Justicia juvenil: “Hay que pensar en términos de sistema y no solamente de ley”

El próximo 5 de septiembre comenzará a regir el nuevo régimen penal juvenil en la Argentina. La modificación más conocida es la reducción de la edad de punibilidad, que pasará de 16 a 14 años, pero la nueva legislación incorpora además otros cambios en el funcionamiento del sistema.

Para Osvaldo Agustín Marcón, especialista en Justicia Juvenil y Trabajo Social Forense, la entrada en vigencia de la ley nacional debe ser entendida como un nuevo capítulo de un proceso que comenzó décadas atrás, con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

En Santa Fe, además, ese proceso tuvo una transformación reciente con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, pero también otras previas, como lo fue la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Marcón fue Trabajador Social Forense del Poder Judicial de Santa Fe durante 35 años. Actualmente dirige la Especialización en Trabajo Social Forense de las universidades nacionales del Litoral y de Rosario y la Maestría en Trabajo Social Forense de la Universidad Católica de Salta.

En diálogo con El Litoral, repasó los cambios, las particularidades del sistema santafesino y la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva que no se limite a la respuesta penal.

—¿Qué cambia principalmente a partir del 5 de septiembre?

—Lo primero que ajustaría es pensar que esto empieza ahora. Lo que cambia es la legislación a nivel nacional, pero en realidad el proceso empieza en 1989 con la Convención de los Derechos del Niño. A nivel nacional esa discusión empieza inclusive un poco antes y en Santa Fe tiene una muy rica historia en esta materia, que conviene poner en valor. A partir de entonces se van produciendo una serie de transformaciones.

Lo que viene ahora es la modificación de un aspecto de todo ese sistema, que tiene que ver con la justicia juvenil. Esa justicia juvenil tenía un decreto ley que venía de la última dictadura. Actualmente, cuando pensamos en lo penal, conviene recordar que así planteado sólo hace referencia a uno o dos artículos de la Convención, mientras que hay otros cuarenta y pico que tienen que ver con la protección integral de los derechos del niño.

Ahora entra en vigencia una ley nacional que reemplaza ese decreto ley. La modificación más conocida es la baja de la edad, de 16 a 14 años, pero no es lo único. También establece 15 años como tope de pena, incorpora la figura de un supervisor y le da mucha fuerza a la intervención interdisciplinaria.

Experiencia acumulada

—¿Cómo está Santa Fe para poner en práctica este nuevo esquema?

—Santa Fe tiene un Código Procesal nuevo, del año pasado, que ya fue pensado teniendo en cuenta algunos aspectos de la modificación nacional. Como siempre, faltan recursos.

En las declaraciones públicas aparece como que todo está, pero falta, sobre todas las cosas, darle contenido a los equipos que ya están creados. Contenido quiere decir personal, carrera, reconocimiento salarial. Esto tiene que ver con la acumulación de experiencia. Si la gente se va yendo del sistema, la calidad de la intervención va a caer. Lamentablemente ya hemos visto suceder esto y no conviene que se repita. Es necesario acumular capital humano y profesional especializado.

Santa Fe modificó fundamentalmente lo que tiene que ver con el proceso judicial. Desaparecieron los viejos jueces y juzgados de menores de toda la provincia. Lo que antes hacía en primera instancia el juez de menores ahora lo hace un fiscal. Hay intervención de un juez que controla la tarea del fiscal y también de un defensor. Existe además la posibilidad de intervención de un querellante desde el punto de vista de la víctima, aunque de manera más acotada en determinados casos. Es la figura del querellante adhesivo.

—¿Qué implica ese cambio de modelo?

—El protagonista central desde el punto de vista del proceso jurídico es el fiscal, el juez que controla, el defensor y, en algunos casos, la querella adhesiva. En el caso de Santa Fe la figura del asesor desaparece y quienes cumplían esa función pasaron a la condición de fiscales adjuntos.

Es un sistema acusatorio. El fiscal acusa, hay alguien que defiende y hay alguien que controla esa discusión entre quien acusa y quien defiende. Ese que controla para que sea ajustado a derecho es un juez. Después hay otros jueces en otros momentos del proceso, pero básicamente aparece la figura de un juez que cumple esa función de controlar la investigación. Estos son aspectos que establece cada provincia y, como te decía, Santa Fe lo modificó el año pasado. La ley que entra en vigencia el 5 de setiembre es legislación de fondo que aplica a todo el país. Establece, por ejemplo, la cuestión de la edad, que no pueden fijar las provincias, pero éstas establecen cómo proceder ante un hecho. Eso sería lo procesal.

Desaparece el juez de menores y desaparece la lógica del patronato al menos en el plano jurídico pues el cambio de la realidad, para bien o para mal, refiere a un proceso mucho más largo.

