Anularon el concurso para ocupar la Defensoría de Niñez y se abrió otra polémica en el Congreso

Nueva polémica en el Congreso de la Nación. Este jueves, la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aprobó dar por terminado el concurso público desarrollado en 2025, que había concluido con la postulación de María Paz Bertero para encabezar el organismo, que ya había obtenido aval en Diputados.

La decisión fue impulsada por el vice de la Comisión, el diputado santafesino Nicolás Mayoraz y respaldada por la presidenta Vilma Bedia, legisladores de La Libertad Avanza.

La resolución fue la culminación de una disputa que viene de arrastre. Lo que hasta hace unos pocos meses había sido presentado como el corolario institucional de una vacante sensible, ahora fue reconfigurado por la nueva mayoría de la bicameral en la que ganó peso el oficialismo, presentándolo como un proceso mal diseñado y políticamente objetado.

Como argumento central, Mayoraz esgrimió que el plazo de 180 días previsto en el reglamento del concurso, al contarlo desde su elevación, venció el 22 de marzo, por lo que la terna ya no tendría validez jurídica. Y sobre esa base propuso clausurar el proceso y avanzar hacia uno nuevo, “de foja cero”, con otro reglamento que se asemeje al formato que se implementó para Defensor del Pueblo. La oposición adelantó que judicializará la decisión por irregularidades varias.

Concurso objetado

El proceso que ahora se dio por caído había sido lanzado formalmente en junio de 2025, después de semanas agitadas por la salida de Marisa Graham y con la necesidad de cubrir un cargo estratégico dentro del sistema de protección integral de la niñez. La entonces conducción de la bicameral, presidida por la radical Natalia Sarapura, había puesto en marcha el Concurso Público de Antecedentes y Oposición con un cronograma preciso: inscripción, impugnaciones, exámenes, audiencias y una terna para presentar en el Congreso.

Ese diseño había sido presentado en su momento como una respuesta institucional a la acefalía, bajo la lógica de ordenar rápido un recambio, evitar que la Defensoría siguiera flotando en una transición indefinida y encauzar la designación dentro del procedimiento previsto por la Ley 26.061. En el camino, sin embargo, se fueron acumulando objeciones. Ya entonces Mayoraz y otros representantes del PRO habían cuestionado plazos, criterios de evaluación, acceso a exámenes y el peso de los acuerdos políticos en la etapa final.

El concurso llegó a su punto culminante el 22 de octubre de 2025, en una reunión maratónica y cargada de cruces. Después de cinco votaciones, la bicameral terminó acordando una terna de síntesis: María Paz Bertero como defensora, Matías Robledo como adjunto primero y Héctor Vito como adjunto segundo. La propuesta alcanzó los siete votos necesarios tras una secuencia de mociones fallidas y negociaciones a la vista de todos. Pero ya entonces Mayoraz denunció “falta de transparencia” e “irregularidades” en los exámenes y denunció que el nombre ya estaba designado de antemano, algo que Sarapura y replicó que buscaba ensuciar el procedimiento porque no había gustado el resultado.

La terna finalmente fue al recinto de Diputados. Allí consiguió 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones, en una sesión donde el santafesino libertario volvió a cargar contra el procedimiento, mientras Sarapura respondió con dureza y defendió cada etapa del concurso. Para la oposición, ese antecedente es hoy la prueba de que existía una decisión institucional en curso. Para el oficialismo, en cambio, aquella votación no alcanza para blindar un proceso que consideran vencido y objetado.

Judicialización en puerta

La reunión de este jueves 14 de mayo se movió sobre dos carriles: el destino del concurso y la validez de la nueva conformación de la bicameral.

Desde Unión por la Patria, el senador Daniel Bensusán advirtió que la comisión estaba mal conformada, porque —según su planteo— no respeta la proporcionalidad de los bloques y al interbloque opositor le asignó un solo lugar cuando le correspondían dos. Recordó, además, que ya presentaron una acción en el Juzgado Contencioso Administrativo N°6 para cuestionar la “inconstitucionalidad” de la integración y la designación de autoridades. Y pidió no avanzar “hasta que la Justicia resuelva”.

La respuesta del oficialismo llegó con la propuesta de Mayoraz habilitado por Bedía. Ante esto, Germán Martínez denunció que “se está truncando el proceso” realizado “sujeto a derecho” y acusó al oficialismo de tener “en la mira a la Defensoría y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dijo el santafesino jefe de bloque de UxP en Diputados. José Mayans, líder del interbloque peronista en el Senado, completó como un "nuevo atropello institucional". La discusión estuvo cargada de interrupciones, chicanas y refutaciones reglamentarias.

Cuando la reunión ya parecía encaminada al cierre, llegó otro movimiento que dejó en claro que el conflicto recién empieza. La diputada Blanca Osuna, junto a Juan Carlos Molina, presentó la impugnación a Mayoraz como autoridad de la comisión y recordó que, desde la creación de la bicameral, la presidencia y la vicepresidencia habían alternado entre espacios distintos. Su argumento fue que la actual integración, con Bedia y Mayoraz, concentra ambos cargos en el mismo espacio político. “La ley tiene una definición lisa y llana sobre la proporcionalidad y representación”, planteó.

De esta manera, el oficialismo se propone no solo dar por inválido el concurso anterior sino también rediseñar de cero las reglas para un nuevo procedimiento. Ante esto, el planteo de la oposición es judicializar el tema, considerando que la terna tuvo tratamiento institucional e incluso fue aprobada por la Cámara de Diputados. En el medio, la Defensoría continúa pausada en su funcionamiento.