecimiento donde permanece alojado.

Tercer abreviado

Ríos se convertirá, en caso de que el acuerdo sea declarado admisible, en el tercer acusado que reconoce su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.

El primero fue Guillermo Sebastián Pucheta, condenado en marzo de este año a cuatro años y seis meses de prisión, con unificación de penas y declaración de reincidencia. El segundo fue Rodolfo Eduardo Liendo, un corredor de cereales y transportista de 51 años que el mes pasado recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de extorsión en grado de tentativa.

Con la eventual resolución favorable del acuerdo, únicamente quedará pendiente la situación judicial del empresario uruguayo Walter Antonio Roel de Armas, señalado por la fiscalía como el presunto organizador del plan extorsivo. El imputado fue extraditado desde Uruguay a comienzos de este año y permanece con prisión preventiva domiciliaria en la ciudad de Santa Fe.

Amenazas durante diez días

La investigación sostiene que la maniobra se desarrolló entre el 1 y el 10 de octubre de 2025 y tuvo como objetivo obligar a un empresario santafesino a entregar 100.000 dólares bajo amenazas cada vez más intimidatorias.

Según la teoría del caso de la fiscalía, el esquema fue organizado desde Uruguay por Roel de Armas y contó con la colaboración de los restantes imputados, quienes habrían aportado información personal y sensible sobre la víctima y su entorno familiar.

Las intimidaciones comenzaron con reclamos vinculados a una supuesta deuda y advertencias genéricas sobre las consecuencias de no pagar el dinero exigido. Sin embargo, con el correr de los días los mensajes escalaron en violencia e incorporaron referencias concretas a la pareja y al hijo del empresario.

Entre otras circunstancias, los investigadores atribuyen a los acusados amenazas relacionadas con los movimientos cotidianos del hijo de la víctima, referencias al lugar de trabajo de su pareja y la advertencia de "levantar" al joven si no se concretaba el pago.

La acusación también incluye un episodio en el que dos de los imputados recorrieron comercios vinculados a la familia del empresario, una acción que, para la fiscalía, buscó reforzar la sensación de vigilancia permanente y aumentar la presión psicológica sobre el destinatario de las amenazas.

El tramo final

La causa se inició con una serie de detenciones realizadas en octubre de 2025. Pucheta fue el primero en ser arrestado, seguido por Liendo y posteriormente Ríos, quien fue localizado en barrio Los Hornos.

En diciembre de ese mismo año, Roel de Armas fue detenido en la ciudad uruguaya de Pan de Azúcar, a partir de una alerta roja de Interpol, y luego extraditado a la Argentina.

Si este martes el juez Carraro admite el acuerdo alcanzado con José Luis Ríos, el expediente quedará a un solo paso de su cierre definitivo, con la resolución pendiente respecto del empresario uruguayo, considerado por la acusación como quien ideó y dirigió la maniobra extorsiva desde el país vecino.