Santa Fe expuso en el Senado su diagnóstico sobre el estado de la producción nacional

Distintos sectores productivos llegaron al Senado de la Nación desde distintos lugares y actividades del país, para discutir sobre el estado de la producción nacional y buscar soluciones de cara a los próximos años.

La charla-debate “Una agenda para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?” fue encabezada por los senadores Jorge Capitanich y Marcelo Lewandowski y reunió a cámaras empresarias, productores, industriales y especialistas de distintas regiones del país.

Al dar comienzo a la jornada, se recordó que la Comisión de Industria y Comercio impulsan iniciativas destinadas a acompañar inversiones productivas. Lewandowski describió, antes de hacer circular la palabra, un cambio de prioridades en la discusión: “En algún momento propusimos para crecer; hoy tenemos la sensación que estamos actuando como bomberos”, dijo.

La potencia del campo

Varios de los expositores fueron de la provincia de Santa Fe. El primero en presentar su diagnóstico fue el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario, remarcado que el sector agroindustrial conserva un peso decisivo en la economía argentina.

Bruno Ferrari, jefe del departamento de Estudios Económicos de la Bolsa, señaló que la agroindustria representa, en términos generales, alrededor del 20% del valor agregado bruto, de la recaudación y del empleo privado directo e indirecto, con unos 3,9 millones de puestos de trabajo. En 2025, agregó, exportó por unos US$ 51.000 millones, equivalentes a aproximadamente el 59% de las ventas externas argentinas de bienes.

A ese dato se suma la infraestructura instalada sobre el Paraná. En el área que va de Timbúes a Arroyo Seco existen 30 terminales portuarias, 18 de ellas dedicadas a productos agroindustriales. Y el 80% de la capacidad argentina para procesar oleaginosas está radicada en el Gran Rosario. “Cuando sumamos granos, harinas y aceites, no hay ningún otro nodo portuario en todo el mundo que exporte tanto volumen como el Gran Rosario”, aportó Emilse Terré, economista jefe de la Bolsa rosarina, al describir el desempeño de 2025.

Advirtió, a su vez, que mientras Brasil, Estados Unidos y China ampliaron durante la última década su capacidad de procesamiento de soja, la Argentina quedó “virtualmente estancada”. Los representantes de la BCR estimaron que, con una combinación de reducción de retenciones, mejoras logísticas y cierre de la brecha tecnológica entre productores, la producción de granos podría crecer en casi 90 millones de toneladas en una década. Eso permitiría exportar alrededor de 65 millones de toneladas adicionales y sumar, a precios actuales, unos US$ 18.000 millones en ventas externas.

La crisis de la industria

Como tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Mariano Ferrazini, presentó a los senadores reunidos en el Salón Azul una imagen bastante más comprometedora de la marcha de la economía nacional.

Según los datos expuestos por el representante de la entidad, la producción industrial santafesina registró en el último mes relevado una baja interanual del 1,3%, acumula una caída superior al 4% en el año y se encuentra diez puntos por debajo de los niveles de 2022. “El 71% de las ramas industriales de la provincia de Santa Fe caen”, afirmó.

La maquinaria agropecuaria, uno de los sectores históricamente fuertes de la provincia, retrocede 24,6% interanual, mientras la actividad metalúrgica cae 18%. Para Ferrazini, esos porcentajes tienen una traducción que excede las estadísticas: “Son números que generan destrucción de puestos de trabajo y destrucción de agregado de valor”.

No es una provincia industrial menor. El dirigente recordó que Santa Fe explica cerca del 10% de la producción industrial argentina y construyó durante décadas un entramado de cadenas de valor que hoy enfrenta, según describió, una crisis simultánea de oferta y demanda: por un lado por altos impuestos, tarifas elevadas, financiamiento encarecido y competencia debilitada frente a las importaciones; por el otro, un mercado interno debilitado que compromete el dinamismo.

Ferrazini aseguró que los servicios acumularon incrementos muy superiores a los precios que la industria pudo trasladar a sus productos y puso especialmente el foco sobre la energía. Y sostuvo que los aumentos estacionales llegaron en algunos casos hasta el 500%, convirtiendo un insumo básico en un nuevo factor de pérdida de competitividad. Puso, además, a Villa Constitución como ejemplo de las consecuencias, advirtiendo que registra 10,4% de desocupación y una tasa de empleo de 39,2%.

La carga sobre empresas

Desde Sunchales, María José Daró, contadora especializada en tributación e integrante de la Comisión de Empresarios Industriales de la ciudad departamento Castellanos. Su planteo fue que buena parte de la discusión tributaria se convirtió, en los hechos, en una discusión financiera.

“Las pymes y las empresas industriales no queremos más planes de pago, no queremos más moratorias”, advirtió. Tampoco quieren, según explicó, depender permanentemente de pedidos para suspender embargos: “Queremos trabajar cada día nuestro capital de trabajo, el nuestro”.

Citó a una firma exportadora que paga IVA durante su proceso productivo y tiene derecho a recuperar esos fondos una vez concretada la exportación. Sin embargo, según expuso, las devoluciones pueden demorarse entre seis meses y un año, por lo que se ve obligada a buscar crédito para financiar materias primas, salarios o una nueva producción. Lo mismo ocurre, sostuvo, con anticipos, retenciones y percepciones de distintos niveles del Estado: “Cuando una devolución de capital demora entre seis meses y un año, la discusión deja de ser tributaria, pasa a ser puramente financiera”, sintetizó.

Daró respaldó por eso la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales que promovieron los senadores, aunque dejó una salvedad que explica buena parte del debate: “Necesitamos esta medida de emergencia hoy, pero en verdad no queremos volver a pedirla mañana”.

De Coronda al debate de fondo

Lewandowski aportó un caso cercano. Contó que días atrás había estado en Coronda, capital nacional de la frutilla, y comparó dos momentos: en 2006 los productores exportaban a 85 centavos de dólar por kilo; hoy, afirmó, el costo de producirlo duplica aquella cifra. “Hoy hacen unas frutillas espectaculares, pero no hay mercado interno que las pueda consumir”, señaló.

El dato sirvió para regresar al punto inicial. El proyecto impulsado plantea suspender las ejecuciones fiscales, levantar embargos y facilitar la regularización de deudas. “Si acá no hay valor agregado, si no crecen nuestras producciones regionales, si no crecen nuestras pymes, si no tenemos mano de obra calificada, no salimos más”, planteó .

Finalmente, se solicitó que las exposiciones sean remitidas a manos de los legisladores integrantes de las dos comisiones, con el compromiso de hacerlas circular y volver a convocar a los sectores productivos en futuras discusiones legislativas para avanzar en soluciones.