Santa Fe libre de discursos de odio y discriminación

Sobre tablas, por unanimidad y con las firmas de todos los senadores presentes, la Cámara alta de la Legislatura santafesina sancionó la ley que declara a la Provincia de Santa Fe "como territorio libre de discursos de odio". La norma tiene el objetivo además de "establecer medidas de prevención y concientización y promover la convivencia democrática basada en el respetoa la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación".

La norma que viene a dar un testimonio de cómo es la vida política de la provincia a nivel institucional, entre los partidos políticos y sus dirigentes, ciertamente cuida que ese clima derrame sobre los ciudadanos. Es una perfecta contracara de lo que sucede a nivel nacional.

Contiene en su artículo segundo una "definición de discurso" que dice: "A los efectos de esta ley, se entiende por discurso de odio toda expresión -verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo de personas en razón de su raza, color, origen étnico o nacional, nacionalidad, religión o creencias, género, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición socioeconómica, estado de salud, edad u otras personalísimas".

Menos de 24 horas pasaron entre la formalización del pedido de esta norma a los legisladores provinciales por parte de la Mesa del Diálogo Santafesino y la consecuente media sanción del Senado. En rigor, desde hace décadas en el cuerpo deliberativo hay tradiciones democráticas que se respetan y cuidan. Prevalece, además de la gobernabilidad, el diálogo y la disposición a negociar.

Otro artículo ordena que el "el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, debe diseñar e implementar campañas de comunicación y sensibilización social dirigidas a la población en general, con énfasis en entornos digitales, orientadas a la prevención de los discursos de odio y a la promoción de una cultura de respeto y convivencia democrática".

Añade además "como artículo 62 bis en el Libro III, 'De las faltas y sus Penas', Título II, 'Contra la tranquilidad y el orden Público', Capítulo I, de la Ley 10.703 y modificatorias del Código de Convivencia de la Provincia de Santa Fe, el siguiente texto: 'Artículo 62 bis.- Discursos de odio. Los que individualmente o en grupo incurrieran en conductas calificadas como discursos de odio será reprimido con una multa de sesenta (60) jus, que podrá ser conmutada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre los mismos". Tanto la ejecución como el abordaje del curso la autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig agradeció a los jefes de los bloques del oficialismo, Rodrigo Borla y de la oposición, Rubén Pirola. Subrayó el valor de la labor de las entidades que constituyen la Mesa de Diálogo Santafesino y lamentó las divisiones nacionales una y otra vez alimentadas desde el poder.

Por el pleno goce de los derechos humanos

"El discurso de odio constituye uno de los fenómenos más lesivos para la convivencia democrática y el pleno ejercicio de los derechos humanos", dicen los considerandos. Y los describe, como "toda expresión que incita a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos, representa una amenaza directa a la dignidad humana y la cohesión social".

"La violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en palabras, imágenes, gestos y formas de comunicación que desacreditan, ofenden o deshumanizan a personas y comunidades, deteriorando las condiciones simbólicas necesarias para la convivencia democrática", expresa.

Daños más allá de la víctima directa

Es valiosa la idea que luego se despliega: "los discursos de odio producen daño no solo sobre quienes son directamente destinatarios de ellos, sino también sobre el conjunto de la comunidad, erosionando el reconocimiento mutuo, debilitando la confianza social, afectando el tejido democrático que hace posible la vida común".

Advierte que los avances tecnológicos y la masificación de las redes sociales han amplificado exponencialmente la velocidad y el alcance de los discursos de odio. "Estos discursos no solo generan daño psicológico inmediato en las víctimas, sino que contribuyen a climas de violencia, exclusión social y, en casos extremos, a crímenes motivados por el odio", añade.

Enumera la creciente inmediatez de las comunicaciones, el anonimato de las redes sociales y la irrupción de la inteligencia artificial -que amplía la posibilidad de producir expresiones que deshumanizan y agreden- que vuelven "indispensable el abordaje de dicha problemática por parte del Estado".

Toda sociedad democrática requiere instituciones que sancionen la violencia у, al mismo tiempo, promuevan prácticas políticas, culturales, religiosas, educativas y comunitarias que fortalezcan el encuentro, la escucha y el reconocimiento mutuo, especialmente allí donde crecen la fragmentación social, la desconfianza y la hostilidad".

"Defender la convivencia democrática -concluye- no consiste únicamente en impedir la violencia, sino también en preservar, aun en medio de las diferéncias, el respeto irrestricto por la libertad de pensar del otro".