—¿Este cambio tiene una mirada más punitiva o de justicia restaurativa?

—En mi opinión es un sistema más punitivista. Y esto tiene que ver con los tiempos que corren, con un mundo donde Argentina y Santa Fe no están aisladas y con reclamos de una parte de la sociedad que pide eso.

Yo no estoy de acuerdo con que sea más punitivista, pero hay que ver qué está pasando con esos sectores que piden más represión. En declaraciones públicas esto no se dice de esta manera, pero quienes tenemos muchos años de trabajo en esto vemos cómo se va corriendo el eje.

En los años 80 existía una dependencia que se llamaba Dirección del Menor Transgresor y ya decíamos que era horrible ese nombre. Pero uno mira hacia atrás y nota que hemos ido empeorando, con algunos altibajos, en el modo de nombrar y en el modo de intervenir. Y ni qué hablar en el plano de los recursos.

Por eso se verá con el tiempo si este es un paso adelante o un paso atrás. Yo creo que es más punitivista, aunque se diga que se ajusta a los estándares internacionales.

Nuevamente, y como te decía antes, creo que se ajusta a un artículo del estándar internacional; los otros cuarenta y pico quedan de lado. De allí la necesidad de advertir que las personas a las que refiere la ley nacional que entra en vigencia, son también niños por lo que es estrictamente jurídico exigir la vigencia previa del Sistema Proteccional, con rango constitucional en Argentina.

Una de las claves de la cuestión es entender que ese puente entre lo proteccional y lo penal, así planteado, es un puente roto, un puente imposible. Sin embargo, se transforma en posible, inclusive civilizatoriamente maduro, cuando toma forma de Justicia Juvenil Restaurativa. Y esto está como principio en la legislación provincial que es, me parece, y aún en el contexto punitivista, mucho más avanzada que la nacional.

"Lo narco"

—¿Qué pasa con los adolescentes vinculados a estructuras de narcotráfico y, particularmente, con el narcomenudeo?

—Ahí hay un tema. Si determinados delitos vinculados al tráfico de drogas quedan dentro de los considerados graves, ¿qué va a pasar con esos chicos que hoy son “soldaditos” en muchos casos? ¿Van a tener como destino el encierro? ¿Van a existir alternativas? ¿En qué condiciones? Porque esas familias ya tienen demasiados problemas graves.

Lo que existe es una población a la que se le suma una serie de especies de micro-tragedias cotidianas, dentro de los cuales aparece lo narco. Si se interviene solamente sobre eso, como si lo demás no existiera, el destino es el de las políticas que fracasan.

Cada vez que estamos frente a un adolescente en esta situación nos encontramos con alguien que –es cierto- consume, compra y vende, pero que también dejó o fue dejado por la escuela, porque lo echaron “sin echarlo” o la abandonó, tiene violencia en la familia, los padres no tienen trabajo, vive en condiciones precarias y no puede salir a la calle si no lo hace armado porque lo amenazan.

Son diez, doce, quince factores. La pregunta es por qué, de todos ellos, enfatizamos en el consumo. No porque haya que dejarlo de lado, sino porque cuando enfatizamos en el consumo operamos sobre la lógica de una especie de chivo expiatorio, como si ese fuera el problema que explica todo. Es común escuchar afirmaciones tipo “el consumo lo perdió” pero creo que son todos esos factores los que “lo perdieron”.

—¿Y cómo observa a Santa Fe en su conjunto?

—Vista la ciudad desde localidades más chicas suele funcionar una especie de idea respecto de lo bien que funcionan las cosas en la ciudad de Santa Fe desde el punto de vista de los recursos. Sin embargo, en Santa Fe y Rosario hay como cáscaras de equipos, de instituciones.

Después, cuando uno ve adentro de la cáscara, el contenido es bastante pobre, no pobreza profesional pues si algo hay de prometedor es la riqueza profesional, sino en términos de recursos para generar proyectos de vida para estos adolescentes.

Los dispositivos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial están, pero no tienen la fortaleza que deberían tener. En otras ciudades hay instituciones municipales, centros de salud y otros actores que permiten cierta transversalidad social y ayudan a suplir esas carencias pero se requiere una presencia estatal mucho más robusta.

Pero no es justo que los dispositivos provinciales tengan tanta presencia, aún como “cáscaras”, en Santa Fe y Rosario y no la tengan también en ciudades de 100.000 habitantes o en localidades más chicas.

Pensando en la cuestión penal juvenil, estamos a tiempo de torcer el rumbo, porque empiezan a aparecer en esas ciudades más chicas problemáticas vinculadas al consumo, al microtráfico y otras situaciones que tienen la complejidad que conocemos de otras ciudades de Latinoamérica mucho más consolidadas en esta problema.

Una perspectiva diferente

—Ahí aparece la necesidad de pensar el sistema en su conjunto.

