Un adolescente pasará dos meses encerrado por amenazar de muerte a su madre en Santa Fe

Un adolescente de 17 años quedó alojado por 60 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj) de Santa Fe, luego de que la Justicia considerara necesario adoptar una medida de resguardo ante un nuevo episodio de violencia hacia su madre.

El joven, identificado por sus iniciales JP, está acusado de haberla amenazado de muerte el pasado 3 de septiembre, cuando intentaba ingresar a una vivienda de calle Pavón al 4800.

El caso expuso nuevamente las dificultades para abordar una situación atravesada por el consumo de sustancias y una problemática de salud mental.

Durante la audiencia, realizada el viernes pasado en los tribunales de Santa Fe, las partes discutieron precisamente cuál debía ser la respuesta frente a un adolescente que, según se explicó, no logró sostener las estrategias de tratamiento implementadas hasta el momento.

El acto fue presidido por el juez penal juvenil Héctor Aiello. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, mientras que JP fue asistido por el defensor público Sebastián Moleón. También participaron representantes de la Secretaría de Niñez y una representante del equipo interdisciplinario de la Corte provincial.

Una sucesión de episodios

La fiscalía atribuyó al adolescente el delito de amenazas coactivas, en carácter de autor. La intervención policial se produjo luego de un llamado al 911, a partir del episodio registrado en la vivienda.

Al fundamentar el pedido de alojamiento en un centro cerrado, Gioria reconstruyó una serie de situaciones que, a criterio de la acusación, permiten dimensionar la complejidad del caso. En abril, recordó, el adolescente había protagonizado un episodio de particular violencia contra su madre, durante una crisis vinculada al consumo de estupefacientes, en el que habría intentado asfixiarla.

Posteriormente, en julio, se le atribuyó un robo cometido contra otro adolescente, en el que habría utilizado un arma blanca. Y ahora se produjo un nuevo episodio que vuelve a tener como protagonista a su madre, esta vez a partir de las amenazas de muerte que motivaron la intervención policial.

Para la fiscalía, esa sucesión de hechos debe ser considerada junto con los informes que dan cuenta de la problemática de consumo.

Gioria señaló que el adolescente había tenido dificultades para sostener las medidas destinadas a favorecer su recuperación y consideró que, en las actuales circunstancias, un dispositivo de puertas abiertas no permitiría garantizar su permanencia ni el seguimiento del proceso.

La representante del MPA propuso que el alojamiento en el Cerpj pueda interrumpirse cuando se encuentre disponible un tratamiento adecuado para el consumo problemático.

Salud mental, la otra discusión

La defensa rechazó el pedido de alojamiento y planteó que el eje de la intervención debía estar puesto en la salud mental. Moleón sostuvo que el adolescente se encuentra atravesando un tratamiento relacionado con el uso de sustancias psicoactivas y que su condición de joven, sumada a la problemática de consumo, configura una situación de especial vulnerabilidad.

Desde esa perspectiva, propuso un tratamiento ambulatorio y planteó la necesidad de una intervención específica de los organismos de salud mental. Durante la audiencia también se informó que algunas instituciones privadas no habían aceptado al adolescente debido a que se encuentra atravesando un proceso penal.

A través de una videoconferencia intervino la representante de la Dirección Provincial Penal Juvenil, la Dra. Melani Almada. La profesional explicó que existían dificultades concretas para sostener un tratamiento de desintoxicación ambulatoria y recordó experiencias anteriores en las que el adolescente no había permanecido en dispositivos de puertas abiertas.

Almada consideró que, en las circunstancias actuales, el Cerpj ofrecía condiciones para atender simultáneamente las necesidades vinculadas con su salud y su seguridad.

Medida cautelar y nuevo plan

Finalmente, Aiello resolvió disponer el alojamiento del adolescente en una institución de carácter cerrado durante 60 días como medida cautelar.

El juez consideró que el nuevo episodio de amenazas hacia la madre configuraba una situación de riesgo que debía ser contemplada, teniendo en cuenta además que se trata de una persona que también presenta una condición de vulnerabilidad.

Pero la resolución no se limitó al aspecto cautelar. Aiello remarcó la necesidad de diferenciar esa medida de las acciones socioeducativas destinadas a posibilitar el recupero de la libertad y dispuso que los organismos que participaron de la audiencia elaboren un plan específico para abordar la dependencia y el consumo problemático del adolescente.

El magistrado sostuvo que la problemática de salud mental y consumo debía ser atendida de manera prioritaria y advirtió que las estrategias intentadas hasta el momento no habían alcanzado los resultados esperados.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de revisar las medidas antes del vencimiento de los 60 días si se presenta un plan concreto, realista y que pueda ser efectivamente cumplido.