El gobierno provincial puso el foco en las armas: “Hay que retirarlas de circulación”

Un procedimiento que comenzó a partir de una denuncia por violencia doméstica terminó revelando la existencia de un verdadero arsenal en una vivienda del barrio Barranquitas, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Allí la Policía de Investigaciones secuestró 12 armas de fuego de distintos calibres, además de municiones.

Según explicó Rolando Galfrascoli, director de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el hallazgo forma parte de una investigación más amplia sobre la circulación de armas y la actividad delictiva en ese sector de la ciudad.

El funcionario provincial sostuvo además que la investigación deberá determinar cuál era el destino de las armas y no descartó que algunas de ellas hayan sido utilizadas por terceros para cometer delitos.

Todas estaban registradas formalmente a nombre de una misma persona, circunstancia que, a criterio de las autoridades, abre interrogantes sobre los controles existentes para la adquisición y tenencia de armamento.

Un arsenal

La investigación tuvo un punto de partida que, en principio, parecía alejado de una trama criminal de mayor dimensión. Un episodio de violencia doméstica, acompañado por amenazas calificadas y un abuso de arma, llevó a los investigadores hasta un domicilio de Barranquitas.

A partir de allí, según explicó Galfrascoli, los pesquisas pudieron vincular ese episodio con información que ya se encontraba en poder de los investigadores respecto de la circulación de armas en ese sector de la ciudad.

"Fuimos a buscar a partir de una investigación. Teníamos el dato a partir de esta investigación de este hecho violento, pero más doméstico, y llegamos a lo que pensábamos y a la información que teníamos, confirmándola: un arsenal dispuesto para cometer delitos en la casa de una persona", sostuvo.

El resultado del procedimiento fue contundente: 12 armas de fuego fueron retiradas de circulación. Entre ellas había pistolas calibre 9 milímetros, revólveres, escopetas y otras armas, además de municiones.

Para el funcionario, la cantidad y variedad del armamento encontrado en un mismo inmueble excede, en principio, el marco de una tenencia doméstica convencional. Galfrascoli habló de una organización criminal de carácter barrial en términos criminológicos, aunque aclaró que será la investigación judicial la que deberá establecer responsabilidades, vínculos y eventuales delitos.

"Uno tiene que pensar que toda esa cantidad de armas de fuego, todas en calidad o en capacidad de ser usadas, en una sola casa, en un solo domicilio, ligado a un clan familiar, que tienen antecedentes penales, evidentemente uno tiene que pensar que no solamente se pueden utilizar para realizar delitos, sino también para que otras personas con esas mismas armas cometan delitos", afirmó.

Alquiler de las armas

Una de las preguntas que queda abierta tras el procedimiento es cuál era el destino concreto de las armas. Consultado sobre la posibilidad de que fueran alquiladas a delincuentes para cometer distintos hechos, Galfrascoli fue prudente y señaló que esa alternativa deberá ser investigada a partir del material secuestrado.

El funcionario sí afirmó que existe una vinculación con otros hechos delictivos, aunque evitó brindar detalles que pudieran comprometer el avance de las pesquisas.

"No solamente se pueden utilizar para realizar delitos per se, sino también para que otras personas con esas mismas armas cometan delitos", insistió.

Otro dato que llamó particularmente la atención de los investigadores es que las 12 armas estaban registradas formalmente a nombre de una sola persona.

No se trataría, según precisó Galfrascoli, de armamento robado o sustraído de dependencias policiales. El origen formal de las armas llevó al funcionario a reclamar un mayor control sobre las licencias y autorizaciones para adquirir armamento en el país.

"Estamos hablando de una persona que no tenía capacidad económica como para poder adquirir dos y tener 12 armas de fuego en su poder", sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las autoridades nacionales profundicen los controles sobre quienes obtienen autorización para comprar y poseer armas de fuego.

"Tenemos que llamar la atención a las autoridades nacionales para que fortalezcan, profundicen y lleven adelante a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina un plan de control sobre las licencias que se dan para que una persona pueda comprar un arma de fuego", señaló.

Casi 40 allanamientos y más de 25 detenidos

El procedimiento de Barranquitas se inscribe, según explicó el director de Investigación Criminal, dentro de un despliegue más amplio realizado durante la última semana por la Policía de Investigaciones en distintos puntos de la provincia.

Galfrascoli indicó que fueron realizados casi 40 allanamientos y que más de 25 personas quedaron privadas de su libertad y a disposición de la Justicia. También se secuestraron más de 15 armas de fuego y material estupefaciente que, de acuerdo con la estimación oficial, permitiría obtener más de 2.000 dosis, fundamentalmente de cocaína.

"Podemos dar cuenta otra vez de una semana en la que la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe sigue rompiendo sus propios récords en materia de persecución penal", afirmó.

El funcionario vinculó esos resultados con el plan de seguridad implementado por el gobierno provincial y con la coordinación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.

En su exposición, Galfrascoli ubicó dos objetivos centrales dentro de esa estrategia: combatir el microtráfico y retirar armas de fuego de circulación. Según sostuvo, ambas problemáticas mantienen una relación directa con los episodios de violencia altamente lesiva.

"La política de persecución a los criminales violentos tiene que ver, por un lado, con eliminar el microtráfico como economía delictiva que está directamente ligada a la violencia altamente lesiva y, por otro lado, poder retirar las armas de fuego que circulan en la ciudad de Santa Fe y en la provincia", explicó.

El funcionario también destacó que el descenso de la demanda operativa en Rosario y Santa Fe permite, según su evaluación, ampliar el despliegue de la Policía de Investigaciones hacia otras localidades de la provincia.

En ese marco mencionó procedimientos recientes en localidades más pequeñas y sostuvo que el trabajo de los municipios, las comunas, los consejos de seguridad y los vecinos resulta un complemento importante para orientar las investigaciones.

Sin embargo, remarcó que el 911 continúa siendo la herramienta central para el ingreso de información que puede derivar en investigaciones y allanamientos.

"El 911 es uno de los mayores aciertos en política de seguridad y persecución penal de la provincia de Santa Fe", afirmó.

Sobre el procedimiento de Barranquitas, mientras tanto, la investigación continúa. La Justicia deberá establecer qué relación tenían las 12 armas entre sí, cuál era su procedencia, quiénes tenían acceso efectivo al armamento y, eventualmente, si algunas de esas armas fueron utilizadas en hechos delictivos ocurridos en la ciudad.

Lo que comenzó con una denuncia por un episodio de violencia doméstica terminó así abriendo una línea investigativa mucho más amplia: la posible existencia de una estructura dedicada a almacenar y eventualmente facilitar armas para la comisión de delitos.