—Exactamente. Por eso hay que pensar en términos de sistema y no de ley. La ley sola no existe. Hay que darle contexto, y ese contexto viene dado por las decisiones políticas que se tomen y las interpretaciones que hagan los actores que tienen a su cargo esa interpretación, centralmente los profesionales que trabajan en el ámbito judicial: jueces, fiscales y defensores.

Santa Fe tiene una historia muy rica en esto que hay que poner en valor. El Código Procesal que entró en vigencia el año pasado tiene, entre otras cosas, el principio de justicia restaurativa. Y eso transforma las posibilidades.

También tiene el principio de especialidad, que en la legislación nacional está mucho más diluido. Esa especialidad no significa haber hecho un curso o haber trabajado un par de años en un juzgado de menores. Significa que jueces, defensores y fiscales tienen que estar especializados en la materia, pensar desde esa perspectiva y trabajar constantemente en eso.

Esto es justicia juvenil, no justicia penal de adultos. Y entonces proteccional, por mandato constitucional.

—¿Qué propone entonces la justicia restaurativa?

—La justicia restaurativa propone que no solamente se mire el hecho, sino fundamentalmente el daño. Eso implica reformular toda la manera de pensar y todo el sistema.

Muchas veces todos prefieren pensarlo en términos penales porque se sienten más seguros. El derecho penal es menos flexible, más esquemático. Si tengo un conjunto de principios, los aplico y se acabó la historia. Si tengo que pensar en clave de sistema internacional, la cosa se complica más y tengo que estudiar mucho más.

Delito adolescente

—¿Qué lugar ocupa el delito adolescente dentro del conjunto de delitos?

—La incidencia del delito adolescente en la masa total del delito sigue siendo, en promedio, de un 3%, aunque varía de provincia a provincia. Puede subir a cuatro o bajar a dos y pico, pero está ahí.

Lo que hay que discutir es la política criminal, porque lo que capta el sistema no necesariamente es lo mismo que percibe el ciudadano en el barrio. El sistema capta los casos graves. Pero para quien espera el colectivo o está en su casa, el problema puede ser el arrebato, que le abran el portón o que le manoteen el celular.

La intervención tiene que ser sobre la totalidad de los casos y avanzar hacia un sistema de justicia restaurativa.

—¿Qué significa esa “imaginación no punitiva” de la que usted ha hablado?

—Cuando un niño en la escuela o un hijo en casa no me hace caso, tiendo a castigarlo. Ahí la imaginación se empobreció. Llevado a una política de Estado, cuando aparece el microtráfico o determinados delitos, lo único que se me ocurre es hacer una nueva cárcel, meter más presos, más policías. Eso es ir hacia lo punitivo. Es la imaginación que, empobrecida, lleva a –como el mito del avestruz- esconder la cabeza bajo la tierra.

La alternativa es preguntarse qué podemos hacer con el adolescente que cometió el delito. Hay experiencias donde el fiscal trabaja con él y con profesionales para saber qué está pensando y a qué se puede comprometer. Si dejó la escuela, participa alguien de educación. Si vive en la calle, interviene quien corresponda. Se construye un compromiso y se trabaja sobre eso.

No es una receta. Puede llevar muchas horas y que el adolescente no diga nada. Entonces se vuelve a hablar al día siguiente. Hace falta tiempo y seguimiento. Es más fácil decir “no tenés disposición, vas a estar en el instituto”. Eso es punitivo. Y ese trabajo no necesariamente es más caro que mantener a un adolescente encerrado.

—¿Y qué rol tienen las instituciones que rodean a esos adolescentes?

Yo subrayaría el hecho de que la privación de libertad es el último-último recurso y nunca debe ser producto desesperado de aquella imaginación procesalmente empobrecida. De todos modos, cuando debe funcionar como último recurso, creo que debe entenderse que el adolescente no va a una institución, no es alojado allí sino que es un momento de tránsito durante el cual los equipos deben apuntalar el desarrollo de un proyecto de vida para ese adolescente en el afuera, y lo más pronto posible.

Nuevamente, aquí es indispensable llenar de contenidos esas “cáscaras” que mencionaba antes: recursos, reconocimiento, capitalización del valor profesional. De poco sirve que el adolescente “se porte bien” en la institución si, mientras tanto, no se está preparando y conectándolo con algo en el barrio al que volverá.

También son centrales los medios, el sistema escolar, las instituciones religiosas y los clubes de barrio, pero el Estado tiene que sostener al club, no hacer que el club se haga cargo del Estado.

Y aparece otro principio: la corresponsabilidad. No se trata de que la fiscalía se saque el caso de encima y se lo mande al CAF o a la escuela. Hay que coordinar, respaldar y trabajar en conjunto. Para eso también hacen falta recursos.